Por Eduardo Dalmasso*
La 2da parte fue publicada con fecha 06 de agosto.
La instauración del Plan de Convertibilidad en marzo de 1991 constituye un punto de inflexión decisivo en la economía y la política argentina. El nuevo esquema monetario consolida el viraje del país hacia una racionalidad neoliberal. Este enfoque se articula con una serie de reformas estructurales en sintonía con los postulados del Consenso de Washington.
El plan establece por ley la equivalencia fija de un peso argentino con un dólar estadounidense, restringiendo al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a emitir moneda solo con respaldo en reservas en divisas. Se trata de un compromiso institucional rígido con el objetivo de anclar las expectativas inflacionarias. Como sintetizan Gerchunoff y Llach (2003), “el peso dejó de ser una moneda fiduciaria para convertirse en una promesa anclada al dólar; el Estado se autoimpuso el corsé de la escasez”.
La Convertibilidad para el Gobierno constituye un acto fundacional para organizar el sistema económico. En palabras de Juan Carlos Torre (2002), “Cavallo comprendió que para estabilizar la economía era necesario reinventar el contrato monetario, y en ese acto selló una alianza con los sectores medios urbanos, desesperados por una moneda confiable
El éxito inicial fue impactante: la inflación cayó del 1.344% en 1990 al 84% en 1991 y al 17% en 1992. El consumo se expandió, retornaron los créditos y las tasas de crecimiento del PBI alcanzaron cifras impensables, aunque decrecientes de 1991 a 1994 (promedio mayor al 7 %anual).
Las reformas se fundamentan en atribuir al Estado un rol subsidiario a partir de negar su capacidad de guiar el desarrollo económico social. La nueva filosofía de gobierno impone la privatización de las empresas públicas que pasarán a manos del capital transnacional en asociación en su mayoría con los grandes grupos económicos del país. Esta política contribuye al crecimiento de estos conglomerados económicos, al menos a los más sólidos, mientras dure el circuito virtuoso de la convertibilidad.
En consonancia: las privatizaciones avanzan a un ritmo vertiginoso, (YPF, Gas del Estado, ferrocarriles, correo, energía eléctrica), mientras se reforman los sistemas previsional, educativo y laboral. Estas privatizaciones producen una profunda reconfiguración del aparato estatal y del sistema económico.
En el tiempo, la velocidad con que se realiza el pase de la propiedad del Estado al capital privado se revela en la falta de consistencia en las transferencias que no imponen objetivos claros para el logro de una mayor competitividad y expansión de la Renta Nacional. Sin duda, muchas de esas privatizaciones, efectuadas mediante procedimientos de dudosa transparencia, producen cambios hacia una modernización del sistema económico que satisface a amplios sectores de la población.
Cabe aclarar que el éxito de las transferencias se apoya en que las empresas adquirentes utilizan papeles de la deuda externa que, por ser tomadas al valor nominal y no al de mercado, les proporciona una alta rentabilidad inicial más las utilidades que prefiguran su condición de monopolistas de vastas franjas del mercado. Al Gobierno esta concesión le abre las puertas del FMI y el Banco Mundial.
El amplio apoyo obtenido por el Gobierno en esta etapa, creo se debe a la conjunción de estabilidad y las rupturas con modelos de corrupción situados en las burocracias enquistadas dentro de las empresas públicas. La vida cotidiana se torna previsible.
Cavallo se destaca, a diferencia de los ministros del grupo Bunge y Born, como un hábil comunicador político. Su discurso combina autoridad técnica y apelación emocional. Transmite orden, racionalidad y modernidad. Se dirige fundamentalmente a las clases medias urbanas a las que les garantiza una vida más ordenada y mayor consumo como vía de ascenso social. Según Pablo Gerchunoff y Lucas Llach (2002), “Cavallo se mostró como un estadista tecnocrático, no como un delegado del capital concentrado. Esa diferencia fue clave para lograr legitimidad política”.
La Convertibilidad representa una arquitectura de poder económico y simbólico: pretende reorganizar la política económica sobre el principio de la previsibilidad y el orden, y crea un nuevo sujeto social que identifica estabilidad con progreso. Sin embargo, su debilidad estructural se manifiesta en una implícita delegación de soberanía: el país deja de tener política monetaria y su estructura productiva queda sujeta a los vaivenes del capital financiero global.
En el devenir, la euforia y adhesión de las clases medias al programa tecnocrático tendrá que convivir con la realidad de millones de excluidos del mercado laboral y del crédito. La estructura social acentuará los rasgos ya visualizados como resultado de las políticas de Martínez de Hoz. Los nuevos desarrollos urbanos serán su mejor reflejo.
*Dr. En Ciencia Política (UNC-CEA)
