Paritarias en pausa; una coincidencia con efectos diversos

Por Felipe Osman

La agitación que atraviesan los sindicatos públicos de Córdoba contrasta con la aparente indiferencia que, al otro lado del mostrador, devuelve la gestión provincial.

El Sindicato de Empleados Judiciales se encuentra en estado de conflicto hace ya más de 40 días, y tiene programados dos días de paro para esta semana y tres para la siguiente. El servicio de Justicia está claramente resentido y, en los tribunales de capital e interior, el clima es cada vez más tenso.

El SEP, a quien nadie caracterizaría como un gremio “combativo”, ya acumula tres semanas de asambleas constantes y una asamblea general convocada para hoy, en la que se votará la continuidad del “plan de lucha” y, muy probablemente, se definirá ir al paro.

Parte de la UEPC, que firmó en marzo una paritaria con vigencia hasta enero del 2026 inclusive, reclama la reapertura de la negociación. Y cada una de las conducciones gremiales, que de ordinario funcionan amortiguando el choque entre empleados y empleadores, aparece condicionada por el fenómeno de los auto convocados.

En la Municipalidad -con hondas diferencias en cuanto al nivel salarial de sus empleados, que aventajan por mucho a sus pares de la Provincia-, el reclamo va en ascenso, ante una gestión en fase de reconfiguración y con una decisión política de cerrar filas con la Provincia, endureciendo la negociación hasta el punto de sostenerla virtualmente paralizada.

La decisión de la Provincia de atalonarse en las negociaciones con los sindicatos públicos tiene un paraguas nacional. El Jefe de Gabinete Guillermo Francos blanqueó, la semana pasada, que el Gobierno Nacional pisará las paritarias, que no podrán viajar por encima del 1 por ciento mensual, y la secretaría de Trabajo decidió no homologar el acuerdo paritario firmado por el sindicato de Comercio, de Armando Cavallieri, a nivel nacional, con una recomposición trimestral del 5,4 por ciento. Una definición similar a la que adoptó con Camioneros el año pasado.

Tras la liberación del dólar en un sistema de bandas, la apuesta es sustituir el “ancla cambiaria” por un mecanismo de control estricto que evite la recomposición de los salarios para que un aumento del consumo no termine retroalimentando el avance de la inflación. Huelga decir que, el control que ahora extiende a algunos sindicatos privados, ni siquiera es necesario con los sindicatos púbicos, con los que la Nación impone directamente paritarias a la baja.

Hecha la reserva de las diferencias de cada caso, lo cierto es que Provincia y Nación endurecen su postura en cuanto a la recomposición de los salarios. Pero cabe inferir consecuencias políticas distintas para La Libertad Avanza y Hacemos Unidos.

El oficialismo nacional es, en primer lugar, el responsable primordial y directo de controlar la inflación. Y es absolutamente consiente de que, para llegar bien a las elecciones de octubre, necesita evitar que la salida del cepo melle su principal logro macroeconómico desde su arribo a la Casa Rosada.

Pero, más aún, La Libertad Avanza centra su discurso en encontrar el apoyo, en primer lugar, de los actores de la economía informal. Ni siquiera los empleados formalizados del sector privado son principal cantera. Ni que hablar de los estatales.

Para el Gobierno Nacional contener las paritarias representa un costo político menor, y un beneficio mayor, que no se agota en lo que esto pueda contribuir al equilibrio fiscal, sino que tiene por propósito principal contener la inflación y cosechar, en octubre, los dividendos electorales de haberlo conseguido.

Para el justicialismo, cuyas bases doctrinarias se articulan alrededor de la figura de “el trabajador”, contener las paritarias debiera engendrar un costo mayor.