La frase del intendente de la ciudad de Córdoba y gobernador electo, Martín Llaryora, refiriéndose a los “pituquitos de la Recoleta” volvió a poner en el centro de la escena las diferencias en el reparto de los recursos que hace la Nación. Después de esa expresión, insistió con la referencia a hablo de la “República del AMBA, que es Capital Federal más algunas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires”.

Incluso después el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, a través de sus redes sociales repasó que el tema del federalismo fiscal nuevamente motivo “de encendidas polémicas. ¿Pero qué dicen las evidencias? ¿Quiénes ganan y quienes pierden con las intervenciones del gobierno nacional?”. Planteó que en seis provincias sus habitantes pagan más impuestos nacionales que el gasto que la Nación hace en su territorio. “El mayor esfuerzo está en la Región Pampeana, particularmente Provincia de Buenos Aires. La mayoría de las provincias patagónicas también tienen un saldo negativo”, añadió.

La consultora Idesa en su informe de este fin de semana ratificó que el Estado nacional toma recursos de las zonas más productivas para asignarlos en CABA, la jurisdicción más rica del país, y en las provincias más pobres, utilizando un “pésimo instrumento como es la coparticipación. La salida es un nuevo acuerdo que replantee potestades tributarias y funciones entre la Nación y las provincias”.

En ese reporte indicó que con las últimas medidas el Gobierno nacional se aferra a no aplicar un salto devaluatorio antes de las elecciones apelando a un inconsistente paquete de medidas que profundizan la crisis y el FMI, por su parte, se limita a prometer que reintegrará lo que Argentina le pagó en junio y le pagará en agosto. “Mientras tanto, el Banco Central sigue incrementado sus reservas negativas, el sector privado acumulando deuda en dólares por importaciones que no paga, la emisión monetaria contenida con las Leliq alcanza a 3 veces la base monetaria y sigue aumentando la deuda pública en pesos indexada”, sostiene.

Advierte que el próximo gobierno asumirá en un estado de crisis muy profunda cuyo principal origen son los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el Estado: ”Al ser un problema de naturaleza organizacional, el ajuste fiscal tradicional es ineficaz. Se necesita un reordenamiento integral del sector público que tome como eje medular el replanteo de roles dentro del régimen federal”.   

“¿Cuántos impuestos nacionales se recauda en cada provincia y cuánto asigna la Nación ya sea de manera directa o a través de transferencias en cada una de ellas? Al 2022 el balance entre impuestos aportados y recursos recibidos es el siguiente: hay cinco provincias que aportan más impuestos que lo que reciben del Estado nacional (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Chubut). Hay cuatro que aportan impuestos en similar monto a lo que reciben del Estado nacional (Santa Cruz, La Pampa, Mendoza y Entre Ríos) y las restantes 14 reciben más recursos del Estado nacional que impuestos que aportan (la mayor es CABA y las provincias del norte)”.

Idesa señala que estos datos muestran que el Estado nacional no tiene un rol neutral en la distribución regional del ingreso. Por un lado, la región pampeana, con un peso decisivo del interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y parte de la Patagonia aportan más de lo que reciben. Por el otro, en CABA y en las provincias del norte el Estado nacional recauda solo una parte de lo que en esos territorios gasta de manera directa o envía a través de la coparticipación o con transferencias discrecionales.

“Una primera paradoja es que la más beneficiada por el Estado nacional es la jurisdicción más rica del país: CABA. Esto no se explica por un trato preferencial en la coparticipación de impuestos, sino debido a que la Nación se hace cargo de funciones que en el resto del país las asumen los gobiernos provinciales y municipales y al peso de la estructura administrativa nacional radicada en CABA. Una segunda paradoja es que la Nación redistribuye ingresos hacia las zonas más pobres con la coparticipación lo cual profundiza su atraso. La coparticipación no dinamiza el desarrollo sino que incentiva el uso de recursos para engordar el empleo público espurio y otras acciones clientelares”, resume.