Nuevo federalismo en la tensión Nación-provincias

Por Javier Boher 
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El federalismo argentino es complicado. En realidad se trata más de sus particularidades funcionales que de una organización compleja, porque las reglas están bastante claras. La Constitución no deja muchas dudas a ese respecto.
Hasta hace un par de años era lo más común que las provincias voten en la misma fecha que las elecciones nacionales. Así, todo el sistema político giraba en torno a quien ganaba en las presidenciales, ya que cada ciudadano expresaba preferencias más o menos generales a través de un único voto a una boleta partidaria que llevaba hasta diez tramos distintos (12 cuando se agregaron los parlamentarios del Mercosur). De alguna manera la cosa consagraba a un ganador nacional claro y a ganadores locales más o menos alineados con el mismo.
El desdoblamiento fue cambiando está situación. Poco a poco los intendentes y gobernadores fueron encontrando incentivos para votar en otras fechas, con el objetivo de evitar salir perjudicados por figuras nacionales que definían estrategias en las que ellos no tenían nada para decir. Radicalismo y peronismo se desdibujaron y fueron reemplazados por distintas alianzas con un rostro nacional y múltiples rostros locales.
Quizás haya sido por esto mismo que los gobernadores empezaron a convertirse en figuras más importantes, con una luz propia más allá de los liderazgos nacionales. Aunque cada uno se encuadra dentro de algún espacio nacional más o menos claro, lo cierto es que cada uno vela por sus propios intereses antes que por los de un proyecto mayor. Hay provincias con el tamaño y la riqueza que envidian múltiples países, de ahí que los incentivos para darle la espalda a los que pretenden bajar línea a todo el territorio desde su palacio de cristal capitalino.
Hace un tiempo que la relación entre la nación y los gobernadores viene a los tumbos. Si bien algunos se alinearon rápidamente y pusieron a disposición sus legisladores, otros jugaron más mezquinamente al juego de cambiar votos por concesiones a sus distritos. Aunque de distinta forma y con distintas urgencias, todos se dedicaron a hacer política.
La idea del ajuste orienta a Milei y los suyos desde el día uno. “No hay plata” es el mantra que ordena la acción política del gobierno nacional y la relación con los gobernadores. En la cabeza de los que deciden las estrategias eso va a funcionar bárbaro: si el gobierno baja impuestos, quita regulaciones y deja de enviar dinero a las provincias, éstas se van a poner a trabajar para reducir sus propios gastos y sus impuestos, entrando en una carrera por ver cuál es la más eficiente y la más barata para que se instalen las empresas. Aunque el caso de Mercadolibre y la ciudad de Córdoba sirva de caso testigo (cierran sus oficinas por la elevada carga impositiva, una forma de hacer tiempo hasta poder trasladarse a otro lugar) es apenas una golondrina que no hace verano.
Por el contrario, el incentivo funcionó exactamente al revés. Muchos gobernadores e intendente llenaron el vacío de la reducción de impuestos nacionales (vacío chiquito, en realidad) con aumentos de impuestos y tasas subnacionales. No solo eso, ya que además se empezaron a organizar para reclamarle al gobierno por todos estos recortes que empiezan a amenazar sus armados y estructuras de poder local.
Esta situación empieza a abrir un escenario bastante inédito en Argentina -al menos desde el regreso de la democracia- en el que no hay coincidencia partidaria entre nación y provincias, hay fragmentación parlamentaria nacional, no hay ningún partido político nacional fuerte y hay un aumento de la autonomía provincial a través de la intención de nuevos recursos que no tienen que ver con lo que envía la nación.
El kirchnerismo se caracterizó por hacer exactamente lo contrario, tratando de centralizar el gasto público para generar dependencia provincial. Sentado sobre la billetera obligaba a todos a ir a golpear la puerta para que manden recursos, que solamente bajaban para los leales.
Hoy el combo nos empieza a introducir en un terreno desconocido. Como lo llamó algún periodista cordobesa, los gobernadores preparan un “golpe de Estado fiscal”, una exageración que pone el foco en lo económico y no en lo político. Si hubiese alguna figura política central que pudiera capitalizar tal cosa, quizás el diagnóstico no sería exagerado, atento a que hemos visto cosas parecidas a lo largo de los años. En un escenario como el actual los gobernadores buscan un beneficio político local concreto, que se traduce en más autonomía para condicionar la política nacional. Son los que en definitiva gestionan el territorio, algo muy distinto a apretar botones en un gran organigrama nacional que tiene poco que ver con el quehacer cotidiano del ciudadano de a pie.
La apuesta del gobierno puede llegar a salir mal. Si no consigue crecer en ciudades, provincias y parlamento y sigue dependiendo excesivamente de la imagen del presidente Milei, ese espacio será llenado por otras caras, de otros partidos y con otros intereses. El federalismo es un aspecto central de nuestra forma de gobierno, pero es uno que debe saber cómo manejarse para no convertirse en un caos. Si por su misión de reducir el gasto Nación sigue corriéndose de los lugares a los que llegaba, ese espacio va a ser llenado por estructuras locales que condicionen cada vez más qué se puede hacer desde el gobierno nacional. Todavía no sabemos si es bueno o es malo, pero seguramente traerá algunos dolores de cabeza hasta que se termine de acomodar.