Felipe Osman
Por Felipe Osman
El secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria, Claudio Vignetta, se despidió de algunos de sus colaboradores en un grupo de WhatsApp. Este medio consultó a altos funcionarios de la Municipalidad, y a pesar del hermetismo inicial, luego se confirmó la salida del ahora exfuncionario que adujo “razones personales”.
El titular de la cartera alegó “razones de índole familiar” para dar el paso al costado, y avisó que al frente del área quedaría Pablo Altamirano, hasta ahora director general de Defensa Civil. Pero hay quienes aseguran que fueron otras las razones que precipitaron su salida y que, quien quedará a cargo del área dentro del organigrama de la Municipalidad será Juan Manuel Aráoz, actual titular de la Justicia Administrativa de Faltas.
Vignetta había sobrevivido al escándalo por la compra de uniformes con sobreprecios a la empresa Yche S.A., que sería cancelada por el intendente Daniel Passerini ante una denuncia de la presidenta del bloque radical en el Concejo Deliberante, Elisa Caffaratti. En esa ocasión, quién terminó desvinculado del esquema de gobierno fue el entonces subsecretario de Seguridad, Walter Luján. Aunque, puertas adentro, los reproches no se habrían desactivado con su salida.
Al margen de aquel antecedente, el detonante de la salida de Vignetta sería un informe elaborado por la consultora Corinto, confirmando lo que a voces ya advertía la militancia territorial del peronismo y de la oposición: los cordobeses no aprueban la gestión de Seguridad, y no ven en la Guardia Urbana Municipal una solución al problema, sino, muchas veces, un despilfarro de recursos.
En rigor, no es una visión que se circunscriba a la Capital. Muchos intendentes empiezan a caer en cuenta de que integrarse al esquema de Guardias Locales propuesto por Llaryora sólo los llevó a coparticipar los costos políticos de una agenda que, hasta hace muy poco, recaía únicamente en los hombros del Centro Cívico.
Volviendo a la capital, la salida de Vignetta reavivó versiones que ya circulan de hace tiempo sobre probables modificaciones en el gabinete municipal.
En primer lugar, porque parece más ordenado encarar un reajuste del esquema de Gobierno en un momento puntual, y no a través de una paulatina sangría de funcionarios. Pero, más importante aún, porque la percepción que se impone en el Panal es que el Palacio 6 de Julio necesita un reseteo para mostrar capacidad de reacción.
Hay, además de la Seguridad, una crítica recurrente que se escucha en los pasillos del Centro Cívico, del Concejo Deliberante, y que hasta admiten algunos moradores del Palacio Municipal, y es que la gestión “no arranca”.
Esto empezó a cambiar hace algunas semanas. El municipio anunció un ambicioso plan de bacheo y puesta en valor de diferentes espacios públicos, y Passerini adelantó que la ciudad se convertiría en un “obrador a cielo abierto”. Pero aún hay puntos flacos a la vista de los vecinos.
El sistema de recolección de residuos es muy deficiente. Y hay quienes entienden que para mostrar verdadero cambio de dirección es necesario que las modificaciones en el gabinete lleguen hasta la raíz del esquema municipal.
Todas las versiones, debe advertirse, están impregnadas de una tensión no confesa entre la Provincia y la Municipalidad. Las cuentas del Palacio 6 de Julio están comprometidas, y hay una clara dependencia del Centro Cívico. Passerini tiene que pagar una deuda que Llaryora no contrajo, pero que sí roleó, legándosela a su sucesor. Y no cuenta con los fondos de coparticipación que Schiaretti supo adelantarle al sanfrancisqueño durante su paso por la ciudad, allanándole el camino a la Gobernación.
Al mismo tiempo, es evidente que el peronismo no puede desentenderse de la Capital si quiere asegurar su permanencia en el poder provincial más allá de 2027. Provincia y Municipalidad están unidas por algo mucho más sólido que una “relación de equipo”; están unidas por la necesidad electoral del peronismo.
