
Manuel Calvo: "Hoy no hay quien firme un papel en el Gobierno Nacional"
El ministro de Gobierno cuestionó duramente al Gobierno Nacional por el incumplimiento en la financiación de las rutas nacionales tras la disolución de Vialidad Nacional.
Sin el ‘ancla cambiaria’, los salarios se convierten en la variable que el Gobierno Nacional administra para contener la inflación. La Provincia aplica algunos ingredientes de la misma receta para mantener balanceado el gasto, pero los efectos pueden diferir.
Provincial12 de mayo de 2025Por Felipe Osman
La agitación que atraviesan los sindicatos públicos de Córdoba contrasta con la aparente indiferencia que, al otro lado del mostrador, devuelve la gestión provincial.
El Sindicato de Empleados Judiciales se encuentra en estado de conflicto hace ya más de 40 días, y tiene programados dos días de paro para esta semana y tres para la siguiente. El servicio de Justicia está claramente resentido y, en los tribunales de capital e interior, el clima es cada vez más tenso.
El SEP, a quien nadie caracterizaría como un gremio “combativo”, ya acumula tres semanas de asambleas constantes y una asamblea general convocada para hoy, en la que se votará la continuidad del “plan de lucha” y, muy probablemente, se definirá ir al paro.
Parte de la UEPC, que firmó en marzo una paritaria con vigencia hasta enero del 2026 inclusive, reclama la reapertura de la negociación. Y cada una de las conducciones gremiales, que de ordinario funcionan amortiguando el choque entre empleados y empleadores, aparece condicionada por el fenómeno de los auto convocados.
En la Municipalidad -con hondas diferencias en cuanto al nivel salarial de sus empleados, que aventajan por mucho a sus pares de la Provincia-, el reclamo va en ascenso, ante una gestión en fase de reconfiguración y con una decisión política de cerrar filas con la Provincia, endureciendo la negociación hasta el punto de sostenerla virtualmente paralizada.
La decisión de la Provincia de atalonarse en las negociaciones con los sindicatos públicos tiene un paraguas nacional. El Jefe de Gabinete Guillermo Francos blanqueó, la semana pasada, que el Gobierno Nacional pisará las paritarias, que no podrán viajar por encima del 1 por ciento mensual, y la secretaría de Trabajo decidió no homologar el acuerdo paritario firmado por el sindicato de Comercio, de Armando Cavallieri, a nivel nacional, con una recomposición trimestral del 5,4 por ciento. Una definición similar a la que adoptó con Camioneros el año pasado.
Tras la liberación del dólar en un sistema de bandas, la apuesta es sustituir el “ancla cambiaria” por un mecanismo de control estricto que evite la recomposición de los salarios para que un aumento del consumo no termine retroalimentando el avance de la inflación. Huelga decir que, el control que ahora extiende a algunos sindicatos privados, ni siquiera es necesario con los sindicatos púbicos, con los que la Nación impone directamente paritarias a la baja.
Hecha la reserva de las diferencias de cada caso, lo cierto es que Provincia y Nación endurecen su postura en cuanto a la recomposición de los salarios. Pero cabe inferir consecuencias políticas distintas para La Libertad Avanza y Hacemos Unidos.
El oficialismo nacional es, en primer lugar, el responsable primordial y directo de controlar la inflación. Y es absolutamente consiente de que, para llegar bien a las elecciones de octubre, necesita evitar que la salida del cepo melle su principal logro macroeconómico desde su arribo a la Casa Rosada.
Pero, más aún, La Libertad Avanza centra su discurso en encontrar el apoyo, en primer lugar, de los actores de la economía informal. Ni siquiera los empleados formalizados del sector privado son principal cantera. Ni que hablar de los estatales.
Para el Gobierno Nacional contener las paritarias representa un costo político menor, y un beneficio mayor, que no se agota en lo que esto pueda contribuir al equilibrio fiscal, sino que tiene por propósito principal contener la inflación y cosechar, en octubre, los dividendos electorales de haberlo conseguido.
Para el justicialismo, cuyas bases doctrinarias se articulan alrededor de la figura de “el trabajador”, contener las paritarias debiera engendrar un costo mayor.
El ministro de Gobierno cuestionó duramente al Gobierno Nacional por el incumplimiento en la financiación de las rutas nacionales tras la disolución de Vialidad Nacional.
El legislador provincial respondió al jefe de Gabinete luego de que este afirmara que la Nación es la encargada de pagar el aumento jubilatorio en Córdoba; en ese sentido, el propio legislador sostuvo que es la Provincia la responsable de otorgar dicho aumento.
El dirigente y su tropa aseguran que no van a ceder y advierten con romper el espacio progresista PJ/K.
La Justicia federal restituyó a Oscar Agost Carreño como presidente del PRO Córdoba y dejó sin efecto la intervención partidaria. Mientras la Justicia define si reabre el caso, el sector de Henry Blas Leis agita el escenario con internas, alianzas posibles y definiciones pendientes a menos de diez días del cierre de frentes.
Docentes universitarios convocan a una semana de paro total mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene cerradas las paritarias y congela el presupuesto. En Córdoba, ADIUC se alinea al plan nacional y articula con la FUC una agenda de lucha conjunta. La UNC arranca el semestre entre el recorte y la resistencia.
Ruido por posibles salidas de Hacemos. Natalia de la Sota afirma su candidatura: en su equipo toman nota de un llamado a la unidad, pero las diferencias de criterio con Llaryora acrecientan las chances de un quiebre. Edgar Bruno anticipa que en los próximos días presentará los papeles para ser candidato de PAIS.
Hoy vence el plazo para que el abogado de la intendenta Arning presente un recurso de casación contra el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo que dejó a la funcionaria más cerca de la revocatoria. TSJ y Corte Suprema en el horizonte del proceso.
La diputada se encamina a inscribir una alianza con nombre propio el jueves de la semana próxima. El Frente Renovador en Córdoba, sin Sergio Massa, quiere militar esa candidatura.
La conciliación obligatoria con el Suoem se agotó ayer, y el gremio concedió una prórroga hasta hoy. La Municipalidad presentará una oferta para cerrar la paritaria y sacar de la mesa un conflicto que amenaza con sumarse a otros, entre los que destacan Uber y el Surrbac.
Ruido por posibles salidas de Hacemos. Natalia de la Sota afirma su candidatura: en su equipo toman nota de un llamado a la unidad, pero las diferencias de criterio con Llaryora acrecientan las chances de un quiebre. Edgar Bruno anticipa que en los próximos días presentará los papeles para ser candidato de PAIS.
El dirigente y su tropa aseguran que no van a ceder y advierten con romper el espacio progresista PJ/K.