La delegación Capital de UEPC prepara un cacerolazo para Llaryora esta tarde, en las puertas del Centro Cívico. Mientras, en un trabajo de orfebrería, la Provincia intenta hacer pasar el acuerdo negociando departamento por departamento.
Provincial 11 de marzo de 2024
Felipe Osman
Por Felipe Osman
El conflicto docente se apresta a sumar un nuevo capítulo. La Asamblea Provincial, que tras rechazar la propuesta del Centro Cívico entró en un cuarto intermedio a la espera de una oferta superadora, no recibió ninguna, y no tuvo más que lanzar un nuevo paro, de 24 horas, para el próximo jueves. Hasta entonces, cada delegación planteará acciones para visibilizar el conflicto e interpelar al Gobierno. En ese marco, la delegación Capital prepara una movilización que saldrá hoy a las 18.30 desde la sede gremial de Maipù 30 y terminará con un cacerolazo en las puertas del Panal.
Nada es casual. Le delegación capitalina, liderada por Franco Boczkowski, es controlada por una entente que reúne a agrupaciones de izquierda y sectores auto-convocados que empezaron a organizarse durante los conflictos educativos del último año. Es, con distancia, el sector más combativo del sindicato, junto a la delegación de Río Cuarto, que también es controlada por la oposición.
El resto de las delegaciones está a cargo de la lista Celeste, que controla el sindicato a nivel provincial. Se trata de un espacio con un diálogo mucho más fluido con el Centro Cívico, que prefiere direccionar el reclamo hacia el Gobierno Nacional, que si bien ha practicado un profundo ajuste sobre la educación pública eliminando fondos como el Fonid (entre otros) y negándose a convocar a la Paritaria Nacional Docente, no es el empleador directo de los educadores provinciales.
La Provincia conoce bien las diferencias que existen entre las distintas delegaciones de la UEPC, y también conoce el mecanismo de ponderación que diagrama su estatuto, en el cual los departamentos más grandes tienen un peso relativo ampliamente menor que los departamentos más chicos. Así, la delegación Capital, donde se concentran casi la mitad de los docentes de Córdoba, tiene una representación inferior al 20 por ciento en la Asamblea Provincial, propiciando que las delegaciones más pequeñas terminen definiendo las votaciones.
El Centro Cívico tiene un problema adicional. Todos los sindicatos públicos con los que ya alcanzó un acuerdo incluyeron una cláusula que ya es de estilo en sus paritarias: se acepta la oferta de la Provincia (que en esta oportunidad es del 50 por ciento de la inflación más algunas sumas fijas desenganchadas del IPC), pero se advierte que se reclamará un aumento similar si otro sindicato del sector negocia una mejor paritaria con el Gobierno. En menos palabras, no presionan por un mejor acuerdo, pero se convierten en socios en las ganancias si eso sucede.
Este arreglo amenaza con disparar los costos de la Provincia si los docentes fuerzan un mejor acuerdo, y se convierte en un lastre para sus pretensiones. El Panal, que intenta evitar a toda costa que los acuerdos ya sellados vuelvan a abrirse, apela a todas las armas para que la UEPC firme una paritaria que no reactive el frente con el SEP y los demás sindicatos públicos, y para lograrlo negocia delegación por delegación.
Mientras tanto se prolonga el conflicto, lo que no sólo hace menguar el valor real de los salarios por el paso del tiempo, sino que también genera que los docentes deban soportar nuevas detracciones por días de paro, condicionando la adhesión a las medidas de fuerza.
La propuesta que rechazan los docentes
Febrero: 50 por ciento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, sumando a la base de cálculo el 4,6 por ciento de reajuste que los docentes cobraron en enero y manteniendo el ítem de Profesionalidad Docente (a través del cual el Gobierno pagó el resto del reajuste concedido unilateralmente el mes anterior), pero suspendiendo el requerimiento de presentismo para cobrarlo.
Marzo: 50 por ciento del IPC sobre los sueldos de febrero, y una suerte de simplificación de los recibos de haberes, por la unificación de los ítems “remunerativos no bonificables” bajo un único concepto.
Abril: 50 por ciento del IPC sobre los sueldos de marzo, y el compromiso de eliminar “el tope del Estado Docente, en una primera etapa, en un 25 por ciento”. (El Estado Docente es un ítem que los educadores cobran por detentar un “cargo” o una determinada cantidad de horas al frente de las aulas. Actualmente, un docente puede tener horas, un cargo, un cargo y horas adicionales, o hasta dos cargos, pero en cualquier caso cobra sólo un “estado docente”, que representa el 40 por ciento de un salario testigo, a saber, el haber inicial de una maestra de grado). La eliminación progresiva de esa limitación implica que, a partir de abril, un docente que tenga más de un cargo podrá cobrar hasta 1,25 “estados docentes” (es decir, el 50 por ciento de un salario testigo). Además, con los salarios de abril se liquidará un monto no remunerativo igual al 4,5 por ciento de los salarios de diciembre de 2023, a título de compensación por pérdida salarial del ejercicio anterior. Adicionalmente, el Gobierno Provincial absorbería el pago del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) para los jubilados.
Además, el compromiso de la Provincia de poner sobre la mesa, en mayo, cuando se negocie la próxima paritaria, el pago de la diferencia del 5 por ciento de la paritaria 2023 y la eliminación total del tope al “estado docente”.
Tras una nueva reunión con la conducción provincial del gremio, el Centro Cívico pospuso para mañana la nueva oferta a los docentes, que analizarán la propuesta la semana próxima. La aceptación o el rechazo llegarán cuando se haya agotado la conciliación.
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