Javier Boher
Por Javier Boher
A diferencia de lo que opinan muchos otros, yo no creo que nuestro marco legal para contratar personas sea un mal en sí mismo. Con estas mismas leyes hemos tenido momentos de más actividad y menor desempleo, por lo que el problema debe estar en otro lado, que personalmente ubico en la estructura sindical peronista, el funcionamiento de la justicia laboral y la extorsión permanente a los empleadores. Lamentablemente, todo eso tiene más fuerza con las leyes actuales.
Desde las filas libertarias se ha empezado a hablar de que la primera movida para retomar la iniciativa va a venir por el lado de la reforma laboral. El objetivo económico es conseguir la formalización de millones de argentinos que hoy no tienen aportes, cobertura médica, vacaciones, ni nada de todo lo que disfrutan tantos otros trabajadores. Esto último es una verdad a medias.
El monotributo es una herramienta que se ha extendido cada vez más en el mundo del trabajo. Muchas empresas eligen esa forma porque se ahorran mucho dinero en cargas sociales respecto a contratos dentro del convenio. Los trabajadores empleados bajo esa figura tienen aportes y cobertura médica, vacaciones, feriados y ART. Solamente cambia la parte que se llevan todos los otros, achicando la brecha entre lo que quiere cobrar el empleado y lo que quiere pagar el empleador. En algunas empresas el ahorro se usa para armar un colchón con el que hacer frente a un juicio laboral, que va a llegar independientemente de la prolijidad con que se hayan hecho las cosas.
La propuesta de reforma laboral pretende meter dentro del sistema a millones de personas que hoy no hacen los aportes necesarios para sostener el sistema de seguridad social. Es un paso previo hacia la normalización de la economía, en el momento de menor costo político para hacerlo: los sindicatos están desprestigiados y no se han movilizado contra Milei, a la vez que la informalidad pega con más fuerza entre los jóvenes, la base de apoyo más sólida para el presidente. Avanzar con una reforma tributaria generaría roces con los gobernadores, mientras que una reforma previsional permitiría que los progresistas salgan a llorar por los abuelos que ellos mismos hundieron en la pobreza. Esta parece ser una lección aprendida de lo que fue el gobierno de Macri, que intentó ir por ambos lados y generó las condiciones para que surja una oposición popular a su gobierno.
Milei parece haber entendido que primero tiene que generar cambios que la gente valore en el corto plazo para poder salir a buscar transformaciones más profundas y con un impacto más difícil de medir al nivel de la calle. Si además pensamos en que la mitad de los votantes tiene menos de 32 años, la urgencia política está en lo que afecta a esas generaciones más cercanas a la base de la pirámide poblacional.
Como siempre, las redes se llenaron de información sesgada o incompleta. Muchos medios hicieron un supuesto análisis del proyecto de ley, pero no copiaron el texto original como para ver de qué se trata, repitiendo interpretaciones que hicieron otros.
Si se revisa punto por punto, la cosa no es una reinstauración de la esclavitud, no se legaliza la explotación ni se deja en situación de vulnerabilidad a los trabajadores, sino que se pretende adaptar el marco legal a lo que sucede en el mundo que los dirigentes invocan como modelos. Claro que lo hace incluyendo las particularidades de nuestra realidad, como ofrecer un bono fiscal de hasta 18 meses para los privados que contraten a quienes han sido empleados públicos.
Otro ejemplo sería que se extiende la jornada laboral a 12 horas, pero eso no lleva la carga total a 72, sino que se mantiene el tope de 48 horas semanales. La mayoría de los periodistas que se escandalizan capaz que trabajan (o le dedican a su trabajo por otras vías) esas 12 horas diarias, muchas veces en la informalidad, como quien suscribe. Nadie vive del básico de periodista, lo que obliga a multiplicar las actividades en otros medios, otros ámbitos y otros rubros. ¿Ocho horas diarias de ocio? Solamente en los libros de cuentos (y en el Estado, por supuesto).
