Alejandro Moreno
Por Alejandro Moreno
El interbloque de legisladores de Juntos por el Cambio tendrá esta semana un ojo puesto en el Ersep (Ente Regulador de los Servicios Públicos y otro en la consolidación, y ampliación, del abanico opositor, amalgama que hasta ahora le ha dado dolores de cabeza al oficialismo.
El peronismo impulsa que el Ersep pueda actualizar las tarifas sin necesidad de pasar por el mecanismo de las audiencias públicas, para que esos precios puedan aumentarse en función de la línea inflacionaria. Es la misma idea aplicada a las subas de los impuestos, tanto en la Provincia como en la Municipalidad de Córdoba. Para los oficialistas es solo una manera de adecuar rápidamente los números a una inflación alta e impredecible, al menos por unos meses. Para la oposición, es otro paso hacia la eliminación de las oportunidades de control del gobierno de Martín Llaryora. En ese sentido, lo igualan a lo que sucedió con el Tribunal de Cuentas, donde el peronismo impuso su vieja amplia mayoría, en la Cámara anterior, para restarle atribuciones a un organismo en el que, desde diciembre pasado, tiene la ventaja la alianza Juntos por el Cambio (puntualmente, el juecismo).
El Ersep llamó a una audiencia pública para mañana justamente con el propósito de incorporar que las tarifas públicas, como el agua, la luz, el transporte interurbano y los peajes, puedan aumentar sus tarifas de acuerdo con el índice de inflación mensual, y sin necesidad de convocar a otras reuniones. Actualmente, el Ersep, cuando recibe un pedido de aumento de las tarifas, realiza audiencias públicas para que en ellas se discutan los números; luego, resuelve.
Los aliancistas enviarán el martes, a la audiencia, a sus espadas más afiladas en la materia para cuestionar lo que consideran un nuevo atropello a las facultades de control que corresponden a la oposición. Asimismo, protestarán por la validez de las decisiones tomadas por el presidente del Ersep, Mario Blanco, porque entienden en Juntos por el Cambio que los dos mandatos consecutivos de cinco años que le permite la ley ya están sobrepasados porque asumió por primera vez en 2011; igual, sospechan que aparecerá algún decreto gris que disimule la situación.
Mientras los legisladores de la oposición mantienen su intensa actividad estival –y ayer lo ratificaron en las redes criticando a la vicegobernadora Myrian Prunotto por acusarlos de todo lo contrario, es decir de no trabajar-, puertas adentro tratarán de cohesionarse.
La semana pasada hubo un primer paso con la reunión de la presidente del interbloque, Alejandra Ferrero, con los titulares de las dos bancadas radicales, Matías Gvozdenovich (UCR) y Dante Rossi (Construyendo Córdoba), y el intendente de Río Tercero, Matías Ferrer. Cafés de por medio, se dieron conversaciones que apuntan a que pueda recuperarse la unidad del radicalismo en la Legislatura.
Ahora, Ferrero apuntará a que el diálogo con el bloque del PRO, que preside Patricia Botta, espante los fantasmas que agitan el miedo de una ruptura. El PRO perdió una legisladora, Karina Bruno, que juega para el “partido cordobés” de Llaryora, y en Juntos por el Cambio pretenden asegurarse que no haya más fugas. El del PRO es un terreno difícil de caminar.
Por otro lado, la relación de la alianza con el bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, cuyo legislador es Rodrigo Agrelo, ha sido muy afiatada, y el objetivo no es ampliar el interbloque pero sí asegurar el trabajo opositor en común. El oficialismo tiene números muy ajustados en la Cámara y si las bancadas de la oposición son sólidas habrá nuevas complicaciones para los planes del peronista Llaryora. El bloque del oficialismo, Hacemos Unidos por Córdoba, tiene 34 legisladores sobre el total de 70, por lo que necesita de aliados circunstanciales para el quórum y para imponer los proyectos de ley enviados desde el Panal.
