Francisco Lopez Giorcelli
Por Francisco López Giorcelli
En una nueva muestra de firmeza institucional, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resolvió por unanimidad respaldar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso Nacional.
En el documento aprobado, el cuerpo fue categórico: “La universidad pública es un derecho social que no puede quedar a merced de ajustes coyunturales. El financiamiento debe garantizarse por ley y con carácter permanente”.
Lejos de limitarse a una declaración simbólica, el pronunciamiento adquiere el carácter de estrategia política activa: rechaza explícitamente cualquier intento de veto presidencial, exige la rápida aprobación del presupuesto universitario para 2026, y convoca a la comunidad académica a mantenerse en alerta y movilizada.
Este posicionamiento del máximo órgano de cogobierno de la UNC refrenda el compromiso institucional con el sistema público universitario, un pilar estratégico para el desarrollo democrático y federal del país. Además, el respaldo no solo es normativo, sino también político: se acompaña de un llamado a una tercera Marcha Federal Universitaria, que podría concretarse en el próximo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el 29 de agosto.
Boretto y el rumbo político del reclamo
El rector Jhon Boretto advirtió en el Consejo Superior que el apoyo de Córdoba no se agota en lo declarativo: “En el plenario del CIN vamos a insistir con una propuesta concreta de presupuesto para 2026. Necesitamos previsibilidad para planificar el año académico y las políticas de investigación y extensión”.
En esa misma línea, remarcó que la UNC seguirá trabajando en la coordinación de gremios y estudiantes: “La defensa de la universidad pública requiere unidad de acción. En Córdoba reactivaremos la comisión intersectorial para que ninguna facultad ni unidad académica quede fuera de este debate”.
ADIUC: pone el eje en el salario
Desde el plano gremial, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) acompañó el debate en el Consejo mediano una movilización que anticipó Alfil hace unos días. En ese sentido, la secretaria general, Leticia Medina, sostuvo que “no hay universidad de calidad posible con docentes empobrecidos”.
El reclamo por recomposición es concreto: exigen un aumento del 43 % para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023. “No pedimos privilegios, pedimos salarios dignos. Hoy tenemos profesores con doble cargo que siguen por debajo de la línea de pobreza”, agregó Medina.
Ese contexto de precarización laboral es, precisamente, uno de los factores que alimentan la movilización y justifica la convocatoria a la marcha federal.
Ley sancionada, veto en puerta
Hace apenas días, el Congreso argentino sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa clave para recomponer el presupuesto tras años de caída real por encima del 30 %. La norma fue aprobada con un respaldo transversal que incluyó a opositores y a legisladores cercanos al oficialismo.
El texto establece una actualización bimestral automática de las partidas según inflación, la creación de un fondo especial para carreras estratégicas y el refuerzo de las becas estudiantiles. Todo ello sin nuevos impuestos y con equilibrio fiscal.
Sin embargo, el presidente Javier Milei adelantó que vetará la ley. “No voy a convalidar privilegios de la casta universitaria”, disparó, en una señal de confrontación abierta con un sector que logró cohesionar respaldo social y parlamentario.
El pronunciamiento del Consejo Superior coloca a Córdoba en el centro del mapa político universitario. Desde la Casa de Trejo se proyecta la coordinación de acciones hacia el resto del país, en consonancia con el CIN y con gremios docentes y estudiantiles.
“La universidad pública no se ajusta, se defiende”, sintetizaron desde el grupo de docentes convocados en el cierre del debate, una frase que rápidamente circuló en redes de centros de estudiantes y agrupaciones gremiales.
Que la UNC se exprese con esta contundencia en el actual contexto no es un dato menor. En Córdoba, donde la universidad tiene un peso político e histórico de primer orden, el pronunciamiento funciona como mensaje hacia la Nación y también hacia la provincia: la Universidad Nacional de Córdoba no se correrá del frente de batalla en defensa del presupuesto.
La declaración además obliga a los actores políticos locales a tomar postura. El eventual veto presidencial pondrá a prueba a los senadores cordobeses, que deberán decidir si acompañan a Milei o si se alinean con el amplio consenso en defensa del sistema universitario.
El pronunciamiento del Consejo Superior no aparece como un simple gesto amigable. Es, en palabras de uno de los consejeros docentes, “un llamado a construir política pública desde la universidad, no solo a resistir”.
En tiempos donde el ajuste amenaza con quebrar el entramado educativo, la UNC eligió pararse al frente, con un mensaje claro: el financiamiento de la universidad no es un privilegio, es una condición de soberanía.
