La cirugía en la Caja que la derrota habilitó

Por Yanina Soria 

El golpe del 26-0 que rápidamente acusó el gobernador Martín Llaryora sigue impactando en las decisiones que toma la política cordobesista. Mientras el ex gobernador y todavía diputado electo (no asumido) Juan Schiaretti, sin responsabilidad de gestión eligió replegarse y desaparecer abruptamente del escenario público horas después de la derrota, el mandatario no perdió tiempo, leyó el mensaje de las urnas y recalibró. 

Enfocado fuertemente en la gestión, el lunes 27 de octubre Llaryora comenzó a trabajar en su proyecto reeleccionista. Volvió a ser un gobernador amigable con la administración del presidente Javier Milei y ajustó tuercas hacia dentro de la estructura política para encarar la segunda parte de la gestión con mayor energía y con un equipo mucho más político. 

Ese último tramo de cualquier administración que, dicen, es el que verdaderamente tiene en cuenta el electorado a la hora de votar. De allí, la creación de un ministerio para Miguel Siciliano con fuerte injerencia en la Capital, principal distrito electoral y bastión fundamental para cumplir el objetivo del ´27. 

Y cuando el calendario comienza a marcar el final de este 2025, el llaryorismo irrumpe en el tablero legislativo con un proyecto repentino que pone en agenda un tema irresuelto desde hace años: el déficit en la Caja de Jubilaciones de Córdoba. 

A la maratónica sesión de ayer, donde estaba previsto aprobar en segunda lectura el Presupuesto y los pliegos de designación del nuevo Fiscal General de la provincia, Carlos Lezcano, el oficialismo sumó un ajuste previsional. 

Casi como un clásico de cada fin de año, el peronismo sorprende con temas de gran envergadura en el recinto y, sin tiempos ni lugar para la discusión profunda, hace valer la mayoría que, en esta gestión, fue construida con aliados. 

El peronismo compatibilizó la iniciativa popular que presentaron unas 38 mil jubilados (en su mayoría docentes), con la iniciativa del socialista oficialista, Matías Chamorro, y otra del libertario Agustín Spaccesi. 

Como resultado, para achicar el rojo de la Caja, declara la emergencia previsional y, entre otros cambios, sube aportes personales que irán entre el 2 y el 8 por ciento de manera progresiva, y que impactarán en los empleados estatales con mejores sueldos, entre ellos, bancarios, judiciales, municipales, y de Epec. Será a decisión del gobernador. 

Para compensar, el oficialismo propone un adicional no remunerativo hasta el límite del 82 por ciento para aquellos jubilados que cobren entre 1.300.000 y 1.500.000. Según dijeron ayer, alcanzarán al 60 por ciento de las jubilaciones de Córdoba. Por otro lado, en tanto, se desistió del intento de ponerle un tope a las jubilaciones para aplicar el recorte. 

En la narrativa construida para explicar o justificar el ajuste, el llaryorismo apunta a instalar sus dos verdades, tramposas a los ojos de la oposición, por cierto: 1- la culpa es del gobierno de Javier Milei porque no manda los fondos; 2- Por qué el sector privado tiene que financiar el déficit de la Caja. 

Con esas premisas puestas en la agenda pública y sin un solo razonamiento de autocrítica sobre el manejo que vienen haciendo del sistema, el Gobierno busca capitalizar los nuevos vientos que soplan con el mileísmo y plantea una solución parcial trasladando la discusión entre los propios trabajadores. 

A los gremios que también se desayunaron ayer con esta nueva iniciativa previsional, les dice que le reclamen a la Nación, y les promete que, si efectivamente el gobierno libertario cumple con el envío de los fondos que debe, se podrían revertir entonces varias de estas medidas. 

Los voceros de estos cambios, hablaron ayer de un acto de “estricta justicia social” en medio de una crisis, “el esfuerzo deben haberlo quienes más perciben para que a los que menos cobran se les comiencen a restituir derechos”, señalaron. 

El cambio de estrategia respecto al rojo de la Caja, lleno de pragmatismo para algunos, abrió un nuevo capítulo de fuerte enfrentamiento con la oposición y con el sector gremial que promete seguir en pie de guerra.