Córdoba, la primera en regular el traspaso de mando digital

El que se va no se lleva nada. Y el que viene, tampoco puede borrar nada.

Provincial 01 de diciembre de 2023 Juan Manuel Berón
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Por Juan Manuel Berón (*)

El que llega no podrá borrar nada y el que se va deberá entregar todo sin llevarse nada. Así como en cualquier traspaso de gobierno existen protocolos que deben cumplirse, hoy se suma esta regulación en el mundo digital, una normativa que no tiene antecedente en Argentina ni en América Latina.

El miércoles último, la Legislatura aprobó por unanimidad el proyecto Nº 35.813 denominado como Activos Digitales Gubernamentales y presentado por la legisladora Silvia Paleo (PRO). Se trata de una normativa que se viene trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo y Legislativo para dar certeza en un vacío legal al momento de entregar los canales digitales del Gobierno de la provincia.

Actualmente las redes sociales son consideradas una herramienta fundamental para cualquier gobierno al momento de comunicarse y conectarse con la ciudadanía. Tal es así que los ministros y candidatos se anuncian por X, las inauguraciones de obras públicas se comunican por Facebook o Instagram, y los mensajes para los más jóvenes se comparten en Tik Tok.

Esta iniciativa tiene como antecedente el traspaso de mando que tuvo lugar en el 2015 entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, donde una funcionaria del kirchnerismo se adueñó de la cuenta de Twitter (o como la conocemos en la actualidad, X) de la Casa Rosada. Este episodio que duró una semana se caracterizó por la negativa de entregar la contraseña al gobierno entrante ya que, se temía, que fuesen borrados archivos de la cuenta. Finalmente, el Gobierno de Macri decide crear una nueva cuenta y la anterior pasa a tener otro nombre de usuario la que, a fin de cuentas, termina desapareciendo de la plataforma y por ende perdiendo el contenido de las últimas tres presidencias.

En el año 2021 se buscó avanzar en una propuesta similar en el Congreso de la Nación a cargo de la Senadora neuquina Lucila Crexell, pero el proyecto no tuvo progreso en la Cámara Baja.

El proyecto aprobado recientemente en la Legislatura cordobesa tiene como objetivo reconocer las cuentas oficiales institucionales en redes sociales y establecer un procedimiento que garantice que el gobierno saliente entregue todo el material por vía reglamentaria y el gobierno entrante adquiera las cuentas oficiales y las direcciones de correos electrónicos sin complicaciones.

Este procedimiento estará ligado a un protocolo que será elaborado por la autoridad de aplicación y que deberá ser puesto en marcha una vez que se proclamen las autoridades electas.

En el mundo existen otras experiencias desarrolladas en materia digital como en Estados Unidos, donde predominan las cuentas en redes sociales de @POTUS (President Of The United States), las cuales al finalizar el mandato presidencial se resguarda todo el contenido publicado durante esos cuatro años, a cargo del NARA (National Archives and Records Administration) y las cuentas comienzan desde cero para el nuevo mandatario. De más está decir que, eliminar cualquier tipo de contenido digital se considera un delito federal.

Lo más destacable de esta ley que se aprueba en Córdoba, es que se da un paso más hacia la rendición de cuentas por parte del Gobierno provincial y el entendimiento de que los canales digitales oficiales no le pertenecen a ningún funcionario, ni siquiera deberían depender de la buena fe para entregar los mismos.

El patrimonio de la sociedad se construye todos los días de manera colectiva, así como en los libros encontrábamos hechos históricos, hoy lo podemos reflejar en las redes sociales. Es por ello que este nuevo patrimonio digital que le pertenece a los cordobeses, debe ser preservado y regulado. Como así también, que sirva de antecedente para replicar en el resto de nuestro país y por qué no, en otros países de América Latina.

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