El Panal busca acotar el incendio del Apross y aguardan las pericias

El gobierno de Martín Llaryora busca circunscribir el incendio que destruyó parcialmente el edificio de la obra social de los empleados públicos (Apross) al éjido de la propia administradora de salud, tratando de evitar daños políticos colaterales por la suspicacia que despierta el hecho de que la entidad esté en el foco de la Justicia provincial por la investigación de multimillonarias defraudaciones.

Al cierre de esta nota no se conocía aún el informe preliminar de Bomberos de Córdoba sobre las causas del fuego cuya primera noticia llegó al 911 a las 12,46 del Viernes Santo. En principio, anoche u hoy la pericia llegará a manos de la fiscal María Celeste Blasco, luego de que el hecho recayera en el fiscal de turno Ernesto de Aragón.

En el Panal aguardaban también ese dictamen, mientras la conducción política le dió la palabra estratégicamente al presidente de la obra social, Pablo Venturuzzi y al vocal Sebastián Garcia Petrini como voces autorizadas para hablar del tema. El jefe del bloque del oficialismo en la Unicameral, Miguel Siciliano, también habló, pero solo para responder la avanzada de la oposición que se adelantó a anunciar sabotaje, intencionalidad y quema de pruebas.

Sergio Cravero, director de la Unidad de Alto Riesgo de la que depende Bomberos, está a cargo del informe que determinará si el incendio fue accidental o provocado, lo que definirá no solo el futuro de las causas en la Justicia sino el impacto político que el hecho tenga para el Panal y para el oficialismo todo, porque la investigación que lleva adelante el fiscal José Bringas es sobre ilícitos que vienen de varios años atrás. En año electoral, desea el llaryorismo que suceda con Apross lo mismo que con la muerte del hombre en la estación de servicio de Villa Paez, por la que quedaron imputados cinco policías por homicidio hasta que la Justicia los liberó porque no halló vinculación entre su accionar y el deceso del vecino. 

En el caso del Apross, el tema tiene otros condimentos. Durante el último gobierno de Juan Schiaretti, la administradora estuvo bajo el mando Nicolás Carvajal, uno de los referentes de la línea interna de técnicos y profesionales del PJ denominada Tribuna Peronista, cuya punta de lanza fueron el ex ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, su segundo, Pablo Carbajal, primo del anterior, ambos imputados y juzgados por estos días en la causa por la muerte de los recién nacidos en el Neonatal. También abrevaba en ese espacio técnico-político la actual ministra de Desarrollo y Empleo, Laura Jure. 

Nicolás Carvajal hoy está integrado al esquema del presidente Javier Milei y es uno de los directores del Banco Nación, la institución que preside otro schiarettista como Daniel Tillard. Antes de Tribuna, otros pesos pesados hicieron pie y manejaron el Apross, como es el caso del hoy imputado Oscar Gonzalez, ex presidente provisorio de la Legislatura y médico y exministro de Salud de José Manuel De la Sota.

El foco en el episodio del viernes 

Lo que se determinó hasta ahora es que hubo daño total en el segundo piso del edificio ubicado sobre la Cañada, donde funciona Auditoría Médica, daño parcial en el tercer piso y un cuarto piso afectado por humo. Bomberos viene trabajando desde el viernes, “centímetro por centímetro” con sus peritos y con los peritos de Policía Judicial. No la tiene fácil el cuerpo en cuanto a la credibilidad en la opinión pública, no sólo porque depende de la Policía y una de las líneas de corrupción del Apross involucra en las últimas detenciones a la mutual policial 16 de Noviembre, sino porque Bomberos viene del escándalo por las habilitaciones truchas que tiene como acusado al exjefe de Bomberos, exsubjefe de Policía y ex titular de Defensa Civil Municipal, Gustavo Folli, en una causa en manos del fiscal Guillermo González. 

Hay varias preguntas que la pericia tendrá que responder. ¿Estaba habilitado el edificio de Apross? ¿Hubo acelerantes de las llamas? y tal vez la más importante ¿por qué no funcionaron los sistemas anti incendios existentes en la sede? ¿Había aspersores de agua para contener el fuego?

De momento, desde el entorno del gobernador Llaryora insisten con que fue el propio gobierno quien denunció los supuestos desfalcos contra el Apross, que derivaron en varias decenas de detenciones en sólo dos hechos diferentes. En la Fiscalía de Bringas se habla de unas “cuarenta líneas investigativas”, un verdadero nodo de corrupción contra una caja impresionante de más de 700 mil afiliados que se nutre del aporte mensual obligatorio del 5,5% del sueldo de los agentes públicos provinciales. ¿Se apuró el gobierno en asegurar que no se perdieron pruebas fundamentales en las investigaciones con el argumento de que están resguardadas en backup o en la nube? Desde el interior del Apross, agentes con acceso a expedientes del segundo piso le dijeron a este diario que hay muchísima documentación en papel que no está digitalizada ni siquiera con una foto o escaneo guardado como archivo PDF y que, de haberse quemado, es material irrecuperable.

Bringas se mantuvo en silencio ante la consulta de este diario para no opinar sobre una investigación que no le pertenece, el incendio. Tampoco comentó sobre la cuestión clave de las posibles pruebas perdidas. Hoy, posiblemente ya con el informe del siniestro sobre la mesa, se reunirá con la fiscal Blasco.

El miércoles pasado, dos días antes de las llamas, Bringas ordenó la detención de 13 personas por una estafa millonaria con aparente epicentro en la Mutual policial 16 de Noviembre. Entre los apresados hay policías en actividad y retirados, profesionales y ex empleados de la obra social. El modus operandis sería la facturación de consultas y prácticas médicas no realizadas. En la primera parte del año, detuvo a 23 involucrados en un mega fraude con insulinas e insumos para personas con diabetes. Hasta ahora, son delitos con prestaciones, recetas, insumos, consultas o medicamentos cuya demanda se fragua para facturarle al Apross. La pregunta que se hacen muchos es si hay líneas que lleven a proveedores, industria farmacológica, laboratorios y/o multinacionales que venden insumos y medicamentos millonarios al Apross, con cifras bastante más abultadas en ceros que las que involucran a la mafia de las recetas o las insulinas y actores más poderosos que médicos, empleados desleales o agentes de la policía provincial.