Los docentes, próximo desafío en el fixture de Llaryora

Por Felipe Osman

El Centro Cívico cerró, el año pasado, un acuerdo semestral con la UEPC que rigió entre agosto del 2024 y enero de 2025. Traspuesto enero, se detalló, llegaría el momento de volver a la mesa de negociación, durante la primera quincena de febrero. Aunque, de momento, en UEPC no hay novedades.

Aquella paritaria fue tortuosa. El Centro Cívico jugó al desgaste, la conducción provincial de la UEPC fue, cuanto menos, cautelosa en la negociación, y la delegación Capital tensó tanto como le resultó posible. Después de tres ofertas rechazadas (la primera, por la Comisión Paritaria, las otras dos, por la Asamblea Provincial del sindicato), UEPC terminó aceptando la cuarta propuesta: clausula gatilló mensual atada al IPC, eliminación progresiva de los límites impuestos al “estado docente”, disminución del diferimiento de los aumentos para los jubilados de menores ingresos, compensación al Fonid (eliminado por la nación), y un monto fijo no remunerativo para compensar (casi simbólicamente) la pérdida del poder adquisitivo sufrida tras la devaluación de diciembre de 2023.

En pocas palabras, el gremio pudo mejorar las ofertas iniciales, pero aún así el salario quedó muy lejos de recuperar al poder adquisitivo que perdió entre fines de 2023 y principios de 2024. De hecho, un estudio publicado por la delegación capitalina de UEPC apunta que los docentes perdieron, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, un 23 por ciento de su poder adquisitivo. Y ese será uno de los números que la oposición gremial intentará llevar a una mesa negociación que no le reserva ningún asiento.

Hasta ahora, desde la UEPC provincial han soltado solo dos definiciones: la primera, un mes atrás, cuando su secretario general, Roberto Cristalli, reclamó a la Provincia que hiciera extensivo a los docentes el bono de 100.000 pesos que pagó al resto de los estatales a fin de año. La segunda, que el gremio espera una actualización por encima de la inflación, para recuperar lo perdido durante 2024.

Por lo demás, se sabe que los secretarios generales de cada delegación controlada por el oficialismo se reunirán esta tarde, y que la conducción provincial espera la convocatoria del Centro Cívico mientras aguarda, también, los anuncios que puedan tener lugar después de la reunión pactada para este jueves entre autoridades de Ctera y de la Secretaría de Educación de la Nación, en la que los docentes reiterarán su reclamo por el retiro del Fonid.

Por su parte, la delegación Capital, controlada por la oposición, tiene en agenda, para la semana próxima, un plenario con todos sus delegados, y aunque esperará el anuncio que surja de la primera reunión entre la Junta Ejecutiva Central de UEPC y el Centro Cívico -si esta convocatoria tiene lugar en los tiempos convenidos-, ya adivina un escenario de un “plan de lucha” fuerte, muy probablemente, sin inicio de clases.

Desde esta facción del gremio detallan que el salario testigo (docente de grado sin antigüedad) está en 755.000 pesos cuando la línea de la pobreza ya supera el millón, y que cualquier reclamo no puede tener, como línea de base de sus pretensiones, un salario por debajo de aquél parámetro. “La plata no alcanza, y si la plata no alcanza, la lucha va a contar con el respaldo de las bases”, explican.

Además adelantan que el escenario en el que se negociará la próxima paritaria tendrá una novedad, a saber, la renovación total del cuerpo de delegados escolares que llegó con las elecciones del año pasado.

La postura de la Provincia es muy diferente. El ministerio de Educación dispuso el inicio de clases el 24 de febrero, y ya desde el próximo lunes los docentes volverán a las aulas para asistir a capacitaciones, durante los primeros dos días de la semana, y para tomar exámenes, los tres restantes. El Centro Cívico ha comprimido el calendario, y quiere negociar con los docentes en las aulas, para evitar que el reclamo impida al arranque, en tiempo y forma, del ciclo lectivo 2025.

Hoy, el Centro Cívico debe lidiar fundamentalmente con un problema: la suba de impuestos. Un affaire que tiene distintas facetas. Con vecinos y comerciantes, por el inmobiliario urbano, y con el campo, por el inmobiliario rural. A la vez que la inseguridad se consolida como una preocupación permanente del electorado que hace mella, fundamentalmente, en la gestión provincial.

Después de conjurar ese frente -si lo conjura- el Gobierno Provincial tendrá que afrontar otro, con los docentes, cuyo reclamo ya ha demostrado capacidad de marcar agenda e, incluso, en determinados contextos, movilizar a estatales nucleados en otros sindicatos, como el caso del personal de Salud.

Cuando ese momento llegue, la Provincia se verá en la ingrata tarea de explicar por qué los impuestos fueron aumentados por encima de la inflación -e incluso sobrepasaron la limitación autoimpuesta del 178 por ciento-, y los salarios deben seguir, en el mejor de los casos, la curva del IPC, sin recuperar lo perdido tras la devaluación de diciembre del 2023.