Salpicado de reformas políticas

El sistema político argentino es bastante rígido, lo que nos empuja a pensar en formas alternativas para organizar el poder

Nacional26 de agosto de 2025Javier BoherJavier Boher
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Por Javier Boher 
Nuestra Constitución es un herramienta que tiene algunas fallas, que algunos atribuyen al apuro por cerrar la convención constituyente de 1994 en los plazos previstos por la ley que dictó la necesidad de la reforma. Más allá de eso, es un instrumento robusto, con un espíritu bastante claro y una idea definida acerca del modelo de país que se pretende.
Dentro del texto constitucional hay una serie de cuestiones que definen reglas de gobierno que quizás ya no representan plenamente la realidad política nacional, que se ha ido modificando con el paso de los años. A continuación van una serie de reflexiones al respecto, que van desde lo más concreto a las conjeturas más absurdas.
Presidencialismo
La forma de gobierno presidencialista coincide con la larga tradición caudillista del país, esa que premia los liderazgos fuertes por sobre los que tienen una tendencia más dialoguista. El macho alfa es una debilidad del votante argentino.
Sin embargo, dicha forma de gobierno implica que el poder legislativo se elige en elecciones separadas de las que se usan para definir el poder ejecutivo, por lo que ambos poderes tienen una legitimidad de origen propia e independiente del otro. Esto, que en muchos casos podría obligar al presidente a moderarse o a negociar, también puede llevar al inmovilismo por el conflicto entre poderes. La actual tensión entre el presidente y el congreso es una clara muestra de lo que puede pasar cuando el ejecutivo carece de un buen caudal de bancas en el legislativo. 
Sin llegar al extremo del parlamentarismo que tienen la mayoría de los países europeos, el semi presidencialismo francés podría ser una alternativa para el país, una que ayude a superar mejor este tipo de crisis políticas (y muchas otras que vivió el país en otros momentos de su historia, como 2001 o la crisis del campo en 2008).
Conformación del Congreso 
Varias veces hemos tratado acá el problema del decreto-ley de Bignone que define la representación en la cámara de diputados, fijando un piso de 5 por provincia, pero sin alterar la cantidad total de diputados de la cámara según la población. Así, las provincias más pobladas de ven perjudicadas por la pérdida de representantes en el Congreso. Esa ley está blindada por el peso que tienen las provincias que resultan beneficiadas por esto (incluida la ciudad de Buenos Aires), perjudicando particularmente a Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, el motor productivo del país.
Para resolver esto hay que pensar fuera de la caja, tomando una idea propuesta por un politólogo norteamericano para conseguir que se elimine el colegio electoral en ese país. Como el territorio de cada provincia depende de ser definido por sus propias legislaturas, una provincia cualquiera podría elegir dividirse para convertirse en nuevas entidades iguales en derecho a las anteriores.
La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, más de cuatro veces más que la que le sigue en la lista. Ha habido propuestas para dividirla, pero ninguna ha puesto el foco en lo importante, que es la representación. Si se la dividiera en siete provincias distintas (de entre 600.000 y cuatro millones de habitantes), la representación cambiaría rotundamente, pasando a 21 senadores para ese mismo territorio, obligando a recalcular la cantidad de diputados. Para dimensionar las asimetrías de las que hablamos, PBA es 89 veces más grande que Tierra del Fuego y tiene la misma cantidad de senadores. Si votara diputados siguiendo la proporción de ellos, debería llegar a 447, más que la totalidad actual del Congreso.
En la década del ‘50 se provincializó a la mayoría de los territorios nacionales, básicamente por necesidad política del gobierno de aquel entonces. El gobierno actual intentó ir por el lado de la adopción de circunscripciones uninominales y un sistema de listas incompletas, pero no tuvo suerte. Quizás acá, que el premio para los bonaerenses podría ser muy grande, consiga los incentivos que hacen falta.
Acefalía 
La ley de acefalía en Argentina es una necesidad que surge de la historia y que tuvo su última reforma tras la crisis de 2001, cuando se define en el papel lo que se habia resuelto en los hechos. Eduardo Duhalde había entrado al congreso en diciembre tras haber ganado las elecciones de octubre de ese año. A partir de entonces hay que ser gobernador de alguna provincia, senador o diputado nacional para convertirse en presidente interino en el caso de que los eventos generen una improbable situación de perder cinco presidentes en una semana.
Hay un armado nacional que se ha hecho al margen de las fuerzas actuales en tensión y que pretende representar los intereses de ese territorio ignorado por la política actual.
Hay gente que, como siempre, insiste en la necesidad de tener un plan B en el caso de que las cosas no funcionen y el rígido sistema político argentino entre en crisis. Algunos de esos personajes ya están soñando con una vía cordobesa a la presidencia por aplicación de la ley de acefalía, algo que siempre suena cuando Schiaretti anda cerca, quizás por ser el único político que consigue algo de consenso transversal entre partidos.
Todas estas cuestiones son apenas un rejunte las cosas que se van acumulando en una cabeza atravesada por las discusiones políticas que se dan en distintos planos y agendas.
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