Francisco Lopez Giorcelli
La motosierra de Javier Milei sigue operando sobre el sistema de educación superior y las consecuencias ya son incontenibles. La radicalización de las medidas de fuerza en las universidades públicas aparecen como una respuesta directa a un "mega ajuste" que lleva casi cuatro años licuando salarios y paralizando el funcionamiento institucional. Acorralados por el veto presidencial y la negativa oficial a recomponer las partidas, el Congreso Extraordinario de CONADU aprobó por unanimidad el mandato impulsado por el gremio de la Universidad Nacional de Córdoba, ADIUC, desatando un nuevo cronograma de paros frente al ahogo económico.
El plan de defensa frente al ajuste arranca de forma inminente: este miércoles 28 de octubre se estará llevando a cabo un Paro Nacional Universitario, en conjunto con otras federaciones docentes y nodocentes.
El límite del ajuste y la amenaza sobre los exámenes
La decisión de ir al paro general no nace de la intransigencia sindical, sino del hartazgo. Antes de que la federación oficializara el cronograma, la Asamblea Extraordinaria de ADIUC aprobó por amplia mayoría un duro mandato. Bajo la consigna "Un año sin cumplir la ley", las bases cordobesas justificaron la escalada argumentando que se encuentran sin respuestas en el ámbito paritario y enfrentando a "un gobierno en desacato a la Justicia". Frente a un Ejecutivo que se niega a acatar los fallos judiciales que ordenan el giro de fondos, a los docentes no les quedó otra salida. Fue en ese contexto de asfixia mileista donde se votaron las mociones de última instancia que ahora marcan el pulso del país: la convocatoria a una semana de paro y la forzada "suspensión (total o parcial) de las mesas de examen de noviembre / diciembre".
El esquema ratificado marca que desde el lunes 16 hasta el sábado 21 de noviembre se ejecutará una "Semana Nacional de Protesta por la Universidad y la Soberanía", paralizando las actividades académicas ininterrumpidamente durante seis días, a lo que se sumará una "Acción Federal" el viernes 20. Esta situación pone en vilo a miles de estudiantes en la UNC y el país que dependen de los turnos de fin de año, pero en los pasillos de la Casa de Trejo el diagnóstico es unánime: la responsabilidad institucional de esta parálisis y de la crisis académica recae exclusivamente en la Casa Rosada.
La batalla legislativa
El calendario de paros responde a la necesidad urgente de ponerle un freno legislativo al ajuste del año que viene. La medida de fuerza de este miércoles 28 de octubre coincide milimétricamente con el tratamiento del Presupuesto 2027 en las comisiones parlamentarias del Congreso de la Nación. Todo el abanico de medidas busca definir "las próximas acciones en defensa del salario y por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario".
El objetivo unificado es forzar a los legisladores a no ser cómplices de la motosierra y obligarlos a incorporar los recursos estipulados en la vetada ley dentro de la hoja de ruta financiera. El análisis gremial sobre los números de Milei es tajante: advierten que el proyecto de presupuesto oficial "consolida la asfixia económica a las universidades y la ciencia".
En este escenario de choque -donde el peronismo cordobés incluso lanzó su armado "Territorio 428" para capitalizar políticamente el descontento frente al modelo libertario, aunque los diputados cordobesistas fueron funcionales al oficialismo nacional en las recientes votaciones- la crisis universitaria parece llegar a un punto de no retorno. Finalmente , el documento sindical difundido en las últimas horas por ADIUC cerró repudiando la "escalada represiva del gobierno contra una movilización masiva y pacífica", evidenciando que la vía del diálogo fue dinamitada desde el propio Ejecutivo. Bajo la cruda advertencia de que "no cumplir la ley es delito", el sistema avanza hacia un cierre de año atrincherado contra el mayor recorte presupuestario de su historia reciente.
