El oficialismo propuso dicho proyecto con el objetivo de impulsar un marco legal que promueva la igualdad real y la convivencia en la provincia. Cuenta con el respaldo de legisladores y diversas organizaciones sociales.
Provincial13 de mayo de 2025
Redacción Alfil
Este lunes se presentó ante el recinto de la Unicameral de la provincia de Córdoba el proyecto de Ley Antidiscriminatoria. Impulsado por los legisladores oficialistas Nadia Fernández, Miguel Siciliano e Ileana Quaglino, el proyecto propone establecer un marco legal integral para promover la igualdad real, la dignidad humana y el respeto por la diversidad en todas sus formas.
La sesión contó también con la participación del ministro de Justicia y Trabajo, Julián María López; del secretario del Ministerio de Educación, Luis Franchi; y de una amplia representación de organizaciones sociales, religiosas, culturales y comunitarias residentes en Córdoba.
La vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández, destacó que la ley se legitima "con quienes militan diariamente esta agenda" y remarcó el compromiso de "propiciar la buena convivencia en toda la provincia. Un compromiso colectivo donde no se permitirán los discursos de odio".
Durante la presentación del proyecto, Miguel Siciliano afirmó que la firma de esta iniciativa no es solo importante para Córdoba, sino "también para la Argentina". En ese sentido, explicó: "Vivimos tiempos donde los discursos de odio se hacen presentes, y eso es peligroso: desde el odio no se construye nada bueno. No respetar al que piensa distinto, al que siente distinto, al que tiene otro origen o religión, o al que elige vivir su sexualidad de otra manera, es retroceder a los momentos más oscuros de nuestra historia".
Una vez ingresado al proceso legislativo y tomado estado parlamentario, el proyecto será tratado en las comisiones correspondientes, donde se convocará nuevamente a las organizaciones para sumar sus aportes.
Adhirieron con su firma diferentes referentes de organizaciones de personas con discapacidad, así como Marta Kowadlo, representante de DAIA; Karina Ortiz, del Centro Islámico de Córdoba; Lucía Ester Villa Real, presidenta del Consejo Indígena de Córdoba; Juan Carlos Merdinian, de la Comunidad Armenia; Griselda Leticia Manzoli, de la Mesa Afro Córdoba; Limbert Fernández, por la Central de Organizaciones Bolivianas; Gretel García, de la Comunidad Peruana; Lucas Bussili, por Ciclo Positivo; Patricia Figueroa, de AMMAR; agrupaciones de diversidad como Córdoba Diversa; Nicol Leyras y Catalina Vivas, del Centro Trans Córdoba; Marta Guerreño y Renata Santo, de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba; y Juan Cruz Amuchastegui y Nahuel Escobar, por la Agencia Córdoba Joven, entre otras.
El legislador provincial de Juntos por el Cambio reavivó el debate sobre la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba al respaldar un proyecto que permitiría elevar hasta 4% las alícuotas de aportes personales, en medio del rechazo de gremios estatales que advierten impacto salarial y vulneración de derechos previsionales.
Tras una primera lectura atravesada por tensiones internas en la oposición y un clima legislativo fragmentado, el llaryorismo debe resolver si abre el proyecto a revisiones o si llega a la segunda vuelta con la misma hoja de ruta fiscal que defendió con firmeza en el recinto. Todo apunta a una ratificación del rumbo en la segunda lectura.
Más rezagado que en Diputados, donde ya quedó conformado al menos momentáneamente el bloque, Provincias Unidas busca ampliarse en cámara baja a partir del trío conformado por Vigo, Camau y Terenzi. La reunión de gobernadores que delató la rosca.
El mandato de Ferrer es hasta septiembre del 2026, pero el mestrismo quiere el calendario antes de fin de año.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
Los “buenos” a punto del juicio | Fabiana Gutiérrez activa agenda de género: conversatorio para poner el foco en la violencia digital | “Depende el renglón”
El mandato de Ferrer es hasta septiembre del 2026, pero el mestrismo quiere el calendario antes de fin de año.
Tras una primera lectura atravesada por tensiones internas en la oposición y un clima legislativo fragmentado, el llaryorismo debe resolver si abre el proyecto a revisiones o si llega a la segunda vuelta con la misma hoja de ruta fiscal que defendió con firmeza en el recinto. Todo apunta a una ratificación del rumbo en la segunda lectura.
