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El oficialismo cordobés volvió a sugerir la baja a 14 años, en simultáneo con la aparición de Karina Milei en la provincia. Las declaraciones de Miguel Siciliano aparecieron como la primera reacción cordobesista a la instalación libertaria en el territorio de cara al 2025. Opiniones cruzadas dentro de Hacemos.
Provincial27 de noviembre de 2024Por Gabriel Marclé
El debate por la baja en la edad de imputabilidad vuelve a la agenda. Allá por mayo se habían escuchado las últimas declaraciones fuertes de Córdoba sobre este tema, cuando el gobernador Martín Llaryora opinó que se debía modificar el régimen para algunos delitos, un acercamiento a la “mano dura” que interpela a gran parte de la provincia. Por estos días, con el crecimiento del fenómeno libertario en Córdoba y el oficialismo nacional reflotando el tema, en Córdoba empieza a hacer notar el viraje a la derecha del debate y Hacemos Unidos por Córdoba retomó la postura expresada por su líder tiempo atrás.
En diferentes declaraciones periodísticas de los últimos días, Miguel Siciliano (presidente del bloque oficialista en la Legislatura) aseguró que la edad de imputabilidad “debería ser a los 14 años”. Aunque su visión surgió del caso particular de un menor cordobés que fue detenido por decimoquinta vez y fue liberado nuevamente, lo tajante de esta postura toma especial significado en el marco de la disputa territorial con La Libertad Avanza, que pisó fuerte en Córdoba el pasado viernes con el acto que encabezó Karina Milei en el Studio Theater.
El renacer del pedido para bajar la edad de imputabilidad coincide con el viraje a la derecha de los debates que hacen la previa de la campaña por las legislativas del 2025. Casi no quedan dudas de que Siciliano, hombre fuerte del llaryorismo, tuvo la intención de marcar diferencias con el discurso “progre” y tirarse más hacia el costado de quienes vienen militando la cárcel para menores desde hace años, respondiendo a lo que aparentemente se presenta como una medida demandada por los cordobeses.
Lo que vuelve más evidente la maniobra detrás de estas declaraciones es la distancia con la jurisdicción del debate. La voluntad de definir un cambio en la edad de imputabilidad tiene que surgir del Congreso, justamente el lugar al que aspirará la campaña de Hacemos y donde termina ubicándose el interés por posicionar un discurso pro baja antes de las elecciones del 2025. De hecho, casi que se observa un dejo de obligación en la toma de postura para cuestiones que movilizan a la opinión pública en la provincia donde Javier Milei ganó por el 74% de los votos.
Ya lo dijo el gobernador Llaryora: al presidente y su partido le irá “muy bien” en las elecciones de medio término. Lejos de mostrar un signo de derrota anticipada, este diagnóstico parece marcar una línea respecto a la estrategia que se pondrá en juego, insistiendo en los discursos que claramente marcarán la agenda de campaña. Se sabe que uno de ellos estará puesto en la Seguridad y sus diferentes variables, donde la edad de imputabilidad asoma como un tema candente que pueda marcar la diferencia entre el voto a uno u otro candidato.
Queda la sensación de que estas expresiones, ya sean de Siciliano o de otro dirigente, seguirán apareciendo a medida que se profundice la acción libertaria en todo el territorio provincial. Las señales que LLA está recibiendo en los últimos días son más que positivas para sus objetivos territoriales, desde encuestas que reafirman la intención de voto a favor de Milei en Córdoba y los buenos resultados de las medidas presidenciales en la macro. Es por eso no sorprende el intento cordobesista por ponerse a la altura del ideario libertario.
Si, como dijo Llaryora en mayo, la realidad social había provocado un cambio respecto a la histórica postura de la provincia en contra de la imputabilidad de menores, ¿por qué no lo haría la proyección de un territorio que parece pintado completamente de violeta? Por supuesto, a unos dirigentes les resulta más natural llevar adelante esta reconversión, mucho más si el líder del Partido Cordobés pide indirectamente que esa sea la tendencia. Sin embargo, no todos parecieran estar en la misma línea. O quizá les cuesta más.
“Ideológicamente no estoy de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad”, dijo el mes pasado Julián López, ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, durante su visita a #MesaChica, el streaming de Alfil. Si bien reconoció la complejidad de la temática y la necesidad de tomar decisiones para combatir la criminalidad juvenil, no fue incisivo como Siciliano. Tal vez el ministro sea consultado hoy por esta cuestión y sus palabras estén más cerca de la postura pro baja, pero resultaría extraño que no existan diferencias de tono dentro de Hacemos. Mucho más si se habla de un tema tan controversial.
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La vicepresidenta de la Unicameral fue quien autorizó el ingreso de Virginia Martínez, la mujer con cual cuyo DNI, el puntero Kraisman acudió a una sucursal del Banco de Córdoba a cobrar más de un millón de pesos.
El ex gobernador marcó en pocos días fuertes contrapuntos contra el presidente, en un cambio de lógica.
La “ley Montero” consiguió el respaldo del oficialismo y buena parte del arco opositor. Propone poner un límite a aquellos jóvenes que cometan delitos graves.
Cristalli comunicó a los docentes que la nueva propuesta del Centro Cívico no fue superadora y ratificó el paro de 24 horas para este jueves. A partir del viernes se desplegará un nuevo esquema de asambleas para dar continuidad al conflicto.
Cambiar las reglas del juego sobre la marcha, tampoco. La fragmentación legislativa evidencia los vicios de un oficialismo con un largo año por delante.
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Por pedido del gobernador Llaryora, el ministro lideró un operativo interfuerza en la capital alterna e intentó calmar los ánimos tras días de intenso fogueo opositor. Más allá de las acciones, Quinteros le reclamó al Congreso por la edad de imputabilidad y la Ley de Reiterancia.
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