Antiliberalismo formoseño

Por Javier Boher 
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Todavía estamos definiendo qué entendemos por el liberalismo realmente existente en Argentina. Aunque se proclama que es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, nunca termina de quedar suficientemente claro que esto sea así. Pese a eso, en todas las vertientes del liberalismo o el libertarianismo existen ciertas cuestiones básicas y elementales que se deben respetar para que podamos decir que estamos en presencia de un orden liberal. 
El federalismo argentino surgió respaldando ideas no liberales. Aunque algunos defensores de las autonomías provinciales creían en la libre determinación de los intereses de cada provincia, la mayoría pretendía sostener un orden político autoritario fronteras adentro de sus territorios. La defensa de ciertos valores o instituciones en contraposición a todo lo que representaba el puerto fue el elemento clave en los valores de la Argentina. Como nada se destruye, sino que todo se transforma, eso permanece todavía en la relación entre estas entidades subnacionales.
La diferencia entre un proyecto liberal vinculado a Buenos Aires y su proyección a través de los océanos, respecto al proyecto de las provincias más orientado hacia adentro del territorio es una dinámica que afecta las relaciones políticas nacionales desde siempre.
Aunque estas tensiones marcan la convivencia entre provincias, nunca parece haber grandes desencuentros entre los proyectos políticos nacionales y las realidades de las periferias internas. Sin embargo, a medida que la distancia aumenta respecto al puerto, ciertas prácticas incompatibles con un orden liberal se empiezan a hacer más extendidas y toleradas. El caso más extremo de esto es el de la provincia de Formosa, que nunca llega a los titulares por cosas positivas, por más que el régimen de Gildo Insfrán se esfuerce por comunicarlo. 
Formosa fue uno de los últimos territorios argentinos en ser conquistados. La autoridad estatal demoró hasta principios del siglo XX para instalarse allí y asegurar la soberanía. La administración de ese espacio se realizó bajo la forma de un territorio nacional gestionado desde el gobierno federal. A pesar de la inmadurez política del lugar, la necesidad electoral del peronismo llevó a que se le reconociera como provincia plena de derechos. Si bien allí nunca hubo una verdadera democracia plena con respeto por los derechos humanos, la deriva autoritaria se ha evidenciado con mucha fuerza desde fines de la década del 90 y solo empeora.
La reelección indefinida que existe en la provincia marca que lleva 30 años bajo la misma conducción. La falta de alternancia y renovación es contrario al espíritu liberal republicano que lo alienta como condición fundamental para sostener la convivencia y la división de poderes. Esa acumulación de poder en una sola figura oprime a los ciudadanos recordándoles derechos que se dan por sentados en otras partes del país. 
Célebre es aquella frase que el senador José Mayans pronunció en tiempos de distanciamiento social por el COVID 19: “en pandemia no hay derechos”. Hay que recordar que lo hizo cuando había denuncias de la existencia de campos de detención ilegal en la provincia, lo que supuestamente obligaba a las embarazadas a refugiarse en el monte para parir a sus hijos. El hecho de que siquiera podamos pensar que eso es posible dentro del territorio argentino nos da la pauta de que nadie cree que en ese territorio exista el liberalismo. 
La noticia de esta semana fue que el municipio de la ciudad de Formosa decidió empezar a cobrar una tasa para el ingreso de camiones al ejido municipal, lo que claramente contradice el derecho constitucional a la libre circulación. Por supuesto que mucha gente defiende la postura del municipio alegando que pasa lo mismo con los peajes, a pesar de que el monto abonado en el norte es mucho mayor que el que se paga en Córdoba (con rutas mucho peores).
El orden liberal fundado a partir de la sanción de la Constitución de 1853 marca la existencia de ciertos derechos y libertades que orientan la organización política del país. Si bien en el momento de adoptar dicha ley fundamental todavía había que resolver las cuestiones de violencia interna y luchas con los caudillos, el rumbo que se pretendía seguir y el orden que se quería alcanzar estaban mucho más claros que ahora.
El texto suprime las aduanas interiores, asegura la libre circulación de los ríos y garantiza el libre tránsito de bienes y personas por todo el territorio nacional, independientemente de la voluntad de los gobernadores de cada distrito. Aunque hoy gozamos de esos derechos en prácticamente todo el Argentina, el camino para alcanzarlos no fue sencillo, sino todo lo contrario. 
Quizás no sea tan fácil definir qué es el liberalismo argentino o si la gestión del presidente Milei es liberal, pero ponerse quisquillosos con cuestiones teóricas o doctrinarias cuando hay lugares del país donde no se garantizan los derechos más básicos de la población -como el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión o la libertad de asociación- nos retrotraen al caos de la organización nacional de hace un siglo y medio. Lo peor de todo es que hay gente que cree que ese tipo de modelos deberían ser replicados en otras partes del país… y algunos pretenden convencernos de que con ellos se puede debatir ideas.