Prehistoria de un femicidio

J.C. Maraddón

Cuando Raúl Alfonsín afirmaba en su campaña de 1983 que con la democracia “se come, se cura y se educa”, estaba prefigurando las que iban a constituir las mayores deudas del sistema institucional con los ciudadanos. A 41 años de aquellas promesas, la realidad indica que hay millones de personas que no pueden llevar un plato de comida a su mesa, en tanto cada día se practican recortes más severos que afectan la cobertura en salud y el acceso a la educación a un porcentaje inédito de argentinos. Y aunque esas carencias se han acentuado en los últimos meses, cabría preguntarse a partir de cuándo fue que aquella aseveración de Alfonsín cayó en el descrédito.

Los levantamientos militares y la espiral inflacionaria de la segunda mitad de los ochenta pusieron en jaque esa primavera alfonsinista que pasó de la esperanza a la desilusión en menos de un lustro. Pero tal vez haya sido la debacle que en 1989 obligó a un adelantamiento de las elecciones presidenciales y la entrega del poder, la que con más fuerza golpeó las expectativas de quienes seis años antes habían depositado una fe ciega en que sus condiciones de vida iban a mejorar, por el sólo hecho de poder votar a sus representantes.

El escepticismo sobre las bondades de una institucionalidad plena, terminó depositando en el gobierno a un caudillo riojano que encarnaba los valores de aquella política antigua, paternalista y cuasi feudal, que seguía vigente en el interior profundo por los siglos de los siglos. A poco de andar, esa férrea estructura que le permitía al líder desdecirse de sus propuestas de campaña y encarar una reforma neoliberal, empezó a mostrar las hilachas de corrupción, nepotismo y prevaricato propias de esos regímenes provincianos que ahora, con Carlos Saúl Menem como primer mandatario, sentaban sus reales a escala nacional.

Sin embargo, no fue el presidente el primero en ser víctima del castigo popular. Ese destino le tocó a Ramón Saadi (hijo de un mentor de Menem, Vicente Leónidas Saadi), quien debido a un femicidio que involucraba a individuos que le eran cercanos, se vio eyectado del puesto de gobernador de Catamarca, a partir de una intervención decretada por aquel al que creía su amigo. El crimen de María Soledad Morales y la indignación que desató en la sociedad catamarqueña, marcó el inicio de una década del noventa cuyas ínfulas de modernidad se desplomarían en diciembre de 2001.

En el fragor de esa nostalgia noventosa de la que ya hemos dado cuenta, se inscribe el filme documental “María Soledad: el fin del silencio”, ´dirigido por Lorena Muñoz, que se estrenó hace pocos días en Netflix. La realizadora, que antes había buceado en el océano cultural de los noventa en las biopics sobre dos ídolos malogrados de aquel entonces como Gilda y Rodrigo, se esfuerza aquí por recrear los acontecimientos ocurridos a partir de septiembre de 1990, cuando fue hallado el cadáver de la jovencita de 17 años cuyo nombre con el paso de los días se iba a transformar en símbolo de resistencia.

La emotividad que transmiten los testimonios y la mirada actual que carga de otros significados de género al asesinato por el que recibió condena alguien del entorno de la gobernación, son los elementos de los que se vale Muñoz para enmarcar la revisión de archivos de la extensa cobertura mediática que recibió el suceso. Pero el trasfondo que rodea el caso excede las circunstancias de esa tragedia para inscribirse en el devenir histórico de un país que lleva más de cuatro décadas consecutivas de ejercicio democrático, sin que la clase dirigente entienda que los derechos de la gente común nunca pueden ser menos importantes que los propios.