Se reedita la polémica por financiamiento del foro UCR: sale de la copa

La crisis y el ajuste, reavivaron una polémica entre peronistas y radicales en el interior cordobés. En distintos municipios donde el PJ es oposición, cuestionan a intendentes radicales por destinar el 0,5% de la coparticipación al financiamiento del Ente.

Provincial 19 de marzo de 2024 Yanina Soria Yanina Soria
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Por Yanina Soria 

El aporte que los intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) hacen al Ente de Cooperación Recíproca de Municipios y Comunas que los representa, volvió a estar en el ojo de la tormenta en muchas ciudades del interior cordobés. Se trata del 0,5 por ciento que destina cada localidad de la coparticipación mensual y que se transfiere de manera directa al foro. Más precisamente, la Provincia retiene y deposita en la cuenta del Ente así funciona desde hace más de dos décadas. 

Lo cierto es que proyectado por la cantidad de intendencias miembros (150 pero no todos aportan) y anualizado, el flujo de dinero que ese espacio mueve es muy grande; por eso, en tiempos de crisis y ajuste extremo, el tema volvió a ser cuestionado por las oposiciones locales que, en general, están representadas por el peronismo donde no son gobierno. 

Pero la polémica no es nueva. El Ente se creó en el año 2001 y desde entonces se les retiene, de manera automática, esos fondos a cada municipio integrante. El presidente del espacio radical, el intendente de Almafuerte, Rubén Dagún, aclaró que de los 150 municipios que hoy forman parte, no todos aportan, “sólo los que aceptan el descuento que, en general, son las ciudades más grandes que de manera cooperativa y solidaria ayudan a los más pequeños”. El radical explicó que el foro lleva adelante distintas acciones de asesoramiento y acompañamiento a las comunas, gestiones de distintos tipo, proyectos y capacitaciones. Consideró que las objeciones presentadas en distintas localidades por la oposición peronista son “jugadas políticas” y se negó a polemizar, asegurando que su misión es “hacer crecer el Ente y acompañar a los intendentes radicales”.  

Bien vale apuntar que, para financiar al Ente, se deben sancionar previamente ordenanzas en los respectivos Concejos Deliberantes. Es decir, la práctica es legal. 

Por eso, los cuestionamientos políticos que comenzaron a multiplicarse en distintas ciudades del interior por parte de concejales del PJ, entran más bien en el plano de lo ético. 

¿Es justo o equitativo que ese dinero público se destine a un ente de representación política?, dicen los peronistas. Precisamente por allí, pasan los “contra” proyectos de ordenanzas presentados en localidades como Laboulaye, General Baldissera o Hernando, por mencionar algunas, que buscan derogar ese aporte y redireccionar ese dinero en obras y servicios para la ciudad. 

Por ejemplo, en esta última localidad del departamento Tercero Arriba de 14 mil habitantes, el bloque opositor “Somos Hernando” denunció que el intendente Ricardo Bianchini destinó solo en enero casi 900 mil pesos de la coparticipación al ente radical. “Anualizados (los aportes) totalizan casi 10.700.000 o más… Utilizar esos recursos que pertenecen a la totalidad de los vecinos de Hernando para financiar un ente que pertenece a la Unión Cívica Radical en particular, luce como una erogación para nada primordial e inconveniente en medio de esta situación económica de ajuste y extrema restricción presupuestaria”, se quejaron los ediles opositores cuyo proyecto quedó trunco. 

Por su parte, entre los argumentos estampados en la ordenanza que sancionó el Concejo y que autoriza al municipio a cederle al foro ese dinero mensual, está el de “ayudar a optimizar la gestión local, sirviendo de nexo entre los distintos gobiernos locales y el gobierno provincial o nacional”.

Los peronistas, en cambio, retrucan asegurando que el espacio institucional para gestionar a través de los espacios políticos es la Mesa Provincia Municipios y, de paso, recuerdan que el PJ no hace ninguna contribución por estar representado en su bloque. 

Los radicales, responden, que los descuentos están avalados por la Provincia desde el gobierno de José Manuel de la Sota y que los reproches que surgen están en marcados en intereses políticos. 

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