¿Cuántos muertos por fentanilo hacen falta?

Por Javier Boher 
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Ayer me crucé con el dato de los muertos acumulados por el fentanilo contaminado y solamente me puse a pensar en cuántos muertos se necesitan para movilizar el aparato estatal en defensa de las personas. Esa idea me llegó junto con un título de un diario inglés allá por 2020: “¿Cuántos muertos por covid vamos a aceptar para volver a la normalidad?”
Ahí me puse a pensar en el COVID 19, aquel virus que desató una locura represiva que cercenó derechos y libertades individuales. Los casos por el fentanilo empezaron el 15 de abril y en estos meses la cuenta llegó a 76 personas muertas porque se les suministra una droga en mal estado. El primer fallecido por el virus chino se registró un 6 de marzo y se alcanzaron los mismos 76 muertos el día 20 de agosto. Es decir que el fentanilo ha sido más mortífero por el tiempo en el que se ha contado la misma cantidad de muertes, lo que obliga a preguntarse por qué la política está tan quieta al respecto.
Hace unos días se presentó en el Congreso un pedido para crear una comisión investigadora sobre el tema, debido a la vinculación del laboratorio responsable del lote contaminado con cierto partido político que gobierna la mayor provincia Argentina y el foco donde comenzaron los casos. Una comisión como la que armaron para el caso Libra, pero que apunta para el otro lado.
El tema del fentanilo no es menor y pone sobre la mesa el rol del Estado y sus mecanismos burocráticos, debido a las evidentes dificultades para decomisar todas las ampollas del lote contaminado que se han distribuido por el país. La trazabilidad está rota en un país que supuestamente organizó adecuadamente los operativos de vacunación por el coronavirus hace menos de un lustro. De hecho, el laboratorio que está siendo investigado por el hermano del ministro de salud bonaerense fue el nexo para la distribución de la Sputnik V en el país, la vacuna rusa que tampoco tenía los papeles en regla.
Aquella forma de gestionar la salud en tiempos de pandemia generó un problema de desconfianza frente al rol del Estado en la protección de la vida y el bienestar de la población que llevó -por ejemplo- a que los niveles de vacunación de la población estén en niveles muy bajos. Así es como la gente se arroja a los brazos de las pseudociencias, las creencias populares y las teorías conspirativas, profundizando un problema grave.
El Estado ha elegido seguir fallando en mantener la confianza de la población en las instituciones, todo para proteger los intereses de ciertas corporaciones que sostienen el negocio de la política y otras actividades un poco más polémicas. El establecimiento de reglas dispares y con requisitos o criterios disímiles genera desigualdad a la hora de la competencia y el control, aumentando la ineficiencia estatal para asegurar la protección de la vida de los ciudadanos. Los políticos saben y alientan este tipo de situaciones por la simple inercia burocrática que mantiene los privilegios de unos pocos. 
El Estado ha fallado en todos los niveles posibles. Ha establecido malos procesos burocráticos para habilitar y controlar, no ha investigado lo que es un problema grave, ha tratado de evitar que se avance en esa línea y ha vulnerado la confianza de la gente en la salud y las instituciones. Es casi como si el peronismo no hubiese aprendido nada de todo lo que hizo mal en la pandemia, lo que lo llevó a estar del otro lado de lo que elige la gente. ¿Cuánta gente más se tiene que morir para que el Estado haga lo que le corresponde?