Ayudas sociales: crecieron pero con ineficiencia

En la Justicia argentina hay dos megacausas que investigan si existe extorsión y amenazas a beneficiarios de ayuda social por parte de líderes piqueteros. A eso se le sumaron nuevas denuncias realizadas telefónicamente en estas semanas. La ayuda social creció fuerte en los últimos años pero la pobreza también. Según el último dato de la Universidad Di Tella alcanza a casi la mitad de la población.

Entre 2014 y 2022, el presupuesto devengado en programas sociales aumentó más de un 25%. Los sucesivos gobiernos apostaron por aumentar la inversión para suplir la insuficiente creación de empleo genuino y contener a la población frente a los efectos nocivos del estancamiento económico y la inflación. “Este crecimiento de la inversión social cumple una función central de contención. Pero, en los últimos años, no ha tenido un rol transformador”, señala un trabajo del Instituto Universitario CIAS y Fundar.

Por el contrario el esquema muestra “limitaciones importantes” en su capacidad de mejorar las condiciones estructurales de las personas más humildes. Actualmente, las políticas sociales “no están diseñadas para promover la movilidad social ascendente y permitir a las familias escapar de la pobreza estructural, transicionar de un empleo informal a otro formal y, eventualmente, aspirar a ascender hacia otra clase social”, plantean los autores del trabajo.

En Fundar creen que el desafío por delante no es recortar la inversión social, sino “rediseñarla” a los efectos de mejorar su calidad, eficiencia y equidad. En estas líneas, el objetivo central de este informe es entender la evolución y la composición de la inversión social durante los últimos 20 años y generar insumos y propuestas para su rediseño.

El número de beneficios otorgados de asistencia social se multiplicó por cuatro entre 2002, cuando existían 3.509.493 y 2022: 13.664.392. “Y, aun si el número de beneficios no se corresponde directamente con la cantidad de beneficiarios (una misma persona puede recibir más de un beneficio), la tendencia es creciente”, señalan en la presentación de su “mapa” sobre el tema.

Si se mira la evolución de los montos reales que reciben los beneficiarios de cada programa, observamos la tendencia inversa. El nivel de beneficios se ha deteriorado considerablemente durante los últimos años. De hecho, en todos los programas de todas las categorías de inversión menos una, el poder de compra de los beneficios es cada vez menor. Es decir, que la red de protección social cubre cada vez a más personas pero provee cada vez menos a cada una de ellas.

Niños y ancianos

La única excepción a esa regla es el caso de las asignaciones familiares, por la fusión AUH y Tarjeta Alimentar. Como en el resto de los otros programas, entre 2015 y 2022 , la cantidad de beneficiarios de la AUH aumentó y sus beneficios cayeron. La gran diferencia la hizo la creación de la Tarjeta Alimentar, que funciona de facto como un aumento de la AUH.

Dentro de la dinámica general de expansión de la cobertura de red de protección social, los niños parecen haber sido los únicos favorecidos en términos de lo que reciben. Ese era, precisamente, un problema central que habían identificado: en 2009 por cada peso destinado a niños pobres se invertían 7,24 pesos en adultos mayores. Esta distancia se ha ido acortando y cambia notablemente a partir de la pandemia. Desde el año 2020, la asistencia social destinada a los niños aumentó notablemente, sobre todo por la creación de la Tarjeta Alimentar.

“Una mayor inversión social en niños nos parece un objetivo deseable, especialmente teniendo en cuenta la mayor incidencia de la pobreza e indigencia en este segmento y las críticas consecuencias que la inadecuada satisfacción de necesidades básicas en edades tempranas puede ocasionar”, describen.

En ese contexto advierten que el reverso de este sustancial aumento en la inversión social en niños ha sido el fuerte ajuste sobre los jubilados y pensionados, quienes han visto disminuir sus ingresos desde 2017. Este segmento se encuentra en una situación preocupante frente a una ley de movilidad jubilatoria que resulta inadecuada para proteger sus ingresos.

Este mayor equilibrio de la inversión social entre categorías etarias convive con desequilibrios importantes entre áreas de la política social. En particular, es preocupante la escasa inversión en políticas de promoción del trabajo formal, un problema que existe hace tiempo y que se ha agravado en los últimos años.

El desbalance entre la inversión destinada a trabajadores de la economía informal (englobados bajo “planes de cooperativas”) y aquella destinada a programas para la promoción o preservación del trabajo formal se ha acrecentado fuertemente en los últimos años. Si en 2015 se invertían 2.5 pesos en planes de cooperativas por cada peso destinado a promover el empleo formal, dicho ratio ascendió a 17.45 en 2022.

“El Estado no debe abandonar el objetivo de formalizar a los individuos. Debe contribuir a la formalización tanto de los individuos como de las unidades productivas de la economía popular. Actualmente, el diseño de los programas sociales obstaculiza dicha transición. Por eso, una futura reforma del sistema de protección social argentino debería no sólo aumentar la inversión destinada a la promoción y preservación del trabajo formal, sino también rediseñar algunos de estos planes a los efectos de facilitar el paso a la formalidad”, subraya el reporte.

Jóvenes

Del mapa surge que los jóvenes de entre 18 y 24 años parecen ser hoy una de las categorías etarias con menor inversión específica. Las dos principales vías por las cuales los jóvenes de sectores vulnerables pueden aumentar sus probabilidades de salir de la pobreza es a través de la educación y del trabajo formal. Con respecto al tema educativo, los jóvenes de ingreso más bajo necesitan un complemento monetario para poder finalizar sus estudios.

Los montos reales de las becas educativas Progresar fueron disminuyendo y para diciembre de 2022 el beneficio de una beca era de $9.477,73 pesos. Con esos valores es difícil pensar que un joven de un hogar humilde pueda dedicarse a estudiar apoyado exclusivamente en esta beca. Adicionalmente, vale considerar que la tasa de asistencia escolar es del 87% para los jóvenes de 15 a 17 años de menores ingresos, muy por debajo del promedio de 99.8% para los de mayores ingresos.

Otra vía por la cual los jóvenes pueden salir de la pobreza es a través de la obtención de un empleo formal. Sin embargo, como destacamos anteriormente, los subsidios para ese rubro tampoco son una partida importante. A su vez, los jóvenes son el grupo etario que enfrenta mayores obstáculos para insertarse en el mercado laboral. Mientras que la tasa de desocupación para la población general en 2022 era del 7.1%, entre los jóvenes de 14 a 29 era de 16.6%.

A diferencia de las otras categorías etarias, el segmento joven hoy no tiene un conjunto de políticas públicas específicas destinadas a fomentar su integración social. Esta es una etapa crítica en el desarrollo y un momento en el cual muchas personas definen sus trayectorias laborales. En un contexto de pobreza creciente, creemos necesario un apoyo más activo del Estado.