Passerini avanza en el saneamiento financiero y lanza un “RIGI” municipal

Por Felipe Osman

El Palacio 6 de Julio transita horas clave: ayer dio inicio al proceso de compra de 25 millones de dólares para satisfacer el pago de la cuarta cuota -de un total de seis- del crédito tomado por la ciudad en 2016, durante la segunda gestión mestrista.

En el contexto económico actual, de altas tasas de interés, el municipio no consiguió pesificar la deuda a partir de la colocación de un bono, y tuvo que salir a comprar divisas que, por fortuna, adquirió después de baja que siguió a los anuncios del Tesoro Norteamericano, comprometiendo un amplio respaldo al programa económico del Gobierno Nacional.

Según fuentes oficiales, el pago se afrontará con recursos propios, más allá de que se reconozca el respaldo ofrecido por el Centro Cívico. Y para contar con esos recursos, el municipio echó mano a una serie de medidas que le permitieron (y le permitirán) constreñir el gasto. Entre esas medidas, destacan un plan de facilidades contributivas, el relanzamiento del régimen de pasividad anticipada, el recorte de módulos y horas extra a los municipales, y hasta un programa de promoción de actividades productivas impulsado por la ciudad. Una especie de “RIGI” municipal.

El Plan de Facilidades consiste en la posibilidad de acceder a cuotas y descuentos en el pago de obligaciones administrativas vencidas (tasas, contribuciones e impuestos municipales), que regirá hasta el 31 de octubre, e implicará la reducción de hasta en un 60 por ciento de los recargos moratorios y resarcitorios para quienes decidan pagar en una cuota; y una deducción de un 40 por ciento para quienes decidan regularizar su situación en 2 o 3 cuotas.

Respecto del relanzamiento de la pasividad anticipada, es una herramienta recurrente en el municipio, que ya implementó Martín Llaryora en el 2020, y que da a los municipales que cumplan con los requisitos establecidos por el programa -aún no publicados- la posibilidad de anticipar su pasividad a cambio de resignar una parte del salario hasta que alcancen la edad jubilatoria. Según estimaciones del Ejecutivo, entre 1.300 y 1.500 agentes estarían en condiciones de acceder.

El recorte de horas módulo y horas extra es otra medida que busca generar ahorro. El 22 de agosto, Lorenzatti firmó la resolución 3196, que dispuso un techo a la asignación de horas módulo y horas extra a cada secretaría, en su primer anexo, y que ajustó el mecanismo para su autorización, en el segundo, haciendo más estrictos los controles, que deberán pasar, indefectiblemente, por su firma. Es una novedad que puede (o no) incomodar al Suoem. Sólo el tiempo lo dirá.

El “RIGI” de Passerini

Por otro lado, Passerini acaba de enviar al Concejo Deliberante el proyecto para sancionar un Programa de Promoción de Actividades Productivas, que buscará incentivar inversiones en la economía de la ciudad a través de la “sostenibilidad fiscal”.

El programa estará dirigido a personas humanas y jurídicas (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) radicadas o que se radiquen en el ejido municipal. Entre las actividades promovidas se cuentan la industrial, el desarrollo urbano, el turismo, médicas de alta complejidad y las que a futuro pueda agregar el Ejecutivo, mientras cumplan con mínimos de inversión establecidos.

Los principales beneficios que deparará el régimen son reducciones progresivas o exenciones de alícuotas en las contribuciones que inciden sobre los inmuebles y la actividad comercial, industrial y de servicios, por el lapso de hasta diez años. Y la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano, que conduce Lorenzatti, será la autoridad de aplicación del programa, y no podrán ser beneficiarios quienes registren deudas tributarias impagas con el Municipio.

Con esta batería de medidas, Passerini busca completar un saneamiento financiero del municipio que Llaryora no pudo redondear, quizá, por el adverso contexto que planteó la pandemia. En cualquier caso, la mención es válida, teniendo en cuenta que la actual administración municipal suele ser señalada como un punto flaco del oficialismo cordobés, pero ha abordado cuestiones de fondo, aún condicionada por la retracción del Estado Nacional y los adelantamientos de coparticipación que operaron entre Provincia y Municipalidad entre 2019 y 2023. Uno de ellos, Uber.