Milei y la reconfiguración del Estado

Nacional12 de agosto de 2026 Eduardo Dalmasso*
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Ley de tierras e Ideología

La iniciativa —articulada con la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— incrementa las restricciones para la expropiación, elimina el límite del 15% de tierras en manos extranjeras y traslada la regulación a provincias con capacidades heterogéneas. Aunque compatible con la Constitución, el esquema reduce la capacidad del Estado nacional para intervenir en áreas estratégicas y administrar recursos críticos. Como señaló el Gral. Juan Martín Paleo, “la soberanía hoy se juega en el dominio de capacidades y recursos críticos”, lo que subraya la relevancia de estos instrumentos regulatorios.

El proyecto revela la ideología del presidente Javier Milei y de su entorno: una concepción que minimiza la soberanía estatal, desatiende los intereses de largo plazo de la comunidad nacional y exhibe afinidad con capitales tecnológicos emergentes, junto con una adhesión plena al predominio estadounidense. La concepción anarcocapitalista del presidente y parte de su elenco político se expresa de manera gráfica: la administración del Estado pierde poder frente a factores vinculados al nuevo ciclo del capitalismo mundial y a la creciente oposición entre las prioridades de la potencia occidental y China.

Cabe preguntarse si este era el rumbo que la mayoría de la ciudadanía buscaba al votar. Esa mayoría parece haber apostado a un futuro distinto y a la remoción de una dirigencia percibida como mendaz, orientada a fines propios y responsable de fracasos reiterados.

Los liderazgos mesiánicos no emergen de la nada: Milei canaliza la expectativa de un “outsider” capaz de desarmar un tablero considerado agotado, productor de crisis recurrentes y desesperanza. Ese sentimiento acumulado —tal como reconstruí en la saga Los líderes mesiánicos no nacen de la nada— deriva de una experiencia histórica de fracasos que sostiene la paciencia social ante una situación económica que, en otro momento, habría generado brotes de rebelión.

En la percepción pública predomina la idea de una dirigencia que no aprende de sus fracasos y actúa según intereses particulares. La Justicia, subordinada a intereses políticos, reproduce designaciones basadas en afinidades con el oficialismo antes qué en idoneidad, habilitando islas de corrupción derivadas de esa convivencia, en línea con la noción de Estado faccioso de Natalio Botana. A ello se suma la percepción de que el mundo gremial ha consolidado una estructura de poder que no interpreta los cambios en las organizaciones y permanece abroquelado, ajeno a la realidad.

Esa expectativa es lo que se pretendía que resolviera el Mesías, y es cierto que muchas de sus acciones avanzan en esa dirección. Romper nudos armados durante décadas no es tarea sencilla, y la prueba está en que, para sostener el poder, el gobierno termina gobernando con parte de la misma casta sin abandonar lo sustancial de su proyecto ideológico.

 

Falta de límites

Sin embargo, este Mesías carece de límites, como se observa en la ley de tierras. Esa falta de contención dentro de su visión anarcocapitalista conduce a la sociedad y al país a perder contacto con los fundamentos democráticos. Es una propuesta que reproduce, con mayor grado de perfección, lo intentado por los gobiernos militares, luego por Menem y más tarde por Macri, experiencias que concluyeron en fracasos económicos y sociales.

Las políticas implementadas sirven primordialmente a minorías selectas: el gran capital extractivista, los agronegocios, el sector financiero y los acreedores externos. No satisfecho con los marcos normativos iniciales, el Ejecutivo procura profundizar arquitecturas de incentivos extraordinarios para atraer inversiones cuyo derrame, tal como está concebido, solo generará impactos económicos marginales sobre la estructura productiva nacional.  Como señala Eduardo Fidanza, “la cultura económica que propone Milei es una cultura individualista, de competencia en un mercado que él supone perfecto […] Lo cual no es un análisis económico del mercado, sino mitológico”.

 

Liderazgo y poder real

El liderazgo presidencial se organiza sobre un personalismo de alta intensidad que desplaza mediaciones institucionales y concentra la capacidad decisoria en la figura del mandatario.   

 Esta construcción legitima un proyecto estatal cuyo núcleo se localiza en actores provenientes del sistema financiero global. El Ministro de Economía, formado en Deutsche Bank y JPMorgan, conduce la relación con el FMI desde una racionalidad ortodoxa. El Canciller reproduce esa matriz, con trayectoria en Wall Street. El Presidente del Banco Central, también surgido de Morgan y Deutsche Bank, consolida la hegemonía del enfoque financiero. El Ministro de Desregulación aporta el marco doctrinario que naturaliza la primacía del mercado como principio ordenador.

Desde una lectura estructural, este entramado configura un modelo orientado a garantizar solvencia frente a una deuda externa impagable, subordinando la política económica a las exigencias del FMI. La desregulación extrema reconfigura la estructura productiva, desplazando a la industria y al comercio hacia una competencia externa asimétrica. La política exterior profundiza la dependencia respecto de Estados Unidos y desestima transformaciones sistémicas como los Brics, mientras la industria opera al 50% de su capacidad y el empleo permanece estancado desde 2011, consolidando vulnerabilidad estructural. Esta visión se corporiza en el desprecio por la ciencia y la tecnología de desarrollo argentino

 

Liderazgo y daño institucional

El estilo presidencial se ejerce sin respeto institucional ni diplomático, como evidencia su modo de abordar las diferencias con Brasil, actor decisivo para la estrategia argentina. Sus expresiones resultan ajenas a la investidura y sus agravios al periodismo vulneran principios constitucionales, inscribiéndose en una lógica de desprecio por la democracia. Coincido con Roberto Gargarella: la indecencia de un gobierno, expresada en prácticas de humillación sistemática, constituye por sí misma una razón suficiente para considerarlo un mal gobierno, más allá de su desempeño material.

*Dr. en Ciencia Política (UNC-CEA)

 

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