El PJ pisa el acelerador a fondo en el Concejo. Ayer aprobó la adhesión a la nueva Ley de Seguridad Provincial y refrendó el decreto que impuso un recorte a los salarios de la planta política. Además, la maniobra habilita discutir esta misma semana la creación del Ente de Fiscalización, en vísperas de año nuevo.
Municipal 27 de diciembre de 2023
Felipe Osman
Por Felipe Osman
El año termina con las cámaras legislativas siendo, sino las protagonistas, el principal Teatro de Operaciones de la política, concentrando la atención en todos los niveles.
En la nación, por la importancia medular del Decreto de Necesidad y Urgencia con el que Javier Milei espera dar el primer paso hacia una profunda reforma del Estado y del ordenamiento jurídico nacional en su conjunto. En la provincia, con el novel oficialismo presentando a la sociedad la primera de sus reformas, a saber, la nueva Ley de Seguridad de Córdoba, y buscando nivelar el déficit de la Caja de Jubilaciones incluso a costa de precipitar un profundo conflicto con los gremios estatales, ofreciendo a la oposición un flanco que golpear y una causa en virtud de la cual unirse. Y a nivel municipal… también habrá algo.
En el Concejo, el oficialismo parece decidido a terminar el año con la agenda despejada. Fundamentalmente, habiendo aprobado la creación del Ente de Fiscalización y Control que propone como alternativa para eficientizar y transparentar el proceso de habilitación y fiscalización de establecimientos comerciales.
Sin alcanzar la mayoría necesaria en sesión de la semana pasada (la carta orgánica exige dos tercios de los presentes para crear entes autárquicos, además de doble lectura y audiencia pública), Hacemos Unidos pidió entonces que el proyecto volviera a comisión con preferencia de dos sesiones. Léase, que volviera a ser puesto en consideración del recinto en dos sesiones. Y para que eso suceda antes de que termine el año, convocó a una sesión casi “sorpresa” ayer, justamente para poder tratar la creación del Ente mañana.
En el interin, el oficialismo aprovechó la sesión de ayer para que el Concejo refrendara el decreto que dispuso la reducción, en un 15 por ciento, de los salarios que percibe la planta política del municipio, y para dar estado parlamentario al proyecto que busca la adhesión de la ciudad a la nueva Ley de Seguridad Provincial, aprobada la semana pasada sin que la oposición estuviera presente en la Legislatura.
En cuanto el primer asunto, el proyecto contó con el respaldo de todas las fuerzas a excepción de la izquierda, que se abstuvo, planteando que la iniciativa no era seria. Juntos por el Cambio, en tanto, acompaño, pero no perdió la oportunidad de apuntarle al oficialismo, diciendo que la solidez de las cuentas públicas que Hacemos Unidos dijo haber alcanzado durante la campaña no era tal si necesitaba prorrogar la emergencia.
En cuanto al segundo, el titular del bloque oficialista, Martín Simonian, pidió preferencia de una sesión para su tratamiento, con lo cual el municipio tratará en la última sesión del año dos temas gruesos, como la creación del Ente de Fiscalización y Control y la adhesión de la ciudad a la Ley de Seguridad Provincial.
Para este último proyecto, aunque probablemente cuente con el acompañamiento opositor, no le resulta indispensable. Para la creación del Ente, sí.
Con la investigación por los certificados “truchos” de bomberos avanzando y la reciente imputación de un inspector municipal por extorsión, el oficialismo tiene que mostrar capacidad de reacción, y en eso está.
Ayer, la Comisión de Legislación General, en la que se debatió este último proyecto, duró más que la propia sesión, que empezó una hora tarde y duró apenas 15 minutos. En la Comisión estuvo lo importante.
El oficialismo viene realizando modificaciones al anteproyecto que giró el Ejecutivo. Las observaciones de la oposición, o al menos parte de ellas, son atendidas, aunque los ediles de la UCR y el Frente Cívico advierten que son cambios sin demasiado rigor. Enmiendas del propio oficialismo.
Hacemos Unidos descuenta el respaldo de tres ediles opositores: Soher El Sukaría, Gabriel Huespe y Jessica Rovetto Yapur. Los tres tiene pasado PRO, aunque actualmente son titulares de tres bloques unipersonales, PRO, Ciudadanos, y Cordobeses por la Libertad, respectivamente. La expectativa del oficialismo tiene asidero: los ediles acompañaron el despacho en Comisión. Sin embargo, nada puede darse por descontado de antemano.
Incluso en ese escenario, 19 votos no son suficientes para crear el ente. La Carta Orgánica requiere dos tercios de los presentes. O faltan al menos tres opositores, o se alcanzan, por lo menos, los 21 respaldos. El oficialismo está decidido a cerrar este asunto antes de que comience el receso. Resta por ver qué quiere la oposición o, mejor aún, cuán sólido es el eje UCR-Frente Cívico.
Tras una nueva reunión con la conducción provincial del gremio, el Centro Cívico pospuso para mañana la nueva oferta a los docentes, que analizarán la propuesta la semana próxima. La aceptación o el rechazo llegarán cuando se haya agotado la conciliación.
Tras siete meses, se designó a un nombre de LLA al frente de ANSES. La abogada Silvina Drovandi asumió como directora de la delegación local. Es la segunda dependencia que suma un nombre libertario. Resta blanquear quién será el titular de la Agencia Territorial de Empleo.
Aunque fue el segundo encuentro ordinario del periodo, la de ayer se sintió como la primera con la aprobación de las comisiones y la designación de cargos pendientes. La primera minoría (Primero Río Cuarto) ya tiene prosecretario y propuso representante en el EMOS.
La primera sesión legislativa del segundo semestre se vio atravesada por una discusión inédita que nadie vio venir. La crisis que atraviesa el multimedio de los SRT terminó siendo el chivo expiatorio de la “politiquería” en la Unicameral.
