Argentina requiere un acuerdo de gobernanza

En “Reformulación de la Argentina” (Alfil Diario) planteamos una cuestión que será necesario profundizar: “la construcción de una hegemonía capaz de articular diferencias”. La “crisis hegemónica” aparece recurrentemente como problema central. Es posible describir la deriva del Estado como expresión de una “crisis orgánica” en nuestra experiencia histórica.

 ¿Qué significa crisis orgánica en el caso argentino?

A diferencia de la lectura clásica de Gramsci, donde la crisis orgánica surge de la descomposición de un viejo bloque histórico, en la Argentina la crisis es orgánica porque ese bloque nunca llegó a consolidarse. El Estado funciona como una condensación material inestable de relaciones de fuerza (Poulantzas), que inscribe las contradicciones sociales sin estabilizarlas. De ello deriva la incapacidad de las dirigencias emergentes para producir dirección y proyecto (Portantiero).

Ese funcionamiento prolongado ha erosionado la capacidad intelectual y política de la dirigencia del campo popular, que ha perdido capacidad para “leer las relaciones de fuerza”, negociar posiciones y defender intereses colectivos. Queda así atrapada en populismos de baja densidad estratégica, incapaces de calibrar las exigencias del proceso capitalista y construir alianzas duraderas.

Este déficit se vuelve crítico frente a sectores que expresan un capitalismo de mayor densidad: productividad, integración internacional y capacidad de inversión. La dirigencia popular ha tendido a moralizar el antagonismo en lugar de desarrollar una conciliación estratégica que permita integrar esos intereses en un proyecto nacional viable. El problema no reside solamente en la representación electoral, sino en la capacidad efectiva de conducir los procesos que determinan el bienestar y el desarrollo de la sociedad.

De la lectura de O’Donnell, Cavarozzi, De Ípola y Svampa, interpreto que, sin negociación estratégica, lectura estructural del capitalismo y articulación con actores económicos fuertes, los proyectos populares se vuelven moralizantes, tácticos y de baja densidad estratégica.

Dentro de ese marco, la crisis no ha avanzado hacia una “derrota táctica” del campo popular, sino hacia su “neutralización estructural”. Incluso sectores de la producción que, por sus intereses, deberían converger con ese campo toman distancias ante la falta de un discurso coherente dentro de los cánones del capitalismo: “palabras revolucionarias,  indignación o reivindicativas, pero escasa orientación estratégica”.

La consecuencia es que el campo popular queda “fuera de la mesa donde se define el rumbo del desarrollo capitalista”, no solo por exclusión deliberada, sino por su incapacidad acumulada para ejercer conducción en un entorno que exige acuerdos estratégicos y una lectura fina del capitalismo contemporáneo.

Steven Levitsky acentúa el problema al señalar que los partidos políticos argentinos no constituyen estructuras de dirección moral e intelectual, sino coaliciones faccionales. De allí que puedan estructurarse como máquinas personalistas, construyendo clientelas antes que un Estado ampliado. En palabras de Chantal Mouffe, “cuando el adversario deja de ser reconocido como legítimo, el conflicto político puede transformarse en antagonismo”. El agonismo, en cambio, supone que las partes en conflicto, aun reconociendo que no existe una solución racional definitiva para sus diferencias, aceptan pertenecer a una misma asociación política y compartir reglas democráticas.

Mouffe plantea, sin decirlo en estos términos, un problema de hegemonía: cómo construir un espacio político común sin negar el conflicto. Las acciones políticas constituyen una lucha por el poder, pero, si no existen acuerdos básicos sobre las reglas democráticas capitalistas, lo que se pone en jaque es el Estado mismo. De hecho, esa ha sido una constante argentina.

Analizado el comportamiento tribal de las confrontaciones políticas y la crisis orgánica que atraviesa al Estado, transformar el antagonismo en una disputa regulada se torna arduo y, a la vez, imprescindible si se quiere terminar con un ciclo auto destructivo en lo social, económico y político.

La necesidad de un acuerdo

Aquí aparece la necesidad de un acuerdo de gobernanza. No se trata de negar la relación de fuerzas ni las diferencias de intereses. Para el campo popular, comprender esa relación constituye una condición para recuperar capacidad de negociación y conducción. Para el conjunto de la sociedad, establecer reglas compartidas permitiría procesar los conflictos sin que cada cambio de gobierno vuelva a poner en cuestión el rumbo general.

Este esfuerzo no corresponde solamente a la dirigencia política. Requiere también la revisión de modelos y participación de las instituciones empresarias, gremiales, el mundo académico y científico. El sistema democrático capitalista y el futuro del país lo exigen ante un mundo que avanza hacia brutales cambios tecnológicos y de relaciones de poder.

El interés nacional implica establecer prioridades hacia la inversión, la ciencia, la educación y las necesidades sociales básicas. Los intereses financieros internacionales forman parte de la realidad que debemos asumir y negociar, pero no pueden definir las prioridades del programa nacional. No se trata de romper con ellos —hacerlo sería un suicidio—, sino de establecer reglas menos subordinadas, capaces de compatibilizar las obligaciones externas con el desarrollo argentino. Por eso, quienes representan prioritariamente los intereses del FMI y de los acreedores externos no deberían conducir un programa cuyo objetivo es construir un acuerdo de gobernanza nacional.

Dr. en Ciencia Política (UNC-CEA)