Por Alejandro Moreno 

Los vocales electos por la alianza Juntos por el Cambio para el Tribunal de Cuentas provincial, Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán, denunciaron ayer que el peronismo les negó el derecho a opinar en la reunión de comisiones sobre el proyecto de ley que será aprobado mañana.

Leiva y Corvalán concurrieron a la reunión en la Legislatura y manifestaron que querían participar de las deliberaciones de las comisiones de de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General. Las sesiones de las comisiones legislativas son públicas, por lo que les permitieron ingresar, pero no opinar sobre el proyecto, porque los que pueden hacerlo son los invitados.

La situación derivó en una discusión pública: los juecistas protestaron.

Beltrán Corvalán declaró a la prensa que “este proyecto de ley es el que avalan (Juan) Schiaretti y (Martín) Llaryora con el objetivo de que el Tribunal de Cuentas no controle más los gastos de los funcionarios públicos, es decir lo que hacen ellos con los dineros de todos los cordobeses”. “Queríamos expresar nuestra voluntad en contra de este proyecto de ley, pero no nos permitieron participar, no pudimos hablar. No nos dejaron decir que estamos en contra de esta ley porque vulnera los derechos de todos los habitantes de la Provincia de saber en qué y cómo se gasta nuestro dinero y cuáles son los precios por los cuales se hacen las compras”, detalló.

Para Corvalán, “esto es un reflejo más de cómo está Córdoba, de qué manera la actual gestión está bajando la vara institucional. El actual gobernador, como el electo, que asumirá el 10 de diciembre, no quieren que sepamos en qué se gastan millones y millones de pesos de nuestros impuestos”.

Por su parte, Fernanda Leiva señaló que “en defensa de la voluntad popular quisimos manifestar nuestro repudio y rechazo a este proyecto de ley que tiene como único objetivo eliminar el control del gasto público del próximo gobernador y sus ministros. Los cordobeses eligieron a la oposición para que controle cada centavo del dinero público pero no nos dejaron hablar aduciendo que no estábamos autorizados para emitir opinión”.

Desde el oficialismo, Nadia Fernández explicó que “la comisión es abierta” para cualquiera que quiere ir a escuchar, pero hizo notar que “ni siquiera los legisladores de su bloque estaban presentes”.

El dardo de Fernández apuntó a que los legisladores de Juntos UCR resolvieron la semana pasada no intervenir de las reuniones de comisiones en las que se analice el proyecto, porque entienden que el contenido de la reforma es inconstitucional. La piedra de la discordia es que se anula, para muchos casos, el control previo al gasto. Desde el peronismo aseguran que ya hay una resolución que lo permite, y que fue firmada por el actual miembro opositor, Julio Ochoa.

Los legisladores opositores que sí concurrieron al debate en comisión fueron vecinalistas Amelia Moscoso y Álvaro Zamora.

La presencia de los juecistas en la reunión provocó ruido dentro de Juntos por el Cambio porque, precisamente, entró en contradicción con la estrategia opositora de no participar de la discusión legislativa.

El proyecto de reforma del funcionamiento del Tribunal de Cuentas será tratado en la sesión del miércoles, y el oficialismo tiene la mayoría suficiente para aprobarlo. En la misma sesión recibirá segunda lectura el Presupuesto 2024, al que los opositores también le realizan observaciones críticas. Para Hacemos por Córdoba, el objetivo del proyecto es “incorporar tecnología a los trámites necesarios para el cumplimiento de los preceptos constitucionales de este organismo de control”, según se informó oficialmente.

También ayer, el dirigente bullrichista Sebastián García Díaz sostuvo que “no podemos tolerar que Martín Llaryora manipule las instituciones en su beneficio. La aprobación de la modificación del Tribunal de Cuentas provincial es un golpe institucional. Así termina el gobierno de Juan Schiaretti y así comienza el de Martín Llaryora”.

Carta abierta

Más tarde, Leiva y Corvalán enviaron una carta abierta a los legisladores peronistas en los que califican la reforma pretendida por el oficialismo como un “monumental atropello institucional al sistema republicano”. Para los juecistas, es una práctica propia de la “oscura época de los gobiernos autoritarios, feudales y dictatoriales”, que “desconoce el fortísimo mandato de los electores”. Leiva y Corvalán concluyeron que el objetivo es excluir “del control preventivo enormes porciones del gasto público, otorgándole vía libre al gobernante, como si el dinero fuera suyo y no de todos”.