La ley penal juvenil provocó ruidos en el Partido Cordobés

Por Bettina Marengo

Los proyectos tenían despacho de comisión, estaban listos para el tratamiento en la sesión de viernes pasado y en Labor Parlamentaria se había acordado que fueran los últimos en discutirse, porque se sabía que sería un largo debate luego de una jornada de alto volumen con Ficha Limpia y los cargos en el Tribunal Superior de Justicia, Ministerio Público Fiscal y Ministerio de la Defensa. Pero cayeron, aunque el oficialismo tenía los votos y salvo el juecismo, parte de la oposición estaba dispuesta a acompañar. 

Se trata de los proyectos de reforma de la ley Penal Juvenil de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de otro suplementaria de Procedimiento Penal Juvenil de la Provincia, ambos con la firma de los peronistas Miguel Sciliano, Victoria Busso y Julieta Rinaldi y con el sostén de Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano, además de ser una de las expresiones del “partido cordobés”, en cuya área está el Complejo Esperanza y la Senaf, dos instituciones destinadas a la guarda de menores en conflicto con la ley penal y con derechos vulnerados. La idea es reglamentar el sistema penal juvenil de la provincia de Córdoba luego del ruido mediático producido por casos de menores que delinquen.

¿Tensión en el “partido cordobés” que impulsa el gobernador Martín Llaryora y colisión con la mirada de la “vieja guardia”? Los reparos a las leyes y la advertencia de que no iban a acompañar vinieron desde el sector de Hacemos Unidos por Córdoba que se referencia en la senadora Alejandra Vigo y el exgobernador Juan Schiaretti, que ya habían fruncido la nariz cuando el proyecto estaba en comisión. El 20 de diciembre pasado, las iniciativas pasaron por Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General junto a Montero y la titular de Senaf, Julia Reartes. “Poco tiempo de debate, más intervención del Poder Judicial y específicamente del fuero penal juvenil, más consulta a especialistas”, concluyeron desde el sector cuyos representantes son, entre otros, los legisladores Leonardo Limia, Carmen Suárez, Pablo Ovejeros y Ricardo Sosa. Aunque en on lo niegan, en off la información es que se habló del tema con Vigo antes de exhibir las diferencias. Con la distancia del caso, es un planteo similar al que recibió el proyecto de creación de un nuevo Tribunal de Apelaciones presentado por el legislador libertario Agustín Spaccesi, autor formal de una iniciativa llaryorista.

Con todo en marcha para la sanción, la propuesta de Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, de pasar el debate para las primeras sesiones del 2025, fue aceptada por Hacemos Unidos por Córdoba, cuyo presidente de bloque, Siciliano, es uno de los firmantes de las iniciativas. El menú del malestar estaba en cocción, y en la olla entró también el reclamo de vectores judiciales para los cuales al tema le faltaba amasado. 

“Para qué adelantarnos con modificaciones en los procedimientos provinciales si todavía no salió la ley del Congreso nacional que puede bajar la edad de imputabilidad”, argumentaron los viguistas. Para Llaryora, que acababa de conseguir Ficha Limpia por amplia mayoría y meter seis cargos de alto nivel en la Justicia provincial, el voto en contra de un sector del oficialismo hubiera sido un mal cierre de año y un molesto inicio del 2025. La sangre no llegó al río y los proyectos volvieron a comisión.

Igual, terminó el ciclo legislativo pero no el pase de facturas. ¿Fue un correctivo del viguismo por un supuesto ajuste de los fondos dispuesto por Montero para las Salas Cuna, el proyecto con el que Vigo que se despliega sobre el territorio de la Capital? La versión que circuló en los corrillos molestó en la Unicameral: “va a ser un 2025 movidito si seguimos en esa”, adelantó uno que la vio de cerca y habló con este diario. El schiarettismo nunca digirió las denuncias de Montero contra Schiaretti por el Caso Odebrecht, presentadas ante juzgados brasileños junto a los ex legisladores Juan Pablo Quinteros, también hoy ministro de Llaryora, y Aurelio García Elorrio. 

Aprovechando la volada, los juecistas hablan de “un tema de plata” en el fondo del enojo intraoficialista. “El número para aprobar les sobraba”, subrayaron. Los radicales que manejan la comisión de Minoridad dijeron lo mismo: habíamos hecho muchos cambios, firmamos despacho, y en el recinto, los propios schiarettistas dijeron que no iban a votar. Chan. Otra radical, Brenda Austin, afirmó, en cambio, que un artículo en particular hizo volver el proyecto a comisión.

Montero fue cauta y enfocó su decepción en los magistrados judiciales que observan la realidad “sentados en un sillón de la calle Caseros”, un palo con destino al Ministerio Público Fiscal que encabeza Juan Manuel Delgado, hombre cercano a Schiaretti. En declaraciones a radio Mitre, la ministra dejó en claro que tiene “aval político” para impulsar los cambios en las leyes del fuero penal juvenil, y fue dura con los jueces y fiscales que no saben “lo que es embarrarse las zapatillas en la realidad”. “Tienen mucha teoría pero no criterios de realidad”, deslizó la funcionaria, y defendió el principio de que “la vida es más importante que la libertad” tanto para víctimas como para quienes violan la ley.