La coalición opositora ‘ad hoc’ busca vehiculizar el reclamo por la suba de impuestos para anclar la agenda en un tema que preocupa al oficialismo. Para hacerlo, planea un triple desembarco: insistirá con pedidos de tablas en la Legislatura, y pretende presentar un reclamo administrativo ante el ministerio de Finanzas y un amparo colectivo ante la Justicia.
Provincial13 de febrero de 2025
Felipe Osman
Por Felipe Osman
En plena fase de reconfiguración, el tablero político opositor ha encontrado dos hilos conductores, dos reclamos en torno a los cuales abroquelarse para maximizar el costo político del oficialismo. Al menos, hasta que la bruma empiece a disiparse y pueda verse, con alguna claridad, cómo se ordenarán las listas del 2025.
Mientras tanto, la inseguridad y la presión fiscal/gasto público seguirán siendo los ejes a los que apueste la oposición. El primero es un reclamo casi permanente a lo largo de los últimos años, con mayor o menor prevalencia dependiendo, esencialmente, de la cuestión económica.
El segundo es estacional. Y este verano vino con aumentos muy por encima de los anteriores.
Tras una sesión en la que chocó de frente con la resistencia del oficialismo, que no aceptó debatir sobre “tablas” ninguno de los siete proyectos que buscaban aminorar o diferir el aumento de los impuestos, los bloques de la ex alianza Juntos por el Cambio volverán a insistir el próximo miércoles. Y aunque las expectativas de éxito tienden a cero, el objetivo real es sostener la presión para que el Gobierno Provincial no consiga cambiar la dinámica, y siga horadándose con los costos del “impuestazo”.
Este es, en rigor, uno de los frentes en los que la oposición librará la batalla. No el único.
En simultáneo, la coalición opositora montada ‘ad hoc’ para presionar por el aumento del Inmobiliario Rural, que intenta quebrar la alianza entre el campo y el peronismo cordobés, busca abrir otros dos canales: el administrativo y el judicial.
En relación al primero, abogados que asesoran al colectivo opositor dan los últimos trazos a un recurso administrativo que tendrá por destinatario al ministro de Finanzas, Guillermo Acosta. El problema, como en el caso judicial, es la legitimación activa. Buscar la forma de que la Administración admita un reclamo colectivo, por cuanto la graduación del inmobiliario, atada al CEI, no refleja incrementos similares en cada caso.
Los opositores no esperan tener respuesta de la cartera que controla Acosta aunque, llegado el caso, podrán alcanzar la competencia contencioso administrativa cuando la vía administrativa quede agotada.
En cuanto al ensayo de un amparo judicial, la dificultad es similar. Y aunque algunos radicales recalcan que presentaciones judiciales similares resultaron exitosas en Buenos Aires, contra de los aumentos dispuestos por Axel Kicillof, otros dirigentes del propio radicalismo no ponen grandes expectativas en la Justicia, y remarcan lo difícil que resulta que el poder Judicial penetre en competencias propias del Ejecutivo.
En cualquier caso, no debe perderse de foco que el movimiento tiene un propósito fundamentalmente político. El desafío opositor es mantener el tema en agenda. A su favor, tiene que el asunto es delicado, que toca el bolsillo de los contribuyentes en un momento adverso para el campo, por el tipo de cambio y la caída de los precios internacionales de las comodities, y que el Gobierno Nacional ha puesto en el centro del debate la presión fiscal, e incluso atendió al reclamo colegiado de los gobernadores de la región centro para disminuir las retenciones agropecuarias.
En contra, que cerca del 40 por ciento de los contribuyentes ya han pagado el impuesto con los aumentos dispuestos por el Ejecutivo, y que la volatilidad de la agenda pública nunca ha sido mayor.
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