Yanina Soria
Por Yanina Soria
Dispuesto a mostrar que la política de seguridad en Córdoba será un eje prioritario para su gestión, el gobernador Martín Llaryora y su equipo buscan avanzar prontamente en la territorialización de la ley recientemente sancionada por la Legislatura y cerrar, cuánto antes, un plan de acción coordinado con la Nación para el combate del narcotráfico y el delito organizado.
El primer proyecto que envió el Ejecutivo al parlamento cordobés y que fue rápidamente sancionado (no sin menos cuestionamientos) crea, entre otros puntos, guardias locales de prevención, un instituto de formación de políticas de seguridad y de capacitación, la implementación de armas no letales, la articulación con prestadoras de seguridad y la aplicación obligatoria del nacotest a todos los funcionarios públicos provinciales.
Luego de un debut con críticas al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por la represión policial registrada días atrás contra manifestantes que protestaban en Córdoba por el DNU del presidente Javier Milei, la cartera trabaja –a través del secretario de Prevención, Lito Bevilacqua, y el subsecretario José Gualdoni- para lograr en el corto plazo una alta adhesión de comunas y municipios a dicha ley.
De hecho, Córdoba Capital, San Francisco y Villa María, se convirtieron en las tres primeras grandes ciudades en acoplarse a la normativa que plantea una reforma integral. Los tres distritos están gobernados por el peronismo, mientras que la apuesta pasa ahora para que en breve se sumen localidades de otros signos políticos.
El Gobierno explicó que los municipios que se sumen recibirán apoyo, capacitación, móviles y armas no letales. Las guardias locales de prevención funcionarán como auxiliares de la policía “pueden usar armas no letales, pueden reducir una persona, la pueden aprender e inmediatamente tienen que entregarle el procedimiento a la fuerza policial, pero no suplanta en absoluto a la Policía de la Provincia de Córdoba, que tiene las atribuciones por ley como fuerza de seguridad”, había aclarado el ministro Quinteros en su momento.
Sobre las tres primeras adhesiones el funcionario agregó: “constituye el puntapié inicial de un hecho histórico. La misma es fruto del diálogo, del consenso y sobre todo de la firme decisión del gobernador Martin Llaryora de dar un giro a la política de seguridad de Córdoba”. El objetivo del oficialismo es lograr un despliegue territorial de la política de seguridad lo más amplio posible.
En tanto, tras un fin de semana con episodios de violencia urbana e inseguridad, en estos días se pondrá en marcha el operativo de seguridad de verano, con anclaje en las principales ciudades turísticas de Córdoba.
Sin embargo, el plato fuerte tendrá lugar el jueves en Buenos Aires. El ministro Juan Pablo Quinteros y su par de Justicia, Julián López, se reunirán con la titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para coordinar la implementación de las fuerzas federales en la provincia.
“Córdoba será territorio hostil para el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es una cuestión de Estado”, había definido Quinteros en una de sus primeras intervenciones públicas como cabeza de un ministerio clave. Allí había anticipado que junto al gobernador Llaryora se estaba gestionando el encuentro con Bullrich, con el Poder Judicial de la Nación y con el Foro Federal para poder articular la coordinación de esas fuerzas. Hay gran expectativa en el Panal desde donde esperan poder hacer nuevos anuncios al respecto esta semana.
