La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Financiamiento Universitario, con respaldo transversal y sin el aval del oficialismo. Mientras tanto, docentes e investigadores realizan un nuevo paro de 48 horas. El Gobierno, sin interlocución con el sistema universitario, ya evalúa vetar la ley si el Senado la convierte en norma. La tensión escala en el Congreso, las calles y las aulas.
Universidad08 de agosto de 2025
Francisco Lopez Giorcelli
Por Francisco López Giorcelli
La Cámara de Diputados de la Nación volvió a tratar esta semana uno de los reclamos más intensos en la era Milei, y que se recalienta en los últimos meses: el financiamiento del sistema universitario. En una sesión atravesada por tensiones internas en el oficialismo y una creciente presión opositora, se logró dar media sanción a la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales, un proyecto que garantiza el aumento automático de las partidas presupuestarias en base a la inflación.
El tratamiento de esta ley, sin embargo, no fue impulsado por el Gobierno nacional, claramente, ni acompañado por el bloque oficialista, sino que fue producto de la insistencia de los bloques dialoguistas y federales, con el acompañamiento del peronismo y la izquierda. En términos políticos, la sesión fue una nueva demostración de que Javier Milei sigue sin construir una mayoría parlamentaria propia, y que algunos de sus socios circunstanciales comienzan a marcar distancia en temas sensibles como la universidad pública.
En paralelo al debate legislativo, el conflicto universitario volvió a manifestarse en las aulas (o más bien, en la ausencia de ellas). Los días miércoles 7 y jueves 8 de agosto, docentes, investigadores y trabajadores no docentes realizan un paro nacional de 48 horas, convocado por las principales federaciones del sector, entre ellas Conadu y Conadu Histórica. En Córdoba, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios (ADIUC) adhirió plenamente a la medida, que incluye clases públicas, radios abiertas y actos frente a las sedes universitarias.
El doble frente —Congreso y calle— volvió a proyectar la crisis del sistema universitario en el escenario político nacional. Aunque el conflicto había perdido algo de intensidad en las últimas semanas, lo cierto es que las condiciones que motivaron aquella movilización no se han modificado sustancialmente. El recorte presupuestario sigue vigente, los salarios siguen deteriorándose y el Gobierno continúa evitando cualquier tipo de interlocución con el sistema universitario.
El impacto político del conflicto en Córdoba, como se viene viendo desde comienzos de año, es doble. Por un lado, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), una de las más grandes y antiguas del país, se ha transformado en una de las voces más activas en defensa del sistema público. Por otro lado, el gobierno provincial ha intentado sostener un discurso de respaldo institucional sin confrontar abiertamente con la administración de Javier Milei.
En ese equilibrio tenso, el gobernador Martín Llaryora hizo un “llamado firme” a los diputados cordobeses para que acompañaran el proyecto de financiamiento universitario. La postura del mandatario no es nueva, pero sí revela una progresiva toma de distancia con algunos posicionamientos del Ejecutivo nacional.
En la votación del martes, los diputados cordobeses respondieron de manera dispar. Los legisladores de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal votaron a favor del proyecto. Entre ellos, Natalia de la Sota, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge respaldaron la iniciativa, en sintonía con el pedido del gobernador. La UCR también acompañó con su bloque completo, incluyendo a Rodrigo de Loredo. Sin embargo, el diputado radical fue cuestionado por su rol previo: si bien votó afirmativamente el proyecto, previamente se negó a dar quórum, en un intento de hacer caer la sesión y evitarle al Gobierno nacional el papelón parlamentario que finalmente terminó ocurriendo.
Los diputados de La Libertad Avanza, en cambio, votaron en contra, alineados con el rechazo del oficialismo nacional a todo aumento automático del gasto. Para el Gobierno, el presupuesto universitario debe ser discrecional y sujeto a “rendimiento”, una lógica que choca de frente con la autonomía universitaria y con el financiamiento sustentable del sistema.
El paro docente de 48 horas vuelve a mostrar la persistencia del malestar en el sector. En Córdoba, la adhesión es amplia, y se suman tanto docentes de la UNC como de otras instituciones universitarias nacionales con sede en la provincia. ADIUC organizó actividades en distintas facultades, visibilizando la situación crítica de los salarios, el atraso en los pagos de proyectos de investigación, y la incertidumbre sobre la continuidad del segundo cuatrimestre.
En diálogo con Alfil, referentes de ADIUC recordaron que el conflicto no es solamente por el presupuesto global de las universidades, sino también por las condiciones laborales. “Estamos reclamando una recomposición salarial real. Nuestros ingresos están más de un 40% por debajo de la inflación, y no hay paritarias abiertas”, señalaron desde el gremio.
A nivel nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales también advirtió que la media sanción de la ley es un paso importante, pero insuficiente. “Necesitamos que el Senado avance con la sanción definitiva y que el Poder Ejecutivo no vete la norma. Pero también exigimos soluciones concretas ahora, no dentro de tres meses”, señalaron.
Milei, la universidad y el factor veto
La media sanción de la Ley de Financiamiento Universitario tiene una carga simbólica y política ineludible. Por un lado, confirma que existe un consenso transversal en buena parte de la dirigencia política sobre la necesidad de sostener el sistema universitario. Por otro lado, pone a Javier Milei frente a una disyuntiva: aceptar el nuevo esquema o vetar y profundizar la confrontación.
En el Gobierno, hasta ahora, evitaron pronunciarse al respecto. Sin embargo, el entorno presidencial ya ha dejado trascender que el Presidente no está dispuesto a resignar el manejo discrecional del presupuesto. Si el Senado convierte en ley el proyecto, el veto aparece como una opción muy probable. En ese caso, el conflicto podría escalar a un nuevo nivel.
Además, el Ejecutivo no ha dado señales de abrir instancias de diálogo con las universidades. La política del silencio —o del desprecio, según sectores del ámbito académico— se mantiene como estrategia. Sin un canal institucional de negociación, el conflicto tiende a dilatarse, y la conflictividad gremial seguirá siendo una constante.
El segundo cuatrimestre en duda
Uno de los temas que más preocupa dentro del sistema universitario es la sostenibilidad del segundo cuatrimestre. Si bien muchas universidades lograron iniciar el año académico con esfuerzos presupuestarios extraordinarios, la continuidad del ciclo lectivo está en duda si no se actualizan las partidas.
En la UNC, el rector Jhon Boretto advirtió públicamente sobre los límites de esta situación. Aunque evitó confrontaciones directas con el Gobierno nacional, insistió en que el financiamiento debe tener previsibilidad y suficiencia. “La planificación académica y científica necesita certezas. La universidad no puede funcionar al filo del abismo”, señaló semanas atrás.
En ese marco, la media sanción de la ley aparece como una posible herramienta para recuperar estabilidad. Pero sin una respuesta del Gobierno nacional, el horizonte sigue siendo incierto.
En la UNC, el ajuste no solo tensiona presupuestos y discursos: empieza a interpelar a un actor decisivo que rara vez aparece en los comunicados. El voto no militante, mayoritario y volátil, observa cómo se ordena el poder universitario mientras define, en silencio, los márgenes de gobernabilidad.
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