Luz y Fuerza y la elección de los perseguidores perseguidos

Por Felipe Osman

Con las nuevas conducciones del Sep y la Uepc definidas, el mapa gremial con el que deberá lidiar Martín Llaryora a partir del 10 de diciembre está bastante delineado, aunque aun incompleto. En los próximos meses se definirá la conducción de otro sindicato de peso dentro del ecosistema gremial cordobés, y uno con el que la gestión de Juan Schiaretti mantuvo un extenso y profundo conflicto que hasta llegó a interferir con su campaña provincial de 2019: el sindicato de Luz y Fuerza Córdoba.

El Gobierno Provincial estuvo en pie de guerra con el gremio durante casi dos años, en los que puso límite a las bonificaciones de consumo energético a los empleados de Epec, tercerizó segmentos en los que el convenio estipulaba grandes extras, contuvo las paritarias y dispuso el pago en cuotas de la Bonificación Anual por Eficiencia, concepto que llega a representar cuatro salarios anuales y que perciben prácticamente todos los empleados. 

La conducción del sindicato apenas testigo de estas reformas, con su cúpula implicada en causas judiciales por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación.

Increíblemente, aún en ese contexto, el tándem Gabriel Suárez – Jorge Molina Herrera ganó las elecciones de 2019. Lo hizo ante una oposición dividida que, de haberse unificado, hubiera ganado cómoda. Los números entonces fueron 722 votos para la oficialista lista Celeste y Blanca, 590 para la lista Azul, liderada por Tomás Di Toffino, y 390 votos para la lista Naranja de Héctor Tosco.

El asunto es que, ahora, el oficialismo es el que estaría crujiendo. Molina Herrera habría desafiado el liderazgo de Suárez, y apostaría a quedar él al frente de la conducción como secretario general. Mientras, en la oposición también hay rispideces, pero habría un acuerdo básico “lidere quien lidere, vamos juntos”, repiten tanto desde la lista Azul como desde la Naranja. 

El 21 de este mes se celebrará la asamblea que definirá la Junta Electoral. A partir de allí se conocerán los detalles del cronograma electoral, incluida la fecha límite para la presentación de listas y, por ente, para sellar las alianzas. Los comicios ya fueron fijados por el consejo directivo para el 7 de diciembre.

Entonces sabrá Llaryora si tendrá que lidiar con un gremio conducido por Molina Herrera y Suárez, que ya han demostrado una enorme capacidad de adaptación para convivir con el peronismo, o con un sindicato en el que Di Toffino y Tosco marquen el ritmo, sin que haya aún pistas sobre la impronta que estos imprimirían al sindicato.

De lo que sí habría pistas, es de cómo se viene conduciendo el sindicato puertas adentro.

Los espacios opositores dan cuenta, en una publicación semanal a la que llaman “El Medidor”, de una situación asombrosa. 

Según cuentan dirigentes de la oposición gremial, el sindicato de Luz y Fuerza Córdoba reconoce a sus empleados el mismo convenio colectivo del que gozan los empleados de Epec, que data de 1975 y que fue negociado por el mismísimo Agustín Tosco. Ese convenio estipula, en uno de sus artículos, la conformación de una “Bolsa de Trabajo” en beneficio de los afiliados. 

En pocas palabras, implica que Epec debe cubrir sus vacantes, o al menos una porción muy respetable de ellas, con mano de obra señalada por el sindicato de Luz y Fuerza. Es decir, con hijos, sobrinos, primos y parejas de los actuales empleados de la empresa. 

Es una cláusula surrealista si se considera que la propia Constitución Provincial establece que el único criterio de asignación de empleo público debe ser la idoneidad para desempeñarse en el cargo, probada mediante un mecanismo objetivo de selección. Léase, concursos.

El sindicato ya ha puesto el grito en el cielo cuando Epec ha tenido reparos en contratar, privativamente, a empleados que provengan de esta “bolsa”, y hasta ha denunciado “persecución” por ello. Pero lo asombroso es que ese criterio, que el gremio exige cumplir a la empresa, no es cumplido por el propio sindicato: según denuncian desde espacios opositores, la conducción no acude a la bolsa de trabajo de los empleados del sindicato cuando necesita hacer nuevas designaciones, sino que prefiere elegir entre parientes y allegados de la propia conducción, escapando a las generales de su propia ley.