Carolina Biedermann
La interna del PRO Córdoba encontró finalmente un cierre institucional. El Juzgado Federal Electoral con competencia en la provincia aprobó la nómina de autoridades surgida de la elección partidaria del 29 de marzo y reconoció formalmente a la conducción que tendrá mandato hasta abril de 2030.
La resolución incorpora el acta de la Junta Electoral partidaria del pasado 22 de junio y dispone la aprobación de las autoridades electas para el período comprendido entre el 20 de abril de 2026 y el 20 de abril de 2030. Con ello, la Justicia Electoral termina de validar un proceso interno que había estado rodeado de cuestionamientos y especulaciones respecto de su reconocimiento formal.
Fue el propio Oscar Agost Carreño quien se encargó de comunicar la novedad a través de sus redes sociales. “El Juzgado Federal Electoral de Córdoba aprobó las autoridades elegidas en la elección interna del 29 de marzo. Estas autoridades son las que conducirán los destinos del PRO Córdoba hasta abril de 2030”, sostuvo el diputado nacional, además de felicitar al presidente partidario Oscar Tamis y al resto de las autoridades partidarias.
La decisión judicial llegó horas después de una nota que dio el dirigente Pedro Dellarossa a Mesa Chica de Diario Alfil en la que dejó abierta la discusión sobre quién tendrá la potestad de administrar el sello partidario en los próximos procesos electorales en Marcos Juárez.
Durante la entrevista el exintendente de Marcos Juárez confirmó que buscará regresar a la intendencia de la ciudad luego de que la actual intendenta Sara Majorel anunciara que no buscará la reelección.
Dellarossa aseguró que su intención es competir bajo el paraguas del PRO. “A mí me gustaría ir con el sello del PRO”, afirmó. Sin embargo, dejó entrever que la discusión interna sobre el control político de la herramienta electoral todavía no está completamente saldada.
Retomando la resolución judicial, esta representa mucho más que un trámite administrativo. Si bien no resuelve las diferencias estratégicas ni las discusiones sobre el futuro electoral del espacio, sí despeja cualquier duda respecto de quiénes son las autoridades reconocidas oficialmente por la Justicia Electoral.
La ratificación de la conducción encabezada por Agost Carreño y Tamis fortalece a un sector que viene buscando consolidar una estructura partidaria propia en medio de la reconfiguración del mapa opositor cordobés. También les otorga una posición institucional relevante de cara a las negociaciones futuras sobre candidaturas, alianzas y utilización de la marca PRO en los distintos distritos de la provincia.
La paradoja es que mientras la Justicia parece haber cerrado la discusión jurídica, la política recién comienza. Marcos Juárez aparece como uno de los primeros escenarios donde esa tensión podría hacerse visible, o bien terminar con unidad.
Allí, Dellarossa ya avisó que quiere volver a competir y que su prioridad es hacerlo con el sello amarillo. Ahora, con las autoridades partidarias formalmente reconocidas hasta 2030, la pregunta pasa a ser quién tendrá la última palabra cuando llegue el momento de repartir candidaturas y definir alianzas.
