En los hogares del Gran Córdoba 0,28 de los ingresos son no laborales

En el Gran Córdoba -como es considerado el anglomerado por el Indec- un hogar debería tener como máximo 2,8 integrantes para no tener algún indigente; tiene 3,1. Para no tener pobres debería ser de 1,3, con lo cual la brecha se ensancha. La media del ingreso por la ocupación principal es de $366.850. Los datos muestran cómo se componen los ingresos de un hogar: 0,72 provienen del ámbito laboral. Se trata de una serie relativamente nueva del Indec que permite hacer una lectura amplia sobre las causas del crecimiento de la pobreza e indigencia. Es lo que hizo, precisamente, el Instituto de Estudios Laborales y Sociales (Idelas) de la Universidad Uces.

El estudio que analiza todo el país señala que pobreza e indigencia tienen carácter estructural. El largo estancamiento que acusa el mercado de trabajo formal -más de una década-, debido al desincentivo a las inversiones productivas provocado por la recurrente incertidumbre política y económica dominante por varias décadas de intervencionismo, regulaciones y desregulación, privatizaciones y estatizaciones con el mismo entusiasmo por parte de gran parte del cuerpo legislativo en cada caso, derivó en la persistencia de elevada informalidad laboral, pérdida de productividad y por tanto de capacidad de compra de los ingresos de la mayor parte de la población.

En ese contexto, más del 30% de los trabajadores privados asalariados son pobres y hay una  creciente dependencia de muchas familias de programas asistenciales y de tareas precarias en la calle, fenómeno que se advierte en la alta proporción que fueron adquiriendo los ingresos “no laborales”, como los derivados de jubilaciones y pensiones por moratorias “muy generosas”, y de ampliación de los planes asistenciales, que se fueron sumando a las Asignaciones Familiares para asalariados, como las de carácter general: Asignación Universal por Hijo, Asignación Adulto Mayor, Plan Alimentar, entre otros.

Ese avance, dice el reporte, no impidió que creciera la indigencia, porque esa asistencia no comprende a los adultos mayores del hogar, que fueron los que más perdieron poder de compra de sus ingresos, en particular los de las escalas más bajas que en su mayoría se desempeñan en la informalidad, y son los primeros afectados por escenarios recesivos.

Incluso, en el conjunto de los “ingresos laborales”, se observa una brecha muy alta entre los que obtienen los miembros del hogar, respecto de la percibe el “jefe del hogar” u “ocupación principal”. El promedio simple nacional de la relación de ingresos no laborales y laborales fue, en el primer semestre 2024, de 29%. Bajó levemente, aunque con notable heterogeneidad entre las jurisdicciones.

En ocho de los grandes aglomerados relevados por el Indec esa incidencia superó en más de 10 puntos porcentuales al promedio general, con extremos de 53,9% en Formosa, 49,1% en Viedma-Carmen de Patagones; y 47,7% en Gran Resistencia. Se sumaron a ese rango desde el segundo semestre 2023: Corrientes (sube de 35% a 50,3% y baja levemente en la primera mitad de 2024 a 45,7%); Posadas, salta de 35% / 36,5% en los semestres previos a 43,1% en la última EPH del Indec. Por debajo de la media nacional se ubicaron los habitantes en Mar del Plata, el conjunto de partidos del Gran Buenos Aires, CABA, Comodoro Rivadavia, Neuquén-Plottier y Ushuaia-Río Grande.

Para el Instituto es importante que, a partir de estos datos, se puedan planificar las políticas públicas socioeconómicas, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, destinadas a mejorar la participación de las diferentes fuentes de ingresos de los hogares, y su relación con la densidad demográfica.

Repasa que, cada 10 años, a través del Censo Nacional de Población y Vivienda, el Indec brinda una fotografía precisa sobre la densidad demográfica y sus necesidades básicas de infraestructura habitacional, conectividad vial, acceso a las redes de gas natural y de agua potable y cloacas, y digital, junto a la cercanía de establecimientos de sanidad, educación y seguridad. Pero ahora, con la disponibilidad y seguimiento semestral de las fuentes de obtención de datos vinculados con la composición de los ingresos de los hogares, asociados con la densidad demográfica, posibilita hacer ajustes en las políticas vinculadas a la orientación de los programas de asistencia social, como para dar respuesta al potencial crecimiento del mercado laboral.