Imbricación narco en política y sociedad

Por Javier Boher 
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El inmortal es una película de 2010 protagonizada por Jean Reno. Hace unos días la volví a ver, esperando distenderme con tiros, sangre y venganza. La cosa sana.
La trama es relativamente sencilla: un líder mafioso decide retirarse y los que le compran el negocio deciden matarlo. Fracasan en su intento, poco después matan a un subalterno y ahí él decide vengarse de todos los involucrados en el tiroteo que casi le cuesta la vida.
Pero hay un detalle que no recordaba, uno que saltó rápidamente a la vista por el contexto actual. Los que encargan el asesinato lo hacen por miedo, porque quieren meterse en el negocio de la droga, una actividad siempre rechazada por el capo anterior. Temen que con su fuerte moralidad se convierta en un problema para sus operaciones futuras.
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La semana pasada el narcotráfico entró con fuerza en los medios y en la campaña. El triple crimen de Florencio Varela giró rápidamente en esa dirección, siguiendo la pista de un joven líder narco que habría encargado la tortura y asesinato de las prostitutas que supuestamente le robaron algunos kilos de cocaína. Muchos se concentraron en la nacionalidad del sospechoso, de origen peruano. Se sabe que hay bandas con integrantes de ese origen, muchos llegados tras la desarticulación de Sendero Luminoso, la guerrilla marxista que asoló al país andino por dos décadas.
Pero eso no es lo más importante. Claramente las mafias funcionan y operan con complicidades que salen del mismo Estado, con políticos, comisarios o miembros del servicio penitenciario que se encargan de que esas redes delictivas no se desarticulen, sino que generen recursos que les lleguen a ellos.
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Hace más o menos dos años escribí una nota sobre una famosa entrevista que dio Milei antes de ser presidente, en la que afirma que entre el Estado y la mafia prefiere a la segunda, porque “tiene códigos”. Eso pasa cuando formaste tu cabeza viendo una serie de Netflix en la que parecen tipos normales, no delincuentes que atentan contra el orden público y la misma vida en sociedad, destruyendo familias enteras por el problema del consumo. Tengo la suerte de que no me haya tocado en la familia, pero sí lo he visto muy de cerca y es desolador, al punto de un amigo confesando que deseaba la muerte de su hermana para que finalmente sus padres dejen de sufrir por la adicción. 
No hay códigos ahí, solamente un vicio que enferma a toda la familia.
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La película es una representación de la realidad. Es una ficción, algo que no es real. Los muertos no se mueren, los asesinos no matan a nadie y los tiros son pura pirotecnia. No por ver ese tipo de películas alguien va a creer en la violencia como forma de resolución de problemas, del mismo modo que se ríe de un chiste de humor negro y no anda riéndose en la cara de discapacitados ni nada por el estilo.
El fin de semana hubo mucha gente que apuntó contra las canciones de La Joaqui, que a mí personalmente no me gustan, pero que no son las que configuran la realidad que nos rodea. Puede edulcorar el mundo del lumpenaje que ha crecido en Argentina, pero creer que ella tiene más responsabilidad que ministros de seguridad, gobernadores, jueces o policías es una falta de respeto a la inteligencia. 
En todo caso, si hay que buscar responsables entre los formadores de opinión yo apuntaría contra los que relativizan la importancia de las fuerzas de seguridad, de un orden basado en leyes y del respeto por el prójimo. Me enojan mucho más los intelectuales que plantean que el Estado no debe perseguir a los delincuentes, sino regular el mercado negro para que no se anden matando. Vivo cerca de un caserío de unas 500 personas en donde ahora hay alguien que vende droga. No hay denuncias que consigan allanamiento, detenciones ni nada por el estilo, como si lo importante fuese que no molesten a los vecinos. Que ahora haya unas caras raras dando vueltas por la zona, dispuestas a robarse algo cuando no tienen plata para comprar esa especie de paco es anecdótico.
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El fin de semana se publicó que el economista, diputado y candidato José Luis Espert recibió USD 200.000 de un narco para su campaña presidencial 2019. Todas las justificaciones esgrimidas son insuficientes, en especial porque cada nueva pieza de información que se conoce desnuda que el marco operaba de ese modo en otros países y que Espert efectivamente recibió ese dinero. 
En su propuesta de reforma electoral, el gobierno quiere avanzar hacia un esquema en el que el Estado deje de sostener a los partidos, flexibilizando la posibilidad de aportes privados y reduciendo los controles sobre los mismos. Está claro que hay actividades ilícitas que financian campañas incluso con leyes más rígidas sobre aportes privados, pero al menos las inconsistencias de los números quedan mucho más en evidencia.
Lo del gobierno nacional a esta altura ya es inexcusable, porque demuestra hasta qué punto las redes narco están imbricadas con las redes políticas. La falta de estructura política propia le abre la puerta a todos los que controlan el territorio para que acerquen su propuesta de privatización partidaria, un esquema anárquico y descentralizado en el que sólo la plata mueve a la gente.
Lo peor del gobierno es que esgrime como defensa que los otros son peores. Si nos guiamos por las denuncias y los condenados puede ser, ¿pero qué clase de argumento es ese, que no destaca ninguna virtud sino apenas un poco menos de vicio?
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Al final Jean Reno se venga de todos y desarticula la banda narco. Lo hace con evidencia de las actividades ilegales y a los tiros. La ficción es linda porque nos hace ver cosas que en la realidad no existen.