Llaryora preocupado por la caída de la coparticipación y la falta de definiciones de Nación

Por Gabriela Origlia

La caída real interanual de la coparticipación en diciembre para Córdoba fue del 21,9% con lo que quedó sobre el promedio del 19,4% que registraron los giros automáticos de la Nación a todas las provincias. El número se suma al 11,7% de noviembre y complica los números para todas las jurisdicciones, incluidas las que tienen las finanzas ordenadas como esta provincia. Obliga a ajustar los gastos de manera inmediata porque las negociaciones para “normalizar” la coparticipación con una marcha atrás en los cambios de ganancias siguen frenadas.

Si bien se preveía que el presidente Javier Milei incluyera la iniciativa para reformar ese impuesto en el proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso, lo sacó con el fin de quedarse con un instrumento para sentarse a negociar con los gobernadores. El presidente advirtió que sin apoyo a esa iniciativa no avanzará con los cambios. Los gobernadores lo toman como una suerte de “chantaje”.

Córdoba, por las modificaciones de ganancias que introdujo el exministro Sergio Massa y que apoyó Milei como diputado nacional, lo mismo que la mayoría de los mandatarios provinciales, resigna unos $5.000 millones mensuales. Además, en El Panal siguen esperando definiciones respecto de la deuda de Anses con la Caja de Jubilaciones (por la que hay una presentación en la Corte Suprema de Justicia), precisiones sobre lo que pasará con el Fondo Compensador del Transporte y hasta respuestas por financiamiento internacional para algunos programas que ejecuta el Ministerio del Interior.

Lo que se logró destrabar la semana pasada, después de una conversación entre el gobernador Martín Llaryora y el ministro Guillermo Francos, fue el giro de $15.123 millones que Massa, en su último día de gestión, había devengado pero no había pagado. En esa jornada, el entonces ministro giró $113.402 millones a las provincias. Solo en el caso de Córdoba, devengó pero no pagó.

Esos recursos ingresaron el viernes y se usaron $3.024.600.000 para las municipalidades. Llaryora dispuso la distribución en cumplimiento de un compromiso que ya había asumido Juan Schiaretti antes del cambio de gobierno.

El derrumbe de la coparticipación estuvo empujada por el reparto de Ganancias, que se hundió 41,3% en términos reales. Según Politikon Chaco, diciembre se ubicó por debajo de del de 2021 (-19,2%), del de 2020 (-14,0%) y del de 2017 (-6,1%), aunque supera los niveles de diciembre de 2019 (+2,2%) y de 2018 (+0,2%). Este año es la caída real récord; en noviembre la baja real fue de 12,4% y, hasta entonces, era la más severa en más de tres años, la peor desde julio del 2020 en plena pandemia del Covid19.

Entre los principales componentes de la masa coparticipable, todos muestran bajas pero la más fuerte se dio en ganancias: el impacto de las modificaciones de Massa generó que que los envíos por este tributo desciendan 41,3% en términos reales contra igual mes del año anterior. El IVA abandonó el camino alcista, producto del fuerte salto inflacionario, y cerró el mes a la baja (-5,2%). También hubo retracción en Impuestos Internos (-17,6%); en “Otros  Coparticipados” (-28,8%). Los recursos derivados de Bienes Personales cayeron -16,4%; los del IVA de la Seguridad Social -5,2%; los de Combustibles Líquidos -68,8%; los del Monotributo -56,9% y no hubo envíos por el Régimen de Energía Eléctrica.

El único punto positivo estuvo en los recursos por Compensación del Consenso Fiscal: el gobierno anterior, en los primeros días de diciembre, pagó una deuda que mantiene el Estado nacional, por lo que hubo un incremento real de 130,2%.

“No le voy a coparticipar el impuesto al cheque a las provincias”, afirmó Milei sobre un pedido que le realizaron en los últimos días varios jefes territoriales. “Si las provincias no quieren reinstaurar el Impuesto a las Ganancias, vamos a bajarles más las transferencias [discrecionales]”, lanzó el mandatario en La Noche de Mirtha.

La restitución de ganancias es una “idea de la Rosada, no de las provincias”, plantean los gobernadores. El costo fiscal total de que ese impuesto se mantenga con los cambios realizados es de $2,9 billones según la estimación consensuada por los mandatarios de los que casi $1,7 billones ponen las provincias.