Gabriela Yalangozian
La reestructuración de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) comenzó a mostrar en Córdoba una de las caras más sensibles de cualquier reforma del Estado: cuando una decisión tomada en Buenos Aires modifica, de manera concreta, la vida económica y laboral de localidades del interior.
El conflicto por los hoteles y establecimientos turísticos que hasta ahora estaban vinculados al sistema de la obra social militar ya dejó de ser solamente una discusión administrativa. En las sierras cordobesas comenzó a transformarse en un problema político que cruza empleo, turismo, recursos públicos y presencia del Estado en el territorio.
El dato que explica buena parte de la tensión es el calendario. Desde el 1 de octubre, los establecimientos dejarán de formar parte de la estructura de la obra social y pasarán a la órbita de las Fuerzas Armadas. A pocos días de ese cambio, todavía persisten interrogantes sobre el funcionamiento futuro de los complejos y, fundamentalmente, sobre la situación de los trabajadores civiles.
En Córdoba son siete los establecimientos alcanzados: los hoteles Residencia y Costanera de Cosquín, Residencia Serrana de La Falda, Estancia Golf de Ascochinga, Hostería Villa General Belgrano, Parador Almirante Brown de Villa del Dique y Colonia Miraflores de Santa Rosa de Calamuchita. Según la CTA Córdoba, allí trabajan más de 300 civiles que temen por su futuro laboral.
Una reforma que cambia el tablero
El punto de partida está en el DNU 88/2026, que creó la OSFA como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa y dispuso la disolución y liquidación del IOSFA.
La lógica de la reforma es concentrar la nueva estructura en la cobertura sanitaria, mientras se avanza con la transferencia de bienes, personal y obligaciones del organismo anterior. En ese esquema, las actividades turísticas y recreativas aparecen como un componente que queda fuera del nuevo diseño.
Desde la mirada del Gobierno, la reorganización apunta a ordenar una estructura atravesada por dificultades financieras y a concentrar recursos en la función sanitaria. Desde ATE, en cambio, el proceso abre un interrogante mucho más profundo: si la transferencia de los establecimientos implica también una reducción de puestos de trabajo y el eventual desmantelamiento de una estructura de turismo social.
Ahí aparece una de las claves políticas del conflicto. Se está discutiendo qué queda después de esa reorganización.
Córdoba, entre el empleo y el turismo
El problema adquiere otra dimensión cuando llega al territorio. No es lo mismo discutir un organigrama en un despacho ministerial que explicar sus consecuencias en La Falda, Cosquín, Ascochinga, Villa General Belgrano, Villa del Dique o Santa Rosa de Calamuchita.
ATE sostiene que en Ascochinga 29 contratados quedarían sin empleo y sin indemnización, mientras otros 34 trabajadores de planta permanente pasarían a disponibilidad. El gremio remarca además que muchos tienen alrededor de 25 años de antigüedad.
En La Falda, la protesta de los trabajadores incorporó otro elemento: la presencia de personal militar en el hotel y el supuesto pedido de traslado de más soldados especializados. La pregunta que sobrevuela allí es si el nuevo esquema terminará reemplazando trabajadores civiles por personal de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, las protestas se extendieron a Cosquín y a otras localidades, con participación de delegados de la CTA y organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
El argumento sindical busca llevar la discusión más allá de los contratos laborales. La CTA advierte que una eventual reducción de la actividad también tendría consecuencias sobre las economías locales, especialmente en Punilla, Calamuchita y Colón.
Ese planteo introduce un factor político relevante: los municipios y la Provincia pueden recibir el impacto de una decisión que no controlan. Y es por esta razón que elevaron una nota a diputados y senadores cordobeses pidiendo su intervención en el conflicto con OSFA para parar el “desguace”.
El reclamo ya llegó a Buenos Aires
La ocupación de la sede central de OSFA por parte de ATE este jueves modificó la escala del conflicto. Lo que comenzó como protestas en los establecimientos cordobeses llegó ahora al centro institucional donde se desarrolla la transformación.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que las medidas podrían profundizarse si no aparecen respuestas. A nivel nacional, el gremio sostiene que unos 600 puestos de trabajo están en riesgo y cuestiona el traspaso de hoteles y centros recreativos a las Fuerzas Armadas.
El salto a Buenos Aires también cambia el escenario para Córdoba. La discusión deja de ser solamente local y pasa a formar parte de una disputa nacional entre el Gobierno y los sindicatos por el alcance de la reforma del Estado.
Y allí aparece la principal tensión política: mientras Nación plantea que la prioridad es concentrar recursos en salud, los trabajadores reclaman que el costo de esa decisión no recaiga sobre quienes llevan décadas sosteniendo los establecimientos.
La transición entra así en una semana decisiva. Los contratos tienen fechas concretas, el traspaso tiene un plazo establecido y las respuestas sobre el futuro laboral todavía no aparecen con la misma claridad.
