Viraje a la derecha: Llaryora, dispuesto a discutir edad de imputabilidad

Por Yanina Soria 

El gobernador Martín Llaryora sorprendió ayer al manifestar públicamente que está de acuerdo con discutir la baja en la edad de la imputabilidad. Lo hizo luego de que se conociera que el asesinato del remisero de 46 años en la ciudad de Río Cuarto fue en manos de chicos de 14, 15 y 16 años. 

“Yo tenía una postura tomada, pero a medida que pasa el tiempo la estoy empezando a cambiar por estos hechos. Porque creo que no se puede más. Hay que hacer modificaciones al régimen, por lo menos para algunos delitos. Hay que animarnos a rediscutir, éstas son las cosas que te cambian de parecer, cuando te pega tan fuerte hechos como estos”, dijo en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.

Con un viraje en su posicionamiento sobre el tema, el cordobés se sube así a la ola nacional que propone revisar el actual Régimen Penal de Minoridad que data de 1980 y que es promovida no sólo por el oficialismo libertario sino también por otras expresiones de la política nacional. 

“Puede ser un régimen distinto, puede ser para determinadas situaciones de una manera y de otras situaciones, de otra. Pero claramente tenemos que entrar en una revisión del régimen. La realidad te lleva a tener que cambiar la postura. A lo mejor pueden ser posturas progresivas frente a determinados delitos, si tenés o no antecedentes, si se te dio la posibilidad de un régimen de resociabilización penal juvenil y si lo aprovechaste o no”, opinó Llaryora. 

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya había anticipado que el Gobierno tiene en agenda el tema y que la discusión se centraba en si la edad se debe fijar “en 12,13 o 14 años”. Por su lado, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, también se pronunció en ese sentido cuando dio días atrás en su primer informe de gestión en el Senado dijo: “un delito de adulto merece una pena de adulto”. 

Expresiones que quedaron materializadas la semana pasada cuando un grupo de diputados de la Libertad Avanza presentó en el Congreso un proyecto de ley para bajar a 12 años la edad de la imputabilidad, en medio de un debate más amplio que ya abrió en las comisiones de Diputados como es la modificación del Código Penal y Procesal Penal.

En ese sentido, la discusión sobre qué hacer con los menores que cometen delitos no es patrimonio exclusivo del oficialismo nacional; pues con esta postura que hizo pública Llaryora, el cordobés se suma al staff de gobernadores que ya se manifestaron a favor de revisar la ley. 

Por caso, el santafesino Maximiliano Pullaro que ayer visitó Córdoba precisamente en el marco de la mesa de seguridad de la Reunión Centro, es uno de los primeros en pedir cambios. El mandatario radical que gobierna una de las provincias más inseguras del país producto del avance narco, quiere mano dura y solicitó cambiar la ley de manera urgente “con un debate sin prejuicios ni ataduras ideológicas”. 

El chubutense Ignacio Torres, apenas hace unos días, volvió a manifestarse al respecto: “A raíz del reciente hecho de violencia protagonizado por un asesino de 15 años en Chubut, reitero la necesidad de avanzar de manera urgente con el tratamiento del proyecto de ley de Cristian Ritondo que promueve bajar la edad de imputabilidad a 14 años, por eso le solicito a los Diputados que representan a Chubut que acompañen y ayuden a que se trate cuanto antes”, dijo en sus redes sociales. 

Lo cierto es que Llaryora se pliega a esta nueva camada de mandatarios que coinciden en la necesidad de abrir la discusión y avanzar con cambios. Casualmente son gobernadores contemporáneos, que gozan de buena imagen pública y que tienen proyección nacional. 

Hacia adentro, el escenario que abre Llaryora en el peronismo cordobés anticipa posicionamientos dispares; de seguro si efectivamente el debate llega al Congreso difícilmente encuentre a los cordobesistas votando todos en el mismo sentido. 

Hasta acá, la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, y el titular de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, (dos extrapartidarios) habían sido los únicos funcionarios que se habían pronunciado, con ciertos reparos, frente al debate. 

Región Centro

Llaryora recibió ayer Pullaro para firmar un acuerdo de acciones conjuntas, en el marco de la Mesa Permanente de Seguridad de la Región Centro, creada en febrero. Del encuentro también participaron funcionarios de la cartera de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, quienes asistieron en representación del gobernador Rogerio Frigerio.

El acta, que se suscribió con el fin de delinear las prioridades de la Agenda de Seguridad 2024, estableció cuatro áreas prioritarias de trabajo mancomunado entre las tres provincias del centro: realizar jornadas de formación conjunta del personal policial sobre Inteligencia Criminal y armonización curricular de las Escuelas de Oficiales y Suboficiales de las tres fuerzas; contribuir a la Sistematización e Integración de datos del sistema dactilar, vehículos con pedido de secuestro, órdenes de captura, y otros ítems para brindarle más eficacia a la resolución de los delitos; constitución de Unidades de trabajo de las Jefaturas Departamentales limítrofes entre las Provincias de la Región; centro de Integración de la información en la lucha contra el Narcomenudeo y las Organizaciones Criminales.

“Lo que hacemos hoy es salir de los límites provinciales para generar una mesa de trabajo permanente que les permita a las policías y justicias provinciales poder tener un intercambio más fluido de información en la lucha contra el crimen organizado. Esa es la herramienta que hoy en la Región Centro estamos creando y que tal vez empiece a ser imitada por otras jurisdicciones”, dijo Llaryora.