
La nueva conformación del Congreso demuestra cómo han cambiado los tiempos políticos y el polo de atracción del poder.

Por Eduardo Dalmasso*
La 1ra parte fue publicada con fecha 17 de septiembre
Hacia la salida del túnel
Eduardo Duhalde no cuenta con una legitimidad plena y enfrenta una economía en ruinas. Las medidas, multiplican las tensiones: bancos, ahorristas, trabajadores y empresarios reaccionan de manera dispar. Lo que para unos significa recuperar capacidad de maniobra, para otros se convierte en confiscación y pérdida patrimonial. De hecho, puede realizar estas acciones por el respaldo de diferentes actores que coinciden en la necesidad de un camino alternativo ante una situación extremadamente crítica (Zicari, 2016). El Movimiento Productivo Argentino (MPA) hace su aparición en el 2001, congregando a figuras políticas como Alfonsín, dirigentes sindicales, de cámaras empresarias, representantes del radicalismo, el peronismo, y otros con una clara incidencia de la provincia de Buenos Aires.
El ministro de Economía Jorge Remes Lenicov encarna la fase más traumática: un programa de emergencia que provoca situaciones de rebeldía. Entre otras medidas:
* Devaluación del peso
* Pesificación asimétrica
* Default de la deuda externa
* Retenciones a las exportaciones
* Salvataje al capital financiero
Los objetivos se resumen en poner fin a la convertibilidad para recuperar la competitividad externa y reactivar sectores productivos, así como en posibilitar la salida del default interno, atento a que el Banco Central cuenta con reservas de aproximadamente 9.000 millones de dólares frente a un pasivo de 43.000 millones. El default externo se plantea por la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones generadas a lo largo del modelo de convertibilidad y resulta imprescindible para liberar recursos que alivianen el impacto social. El problema acuciante es la combinación entre un perfil de vencimientos concentrados y elevados servicios en relación con las exportaciones, sin posibilidad de acceder a los mercados. El congelamiento de tarifas busca favorecer el consumo interno o atenuar el impacto social, aunque afecta sobre todo a empresas extranjeras. Las retenciones a las exportaciones fortalecen los ingresos fiscales y sostienen, en alguna medida, el poder de consumo de los salarios. Por último, se procura impedir la quiebra de los bancos.
En su significado profundo, estas medidas convalidan el quiebre del modelo de sustitución de importaciones centrado en el mercado interno, el cual, por su propia lógica, plantea un límite estructural a la baja de salarios y, en consecuencia, a la redistribución regresiva del ingreso. Todo el proceso de deterioro, desde Martínez de Hoz en adelante, provoca la existencia de un modelo de acumulación que se independiza de la capacidad adquisitiva de la masa asalariada. El modelo de valorización financiera está agotado y ya no hay “joyas de la abuela” que faciliten el crecimiento de los grupos económicos concentrados. Esta batalla la pierden quienes postulan la dolarización de la economía, y la remanente estructura productiva planteará severos límites al modelo distribucionista.
El índice de Gini
El comportamiento es el siguiente: de un nivel de 0,491 en el 2000 pasa a 0,537 en el 2002, para descender a 0,501 en el 2003. La pobreza urbana llega al 54,3 % en 2002, para bajar al 45,7 % en 2003. La evolución del índice de Gini refleja una mayor concentración del ingreso, producto de la devaluación, la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y la transferencia patrimonial implícita en la pesificación asimétrica (Panigo, Chena & López, 2015).
Ganadores: grandes grupos económicos endeudados en dólares, que ven licuadas sus obligaciones; exportadores, que se benefician de un tipo de cambio competitivo.
Perdedores: ahorristas con depósitos en dólares, que sufren una fuerte pérdida patrimonial; sectores asalariados, que enfrentan una caída del poder adquisitivo. Empresas de Servicios Públicos
Gabriel Kessler (2014) describe la fragmentación social poscrisis, el miedo al descenso social y la reconfiguración de las clases medias. La violencia emergente es producto de las tensiones entre inclusión y exclusión en el nuevo escenario.
Ordenamiento
El nuevo ministro de Economía Roberto Lavagna, comienza a ordenar el marasmo: promueve la industria nacional y el empleo mediante un tipo de cambio competitivo, alcanza un acuerdo fiscal con las provincias, revisa los contratos de servicios públicos y congela las tarifas. Se implementa un programa de ingresos mínimos para contener la emergencia social. Además, inicia negociaciones con el FMI y esboza las bases de una renegociación de la deuda externa sin ceder soberanía fiscal. El salto en los precios de los commodities inyecta optimismo y divisas. Recomponer el tejido social y la legitimidad estatal se vuelve prioritario.
Sin embargo
La combinación de déficit de legitimidad y crisis social, enfrenta a Duhalde con fuertes presiones de organismos de derechos humanos, de la Iglesia, de gobernadores peronistas y de actores empresariales. El impacto de la represión de Avellaneda (junio 2002) lo obliga a anunciar el recorte de mandato como salida institucional, antes que quedar arrastrado por la violencia.
*Dr. en Ciencia Política (UNC-CEA)

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