Yanina Soria
La discusión por la discapacidad volvió a exponer una de las principales características del gobierno de Javier Milei en el ámbito legislativo: el oficialismo puede ganar una votación, pero difícilmente pueda escribir solo las reglas del juego. La Libertad Avanza intentó introducir de manera unilateral cambios sustanciales a la discapacidad a través del Presupuesto 2026, y se encontró con una fuerte resistencia, empezando por los propios aliados.
Por eso, en apenas pocos días, el oficialismo nacional debió retroceder y dar un volantazo con concesiones para encontrarle una salida al tema, alimentando todavía más la desconfianza que le tienen algunos de los bloques amigos.
Este miércoles, La Libertad Avanza consiguió 42 firmas contra 36 de la oposición en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. Así, su proyecto para reemplazar la actual Emergencia en Discapacidad por un régimen permanente “superador” como dijeron, será el primero en ser tratado cuando el tema llegue al recinto, todavía sin fecha establecida. El dictamen opositor, en cambio, propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El bloque libertario consiguió el apoyo del Pro, la Unión Cívica Radical y el MID, mientras que la sanjuanina Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo, y la neuquina Karina Maureira, también acompañaron. El misionero Oscar Herrera Ahuad y el salteño Bernardo Biella de Argentina Federal firmaron con el oficialismo pero en disidencia.
Para lograr ese respaldo el Gobierno tuvo que dar un giro respecto de lo que había enviado originalmente dentro del Presupuesto 2027.
El capítulo de discapacidad había generado cuestionamientos por cambios en las pensiones, en el nomenclador y en el sistema de actualización de los aranceles pero, sobre todo, fuertes fricciones internas. La propia jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, expuso tal descoordinación y se mostró contraria a lo enviado en la ley de leyes. De hecho, una de sus espadas en la Cámara Baja, la diputada Laura Rodríguez Machado es quien venía conversando con aliados para sacar el proyecto permanente en lugar de prorrogar la emergencia. Durante algunas horas, ese trabajo legislativo parecía haber caído en saco roto cuando desde la Rosada contrapropusieron el Capítulo 6 del Presupuesto Nacional.
Frente al rechazo que eso generó, la postura oficialista cambió. La Libertad Avanza logró evitar que la oposición se quedara con el dictamen para prorrogar la emergencia, pero tuvo que hacer concesiones para conseguirlo.
Entre los que resistieron, están los cordobesistas. El gobernador Martín Llaryora decidió no acompañar el giro de la Casa Rosada y aferrarse a la defensa de la discapacidad, donde parece haber encontrado un activo político diferenciador del Gobierno nacional.
El mandatario provincial viene intentando sostener una relación pragmática con la Nación: diálogo, reclamos por recursos y negociación. Y discapacidad le ofrece un terreno para marcar un límite concreto al Gobierno sin entrar en una confrontación general. El cordobesismo necesita diferenciar su modelo del esquema libertario sin necesariamente abrazar el discurso tradicional del peronismo nacional, y esta es una agenda transversal que le permite disputar el relato de “Estado presente donde haga falta”.
Lo cierto es que en el dictamen opositor aparecen las firmas de Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo, ambos integrantes de Provincias Unidas.
Entre los argumentos que esgrimieron los parlamentarios para no acompañar la ley permanente que propuso el oficialismo, aparece precisamente que, frente a la desconfianza generalizada que provocó el Gobierno con sus reiterados incumplimientos a la Ley de Emergencia incluso desoyendo a la Justicia al día de hoy, prorrogar la Emergencia se imponía como una garantía necesaria mientras -dicen - se debatía un nuevo texto con mayor profundidad y tiempos.
Esa posición legislativa también fue sostenida desde el Gobierno por la secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero.
“Una ley permanente exige una mesa grande: personas con discapacidad, familias, prestadores, provincias, organizaciones y todos los bloques del Congreso. Y, sobre todo, exige coherencia. Mientras los diputados oficialistas hablan de una ley permanente, el Ejecutivo envía un Presupuesto que plantea recortes y pone en discusión mecanismos centrales del sistema. Semejante contradicción sólo puede generar desconfianza. Primero hay que garantizar la continuidad: prorrogar la emergencia, cumplir todas las obligaciones que la misma fijó, y hacer una transición hasta que la nueva ley esté sancionada, reglamentada y efectivamente implementada, sin dejar a nadie en un vacío. Después, sí: construir una ley permanente, seria, federal y con financiamiento suficiente. Sin ambigüedades peligrosas. La discapacidad no puede ser una negociación de pasillo. Tiene que ser una política de Estado”, expresó la funcionaria llaryorista.
