Quedó sancionado el presupuesto de 109 mil millones de pesos que combina reducción de tasas, incentivos a la producción y el lanzamiento del programa V.I.D.A. para reorganizar el trabajo territorial. La estrategia de Accastello equilibra responsabilidad fiscal con apuesta al crecimiento.
Villa Maria05 de diciembre de 2025 Florencia Coria
Por Florencia Coria
En segunda lectura quedó sancionado el paquete que incluye el Presupuesto General de la Administración Municipal de 109 mil millones de pesos, la Tarifaria y los presupuestos del Instituto Municipal de Inversión y de Vivienda. La propuesta que Eduardo Accastello había presentado semanas atrás finalmente tiene luz verde legislativa.
El presupuesto marca línea política clara: reducción de la presión fiscal, incentivos al sector productivo y reorganización del trabajo territorial. Accastello vinculó los cambios con “lo que votaron los argentinos” en las últimas elecciones nacionales. Esa lectura atraviesa la arquitectura presupuestaria: bajar costos operativos, modernizar procesos y no trasladar el ajuste a los vecinos.
Tasas: la apuesta al bolsillo
La Tasa de Servicios a la Propiedad tendrá un incremento del 31,9% interanual, igualando la inflación de 2025 sin proyectar la de 2026. Respecto al último cedulón, el aumento es del 15%. Accastello había anticipado un 20% en octubre, pero lo bajó un 25%.
La Tasa de Comercio baja 10% en alícuotas para el 50% de los comerciantes (hasta 88 millones de facturación anual). Los nuevos emprendimientos podrán deducir hasta el 50% del alquiler con tope de un millón. Alícuota cero para inscripciones y actividad primaria. Eximición total para economía del conocimiento.
En rodados, baja del 18% al 15% el Tributo para el Fomento, descuentos del 30% por pago único y eximición del 50% para vehículos eléctricos e híbridos.
V.I.D.A.: la reorganización territorial
El programa V.I.D.A. (Villa María, Desarrollo y Abierta) es la apuesta más disruptiva del presupuesto 2026. No se trata solo de un cambio de nombre o una reasignación de partidas: es una reingeniería completa del modo en que el municipio trabaja el territorio.
La lógica es unificar el trabajo de salud, educación, cultura, deporte y municercas bajo una misma coordinación territorial. “No queremos que haya muchos municipios, sino uno solo”, planteó Accastello al explicar el programa ante los concejales.
La frase resume la filosofía: evitar la superposición de estructuras, optimizar recursos y llegar al vecino de manera integrada.
El programa tendrá 1.700 millones de pesos, lo que representa un salto significativo respecto a experiencias anteriores como el “Piense y Propone”. Pero la novedad central está en el mecanismo de asignación: cada barrio recibirá un 5% del presupuesto de Tasa de Servicios según lo recaudado en su zona, y serán las instituciones barriales las que votarán las prioridades.
En una apuesta a la democracia de proximidad, el municipio descentraliza decisiones, empodera territorialmente a las organizaciones intermedias y, al mismo tiempo, reduce costos operativos al unificar equipos de trabajo.
Audiencia pública y participación ciudadana
La audiencia pública convocada por la Carta Orgánica permitió que vecinos expresaran sus prioridades y plantearan inquietudes sobre el destino de los recursos municipales. Las intervenciones se concentraron principalmente en tres ejes que concentran la demanda social: salud, educación y seguridad.
La audiencia cumplió su función institucional: dar voz a las demandas ciudadanas antes de que el Concejo Deliberante vote en segunda lectura.
El Concejo aprobó el presupuesto
En cumplimiento del procedimiento legal establecido por la Carta Orgánica Municipal, el Concejo Deliberante aprobó en segunda lectura tanto el Presupuesto General de la Administración Municipal como la Tarifaria 2026. También quedaron aprobados en segunda lectura los presupuestos del Instituto Municipal de Inversión y del Instituto Municipal de la Vivienda para el próximo año.
En primera lectura quedó el presupuesto del Ente de Movilidad Urbana (ENDEMUR), que deberá pasar por audiencia pública.
También se ratificaron convenios estratégicos: el acuerdo con EPEC para el incremento de potencia y el nuevo Centro Operativo en la ciudad, y la creación de la Comisión Tributaria Intermunicipal Permanente junto al municipio de San Francisco.
El salto de 104 a 109 mil millones no impacta en los recursos de los vecinos. La diferencia viene de la adquisición del edificio PROCREAR y la incorporación de 650 lotes sobre calle Buenos Aires. Villa María tiene hoy más de 5.600 terrenos loteados y otros 5.000 en trámite. La exención del adicional de baldío para primera vivienda es incentivo concreto.
La concejal Yaslil Oses, del bloque oficialista “Hacemos Unidos por Villa María destacó la aprobación: “Hoy pudimos aprobar por mayoría el presupuesto y la Tarifaria 2026. Esto permitirá al municipio llevar adelante políticas públicas en salud, educación, desarrollo humano, cultura e infraestructura. El presupuesto asciende a 109 mil millones gracias a la recuperación del loteo PROCREAR, los 650 lotes y el edificio que permitirá dar 700 soluciones habitacionales”.
Oses explicó que el incremento presupuestario “no se traduce en un aumento de tasas, sino en una recuperación de activos que luego serán puestos a la venta. La tarifaria está ajustada a la realidad, a la inflación, con medidas beneficiosas para los sectores más vulnerables, como la tarifa social y los beneficios para familias de escasos recursos”.
Cabe señalar que, el mapa de votación mostró las divisiones de la oposición. Manuel Sosa, del Unibloque “Uniendo Villa María”, y Felipe Botta, del bloque “Juntos por el Cambio”, no acompañaron ni el Presupuesto ni la Tarifaria. Pablo Perret, también de “Juntos por el Cambio”, votó únicamente la Tarifaria pero rechazó el Presupuesto.
Por ahora, Villa María tiene presupuesto para 2026. Los números están aprobados, el rumbo trazado y la gestión en marcha.
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En las próximas horas comenzarán las notificaciones. Actualmente, hay 370 becarios y 170 monotributistas, con sueldos que van desde los $200.000 al $1.500.000. La mayoría, contratos vinculados a concejales oficialistas.
