Boretto y Llaryora, la sociedad que molesta a Milei: Córdoba sostiene lo que Nación recorta

En medio del ajuste nacional, la UNC y el Gobierno provincial siguen avanzando en su alianza política para mantener viva la investigación científica. Un gesto de autonomía que incomoda a la Casa Rosada y que posiciona al Gobierno Provincial como un actor que articula y sostiene políticas sociales con un sector muy golpeado como la Ciencia y la Universidad Pública. Además, Boretto refuerza su rol dentro del mundo de rectores nacionales.

Universidad08 de octubre de 2025Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli
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Por Francisco López Giorcelli 


En un contexto nacional de ajuste y recortes sistemáticos sobre la educación pública, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) decidió tomar la Posta y seguir adelante. Frente al desfinanciamiento que el Gobierno nacional impone al sistema científico, la casa de estudios más antigua del país se convirtió en un actor político que no solo reclama, sino que actúa: financia con recursos propios la continuidad de sus proyectos de investigación, busca fuentes alternativas de financiamiento y articula con la Provincia de Córdoba para sostener la actividad científica. 


El mensaje, implícito pero contundente, es que la UNC no se resigna a la lógica del ajuste y que la Provincia aparece como un aliado político e institucional frente al abandono de la Nación.


El escenario presupuestario actual es crítico según declara la propia UNC que en un comunicado reciente admitió que la ciencia, la tecnología y la vinculación productiva enfrentan “fuertes restricciones presupuestarias” por parte de los organismos nacionales, lo que se traduce en menos recursos para laboratorios, equipos e investigadores. 


En esa situación, la universidad decidió no paralizarse: reestructuró internamente su esquema de prioridades para garantizar que los proyectos continúen, aún cuando los fondos nacionales se retrasan o directamente no llegan. La Secretaría de Ciencia y Tecnología, que conduce la política científica de la casa, detalló que entre 2023 y 2025 la UNC destinó más de 1,6 millones de dólares para sostener 3.324 proyectos, otorgó becas de posgrado a jóvenes investigadores y financió equipamientos e insumos que, en tiempos normales, habrían sido cubiertos por el Estado nacional. El esfuerzo no es menor: implica reasignar partidas, ajustar otros rubros y sostener salarios en medio de una inflación alta y una política de desinversión sistemática.


Esa decisión no puede leerse en términos puramente administrativos. Es una jugada política. La UNC, con el respaldo de su comunidad científica y del propio rectorado, encarna una forma de resistencia institucional frente a un modelo de gestión nacional que desmantela los pilares del sistema universitario. En esa misma línea, aparece la figura del gobierno provincial de Martín Llaryora como socio estratégico. La Provincia de Córdoba, que también asume un discurso de defensa de la educación pública, se convirtió en un sostén clave para algunos programas y proyectos que la UNC no puede financiar sola. A través de convenios, programas conjuntos y apoyo técnico, la Provincia aporta recursos y legitimidad, fortaleciendo la idea de que Córdoba puede mantener su propia agenda de ciencia y tecnología aun cuando la Nación se retira del juego.


En ese proceso, el vínculo entre Jhon Boretto y Martín Llaryora fue decisivo. Rector y gobernador, ambos construyeron en estos años un canal político y técnico de diálogo que permite una articulación más dinámica entre la UNC y la Provincia. La relación, que en otras gestiones se limitaba a acuerdos protocolares, hoy se traduce en una agenda común en materia de investigación, innovación productiva y desarrollo tecnológico. 


Esta sintonía entre los mandatarios no sólo facilita la coordinación de proyectos conjuntos, sino que refuerza la idea de que Córdoba puede trazar una estrategia propia en ciencia y educación, sin depender del humor político de Buenos Aires. El entendimiento entre ambos contrasta con el distanciamiento que la UNC mantiene respecto del Gobierno Nacional, donde los canales de diálogo se fueron enfriando tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y el persistente recorte de recursos.


La alianza entre la UNC y el gobierno provincial no solo llena un vacío económico: también construye una narrativa política. Córdoba se posiciona como territorio de defensa de la universidad pública, una bandera con fuerte arraigo social que contrasta con el discurso nacional del ajuste. Ese diferencial puede tener traducción electoral: Llaryora capitaliza el gesto de acompañar a la UNC en momentos críticos, mientras el Gobierno nacional aparece como responsable directo del deterioro. 


En la antesala del año electoral, el contraste se potencia. El oficialismo cordobés proyecta un mensaje de autonomía, de gestión responsable y de defensa del conocimiento local, mientras el Gobierno central pierde credibilidad frente a los sectores académicos, científicos y estudiantiles pero también frente a la sociedad civil.


La apuesta de la UNC también tiene su riesgo. Financiar la ciencia con recursos propios tensiona el presupuesto general de la institución, y no hay margen infinito para sostenerlo. Cada peso que se destina a un laboratorio o a una beca es un peso que se retrae de otro programa, y en un contexto donde los salarios docentes y no docentes también sufren recortes, la ecuación se vuelve delicada. Por eso este tipo de articulaciones termina siendo fundamental y la figura de Boretto toma peso dentro de los rectores del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). 


Pero el gesto político vale más que el costo: la universidad muestra que puede sobrevivir incluso sin el apoyo de la Nación, reforzando su imagen de autonomía y liderazgo institucional. En un clima nacional de enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades, Córdoba consolida así una identidad de resistencia, apoyada en la cooperación local y en la decisión de no dejar caer la producción científica.


Lo que ocurre en la UNC no es aislado. Es el reflejo de un proceso más amplio en el que las universidades públicas, asfixiadas por la falta de fondos, se ven obligadas a redefinir su rol frente al Estado nacional. En este caso, la conducción universitaria decidió que no puede limitarse a reclamar: tiene que garantizar que la ciencia siga funcionando. Esa elección, más allá de su costado técnico, es una definición política de fondo. 


Mientras el Gobierno nacional desmantela los mecanismos de financiamiento, la UNC refuerza los suyos y consolida lazos con la Provincia. En términos de poder, se trata de una jugada que reposiciona a Córdoba dentro del mapa universitario y político argentino: una provincia que, ante la retirada del Estado, apuesta a sostener la producción de conocimiento como política de desarrollo y, de paso, marca distancia con el modelo nacional.


En definitiva, la UNC aparece hoy como un símbolo de resistencia académica e institucional. Su decisión de financiar la ciencia con recursos propios y apoyo provincial no solo garantiza la continuidad de las investigaciones, sino que envía un mensaje político potente: en Córdoba, la universidad pública no se rinde. En tiempos de desfinanciamiento, la ciencia también se convierte en territorio de disputa, y la UNC, lejos de quedarse al margen, eligió ponerse al frente.

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