Ciudad Autónoma de San Jerónimo

Por Javier Boher 
[email protected]

Esta nota es producto de varias cosas juntas, que se resumen bastante bien en la idea de que la ciudad de Córdoba no está tan linda como a uno le gustaría. Las cuestiones políticas y económicas pegan de lleno en una gestión que no tiene demasiadas herramientas para administrar todos los desafíos que le plantea ser una ciudad de 1.500.000 habitantes, un número bastante alto si se lo compara con la mayoría de las provincias, por lo que las dos córdobas resultantes serían la sexta y novena provincias de acuerdo a su cantidad de habitantes.

Así, mientras pensaba en cuántas cosas ya se sienten como causas perdidas en la capital provincial, recordé un proyecto insólito de un politólogo que quería dividir en suficientes partes al Estado de Nueva York para poder forzar un cambio en la cantidad de senadores demócratas y obtener control de la cámara, todo con el fin de reformar la Constitución y permitir el voto directo. Los politólogos somos un poco de delirar pensando en esas cosas altamente improbables, pero que generarían un gran ruido en la política.

Por eso pensé en qué pasaría si la ciudad de Córdoba proclamara su condición de provincia. La posibilidad legal existe, porque solamente depende de una ley de la legislatura de Córdoba que apruebe una escisión de esas características. El ingreso a la federación podría ser bajo las mismas reglas que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde viven 3,1 millones de personas en una superficie que es el 35% de la superficie del departamento capital. 
La idea es bastante absurda si la pensamos fríamente, pero también nos serviría para explotar las grietas del sistema. Hace rato que algunos nos quejamos de que que la provincia está su representada en el Congreso nacional por el criterio que establece el decreto ley 22.847 de Bignone, una regla antigua que es casi imposible de cambiar.

Los distintos proyectos de ley que andan dando vueltas sugieren una representación de 23 diputados para Córdoba, cinco más que los actuales. La norma en cuestión establece que ese es el piso de representación para cada provincia, de allí que distritos pequeños como Tierra del Fuego tenganas de un cuarto de la representación que tiene Córdoba.
El decreto también establece que se debe asignar un diputado cada 161.000 habitantes o fracción no menor a 80.500, a los que se sumarán tres diputados, y una regla que impide que las provincias pierdan representantes en cada reforma. Esto hace que si quisiéramos ordenar la representación a partir de la relación entre los cinco diputados fueguinos y la población de la provincia, Buenos Aires debería tener 468 diputados, 82% más que la totalidad del congreso actual. Inviable.

Con esa regla de no perder diputados, la Córdoba original (todo el territorio resultante de remover la capital) mantendría sus 18 diputados, pero la nueva provincia (San Jerónimo, Córdoba Central o Ciudad Autónoma de Córdoba, como determine el marketing) debería definir sus nuevos diputados, que serían nueve según la proporción del decreto ley, a lo que habría que sumar dos más, haciendo un total de 11. De este modo, la actual provincia de Córdoba pasaría a tener 29 diputados en un congreso de 268 miembros, una ligera sobrerepresentación que nos merecemos por tanto destrato porteño/bonaerense (de hecho CABA está actualmente sobrerepresentada).
Hay que pensar en todas las cosas positivas de tal proyecto, entre las que se encuentra el ordenamiento de la representación. Si en las listas de la Córdoba vieja no hubiese más gente de la capital habría sectores como el campo que estarían mucho mejor representados. La gente de San Francisco, Río Cuarto o Villa María tendría más peso en las discusiones nacionales, algo necesario.

A algunos les puede parecer que la gestión de la ciudad se complicaría, pero no tiene por qué ser así. Pasaría a recibir coparticipación nacional y contaría con otras herramientas, como el cobro de impuestos a todas las empresas de la ciudad. Quizás incluso el ordenamiento podría hacer bajar la presión tributaria total, aunque eso sería demasiado pedir.

Otra cuestión sería la posibilidad de hacer su propia policía (aunque quizás fuese mejor que unifique operaciones con la de la Córdoba Vieja), aunque el mayor desafío sería traspasar escuelas y hospitales, pero no hay que darlo por perdido de antemano.

Incluso ambas provincias podrían definir una región con legislación común, apelando a una institución reconocida en la Constitución y a los procesos de gobernanza multinivel que se ven en el mundo.

Quizás el proyecto sea ambicioso y absolutamente inviable en términos políticos, pero nunca está de más tirar al aire estas ideas. Seguramente los políticos de capital e interior no querrán perder ese vínculo tradicional de tantos años, pero en rigor de verdad, más de la mitad del tiempo que el peronismo gobernó la provincia la capital estuvo gobernada por otro partido.

Todo esto puede ser solamente un delirio de fin de año de alguien que se ilusiona con la posibilidad de que Córdoba sea un poco más que lo que es hoy, asegurando que todos sus habitantes vivan cada día un poquito mejor. Si para eso tenemos que recurrir a la triquiñuela de fundar la Ciudad Autónoma de San Jerónimo, que así sea.