Aristocracia a la calle

El paro es la reacción de un grupo de privilegiados que no quiere perder aquello que le permite seguir viviendo del esfuerzo ajeno

Nacional 24 de enero de 2024 Javier Boher Javier Boher
2024-01-23-moyano
Por Javier Boher
El 29 de mayo de 2019 se cumplieron 50 años del cordobazo. Tal vez los sindicalistas que convocaron al último paro general que vivió el país se sentían un poco como Tosco, aunque es difícil creerlo. Si el ícono de Luz y Fuerza quería cambiar el mundo, estos pretendían exactamente lo contrario: peleaban por mantener a la Argentina en su senda autodestructiva.
Desde aquel paro hasta hoy pasaron 1.702 días. Fueron cuatro años, siete meses y 27 días. Si Alberto Fernández tuvo el privilegio de ser el único presidente de la democracia al que no le hicieron ningún paro, Milei tiene el dudoso logro de llevarse el más rápido de todos, al punto de que lo convocaron en plenas vacaciones.
Es raro eso de creer que entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023 las cosas estuvieron tan bien como para que las centrales sindicales se hayan quedado tranquilas. Por eso viene bien pensar en el país que había entonces y el que tenemos hoy, a fin de buscar cómo ha cambiado la situación en estos cuatro años y siete meses.
En mayo de 2019 el dólar estaba en $46,20 y la inflación minorista fue de 3,1% (poco más de la mitad del mejor mes de la gestión Massa, que en enero de 2023 tuvo 6% y marcó un pico de 12,8% en noviembre). La inflación de la gestión Milei marcó 25,5% en diciembre, que se espera sea más o menos parecida en enero.
La jubilación mínima de aquel paro a Macri era de $10.410,37, unos 225 dólares de entonces (268 dólares de hoy, según la inflación estadounidense). La de diciembre estaba en $105.700, que con bono, refuerzo y aguinaldo llegó a $213.570. Para simplificar vamos a decir que el dólar de diciembre estaba a $1.000, aunque osciló un poco por debajo y por encima de eso. De ese modo, la mínima era de 105,7 dólares y lo de bolsillo llegó a 213,5 dólares, valores inferiores a lo que se cobraba en mayo de 2019, cuando la CGT lanzó su quinto paro contra la "macrisis".
El último dato del RIPTE es de noviembre, marcando un salario promedio de $447.079, unos 447 dólares. En mayo de 2019 estaba en $40.911, unos 885 dólares que -inflación norteamericana mediante- serían hoy 1.054 dólares. Si ese es el nivel de destrucción del ingreso de los trabajadores registrados y estables, lo que ha pasado con los informales es inenarrable. Si la desocupación en el gobierno de Macri rondaba el 10% y a fines de 2023 estaba en torno al 6%, el tipo de trabajo creado marca un retroceso del trabajo privado formal, creciendo todas las otras formas precarias de contratación (como la que permite la llegada de las palabras de este humilde servidor).
No se trata acá de ensalzar la gestión de Macri, demonizar la de Alberto o exculpar la de Milei, sino de poner sobre la mesa el posicionamiento partidario concreto de quienes deberían defender a los trabajadores, no a los políticos. No importa que repitan siempre lo mismo de "la herencia, la pandemia, la guerra y la sequía" como mantra justificador de sus malos resultados, porque de casi 200 países en el mundo apenas un puñado ha empeorado, entre ellos -y especialmente- la Argentina. 
Al paro lo convocaron dirigentes que callaron durante la terrible licuación de ingresos del gobierno del triunvirato Fernández-Fernández-Massa. Muchas de las caras que veíamos en funciones (o que siguen en algún puesto público) van a estar hoy en las distintas marchas y movilizaciones. Convocan a parar el país los mismos que lo tuvieron parado durante meses por la pandemia, obviando las consecuencias sociales y económicas que iba a tener. Apoyan los mismos que apostaron por el ministro Massa, que con engaños y embustes profundizó una crisis que todavía podía arreglarse sin las dolorosas consecuencias que se esperan para estos meses. 
Todo trabajador tiene derecho a manifestarse por lo que cree correcto, dentro de los marcos que establece la ley. Sin embargo, muchos no están cubiertos de ningún modo porque se insertaron en el mundo de la flexibilización laboral kirchnerista, una reforma de hecho erigida al margen de la ley. 
Solamente podrán protestar los empleados públicos, esos privilegiados que siguen tratando de mantener ese estatus de ciudadanos de primera. Muchos otros, los que tienen los sueldos más bajos y los trabajos más precarios, van a tener que trabajar igual, a pesar de no tener refrigerio, vacaciones, aguinaldo ni nada de todas esas conquistas obreras que hoy parecen un lujo burgués. Me intriga saber si las maestras que hacen paro cada vez que empieza el ciclo lectivo van a estar en alguna columna o si sólo se adhieren a los paros cuando pueden perjudicar a sus alumnos, esa sospecha que se despierta cada vez que hay que salir a buscar un lugar para dejar los chicos cuando la escuela está cerrada.
El mundo cambió, pero el país quiere seguir encerrado en una lógica de hace medio siglo. Las causas, las consignas, los símbolos, el trato, todo parece anclado en un pasado sepia que ya no va a volver. Es lindo pensar en que eso es posible, pero así como se terminó la guerra fría y Milei parece no entenderlo, también se terminaron el estado de bienestar y el anticapitalismo, que muchos de los que marchan tampoco entienden. 
Desconozco si las movilizaciones efectivamente pueden cambiar el mundo, aunque como cualquier romántico elijo creer que sí. Lo que sí está claro es que este tipo de paros no son para cambiar nada. Son la forma que han encontrado los gordos sindicalistas -los aristócratas que supimos conseguir- para seguir manteniendo sus privilegios, una puesta en escena para tratar de lavar su cara después de haberse llenado los bolsillos con el esfuerzo de los trabajadores.
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