Gabriela Yalangozian
La propuesta de enmienda de la Carta Orgánica Municipal sobre la elección de los titulares y los suplentes de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz empieza a mostrar algo más que una discusión institucional. Detrás del debate sobre costos, participación electoral, legitimidad y funcionamiento del organismo aparece una disputa política por el poder de designar a quien debe ejercer el rol, que entre otras tareas tiene el control del Ejecutivo Municipal.
El proyecto enunciado por el intendente Esteban Avilés el pasado 1 de agosto, en la apertura de sesiones del Concejo de Representantes, ya había sido adelantado un año antes en el mismo escenario. Pero esta vez, cumplió en enviar a los ediles sin demora alguna el proyecto que propone terminar con la elección directa del Defensor del Pueblo y trasladar esa decisión a los concejales.
Si la iniciativa avanza, ya no serán los vecinos quienes elijan al ombudsman carlospacenses: serán los concejales quienes deberán acordar un nombre. Y no será cualquier acuerdo. Se necesitarán diez de los doce votos del cuerpo legislativo. El oficialismo tiene siete bancas y las minorías, cinco. Y en ese marco, ningún candidato podría llegar a la Defensoría sin pasar por una negociación que incluya al oficialismo y parte de la oposición.
La iniciativa concreta no solo establece que el Defensor, el Adjunto y sus respectivos suplentes sean designados por el Concejo mediante una mayoría extraordinaria. También elimina la posibilidad de reelección y reduce las remuneraciones.
Pero el cambio más profundo es otro: el origen de la legitimidad. Actualmente, el defensor es elegido por los vecinos. Con la reforma, será elegido por dirigentes políticos. La elección popular desaparecería y sería reemplazada por una negociación legislativa.
Y para acordar el nombre, el oficialismo necesitará negociar con la oposición, pero conservará una posición decisiva. Las minorías podrían bloquear a un candidato oficialista, pero no podrán imponer uno propio. Es una diferencia importante. Porque dicho puesto también podría quedar vacante.
Tras conocerse la propuesta oficialista, otras dos iniciativas comenzaron a viralizarse en las redes sociales bajo la promesa de sumarse al debate en el recinto del Concejo de Representantes. Por un lado, el legislador opositor Daniel Ribetti planteó que el Defensor sea elegido por la segunda fuerza política que surja de las elecciones municipales y que la tercera fuerza designe al Adjunto. Su idea enfatiza en la necesidad de construir una Defensoría que funcione como contrapeso del gobierno de turno.
En tanto, el excandidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá busca mantener la elección directa y en manos de los electores. Su propuesta incorpora requisitos de participación (más del 50% del electorado) y legitimidad por porcentaje de votos para evitar que un defensor triunfe en las urnas pero con una baja representación del electorado (como fue el caso del actual ombusman).
En paralelo se dan otras discusiones: la del rol institucional, la de los costos económicos del organismo, la de satisfacer los reclamos ciudadanos, y está, inevitablemente, la discusión por el poder.
La reforma también mira hacia el 2027. Avilés pretende que el referéndum que valide la modificación de la Carta Orgánica se realice junto con los comicios municipales de junio del año próximo.
Eso evitaría una elección específica y permitiría que los vecinos se pronuncien sobre la reforma al mismo tiempo que eligen intendente y concejales.
Pero también genera una particularidad política. Si la reforma es aprobada, el mecanismo comenzará a funcionar en 2029, cuando deba elegirse nuevamente al Defensor.
Y es en medio de este debate que aparece públicamente Víctor Curvino, actual defensor del Pueblo. Aquel que en las últimas elecciones obtuvo la mayoría de votos sobre una asistencia a las urnas de tan sólo el 15% del padrón de votantes.
Fue la baja participación del electorado lo que abrió el debate en torno a la legitimidad de ese rol que a las claras no despertaba interés en acudir a las urnas.
El posicionamiento de Curvino no tuvo eje en los cambios que propone Avilés. Su lectura fue más política y dirigida a los detractores que cuestionan el funcionamiento y su desempeño dentro del organismo de control municipal.
El actual ombusman apuntó particularmente contra dirigentes a los que identificó como “precandidatos a intendente”. Los acusó de hacer política “desprestigiando a la Defensoría”, y aseveró que algunos ni siquiera “saben cómo funciona” el organismo. También habló de “campañas berretas”, “vender humo” y “populismo demagogo”.
Curvino cuestionó a quienes critican a la Defensoría, pero nada dijo del proyecto de Avilés que modifica la forma de elegir al próximo defensor. Tampoco planteó su postura sobre el cambio de elección del rol ni la búsqueda de mecanismo de mayor legitimidad.
Lo que aparece en el horizonte es un debate que se dará en el ámbito del Concejo de Representantes pero que busca proyección en la campaña electoral municipal del 2027. Habrá que ver si esa discusión despierta el interés de la ciudadanía, que en las últimas elecciones parece haber mostrado en las urnas poco entusiasmo en darle continuidad a este organismo municipal.
