Por: Florencia Coria
Un operativo judicial en el palacio municipal de Villa Nueva desencadenó una nueva escalada en la disputa política local. La medida, ejecutada por el fiscal del tercer turno, René Bosio, se produce en medio de un intercambio de acusaciones entre la actual administración de Ignacio Tagni y referentes de la gestión anterior encabezada por Natalio Graglia.
El episodio desnudó las profundas divisiones que persisten en la política villanovense, donde las diferencias administrativas han derivado en un enfrentamiento judicial con múltiples aristas. Las investigaciones en curso involucran a funcionarios de ambas gestiones, configurando un escenario de alta tensión política que trasciende las fronteras del municipio cordobés.
La controversia se intensificó tras la publicación en El Diario del Centro del País de una denuncia que involucra directamente al círculo familiar del intendente. Las acusaciones apuntan a irregularidades en el tratamiento de una deuda municipal correspondiente a un comercio vinculado a la familia Tagni, específicamente relacionado con la Tasa de Comercio e Industria por el período 2006-2018.
La respuesta oficial: contraataque y transparencia
Tras el revuelo mediático generado por el allanamiento, Tagni optó por una comunicación directa con la ciudadanía mediante un video institucional en su cuenta de instagram. Su estrategia comunicacional combinó la defensa de su gestión con un fuerte cuestionamiento a quienes iniciaron las acciones legales contra su administración.
El jefe comunal identificó a Vanesa Ciarroca y Carlos Piccolini, ex funcionarios de áreas sensibles como Economía y Obras Públicas durante el mandato de Graglia, como los impulsores de las denuncias que motivaron el procedimiento. La mención específica de estos nombres no fue casual, sino parte de una estrategia para politizar el conflicto y trasladar el foco hacia la gestión precedente.
Tagni construyó su relato sobre la base de una supuesta coincidencia temporal: mientras su municipio era allanado, él había presentado denuncias contra las mismas personas que lo acusan. Esta narrativa busca equilibrar la balanza mediática y presentar el caso como una guerra de denuncias mutuas en lugar de una investigación unilateral.
El discurso oficial hizo especial hincapié en la transparencia como valor distintivo de la actual gestión. El intendente subrayó que toda la documentación requerida por la justicia estaba disponible y que gran parte de la información ya era de dominio público a través del boletín oficial municipal.
En un movimiento que intensifica la confrontación, Tagni adelantó que presentará nuevos elementos probatorios la próxima semana, aludiendo a irregularidades millonarias vinculadas a documentación presuntamente apócrifa del período anterior.
La comunicación cerró con un reconocimiento explícito hacia los fiscales, en lo que puede leerse como un gesto de colaboración institucional y confianza en el proceso investigativo.
Los orígenes judiciales del conflicto
Según información oficial de la fiscalía, el 21 de julio de 2025 se recibieron dos denuncias penales presentadas por las propias autoridades municipales de Villa Nueva ante la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno.
La primera denuncia se originó en los resultados de una auditoría municipal que detectó serias inconsistencias en el seguimiento de importantes sumas de dinero público. La segunda investigación apunta directamente a irregularidades en la construcción del cuartel de bomberos voluntarios local, donde habrían aparecido facturas falsificadas por montos millonarios.
La gravedad de las acusaciones llevó a que inmediatamente se solicitara la colaboración de personal especializado de la División Operativa de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal provincial. El proceso investigativo se intensificó con la recepción de múltiples testimonios, el requerimiento de personal de Policía Judicial para realizar relevamientos topográficos y registros fotográficos, y el libramiento de oficios a diversas instituciones.
El allanamiento realizado en el municipio permitió el secuestro de documentación considerada crucial para el avance de ambas investigaciones. Las actuaciones continúan en desarrollo, pendientes de los resultados de las medidas probatorias aún en trámite.
Un conflicto político sin resolución
La estrategia comunicacional del intendente apuesta a revertir la narrativa, presentándose como víctima de una operación política orquestada desde la gestión anterior. Sin embargo, la acumulación de denuncias y la intervención de múltiples fiscalías sugieren que el conflicto trasciende las disputas partidarias para adentrarse en cuestiones de probidad administrativa.
