Por Gabriela Yalangozian
El gobernador Martín Llaryora lograba al cierre de esta edición en una fuerte arremetida, imponer un ajuste previsional que sorprendió al arco opositor de la Legislatura provincial por la premura de su presentación e inmediato tratamiento en recinto, todo en el mismo día.
Lo que había iniciado como un reclamo social y se plasmó en un proyecto de Iniciativa Popular impulsado por jubilados por la devolución del 82% móvil, permitió anclar una ley que abre la puerta al Gobierno para declarar la Emergencia de la Caja de Jubilaciones, y aumentar los aportes personales de los trabajadores activos hasta un 8%, exaltando aún más el caldeado ánimo gremial.
Ese mismo mediodía, miles de empleados estatales habían protestado en la calle por la avanzada de un 4% en sus aportes. Pero lejos de calmar el clima social cargado, el gobierno de Llaryora decidió acelerar los tiempos y llevar al recinto, casi sin aviso, la declaración de la emergencia previsional y redefinición del funcionamiento de la Caja de Jubilaciones. El Panal se aseguró así el ajuste previsional bajo el argumento del déficit proyectado para el 2026 en virtud que la Nación no garantiza los giros que históricamente reconocían el desfasaje previsional de Córdoba tras la armonización de su sistema.
La jugada no fue improvisada. El oficialismo adelantó dos fechas el tratamiento del tema, concentró comisión y recinto en la misma jornada y eligió hacerlo mientras los gremios ya estaban movilizados. Mejor que el desgaste ocurra de una sola vez, con la protesta afuera y el trámite adentro, que extender el conflicto en el tiempo.
El despacho que se puso en juego en recinto a último momento le permitió al Panal ganar la pulseada con legisladores propios y afines.
Los alcances del ajuste previsional
Hasta último momento -la sesión se postergó más de tres horas- el texto del proyecto de ley tuvo cambios en el despacho de comisión. En la febril negociación a contrareloj para captar más adhesiones, se incorporó sugerencias del legislador del PRO Oscar Agost Carreño.
El despacho final declara la emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional público provincial por cinco años, con posibilidad de prórroga automática.
También faculta al Poder Ejecutivo a graduar el polémico artículo 58 de la Ley 8024, que regula los descuentos a quienes perciben más de un beneficio previsional. Sobre este particular, el aporte solidario se aplicará cuando la suma de ingresos supera el equivalente a nueve haberes jubilatorios mínimos.
Si bien el despacho incluye la creación de un adicional no remunerativo para que los jubilados de menores ingresos puedan alcanzar el 82% del haber, el beneficio no será universal ni móvil, y queda sujeto a la reglamentación del Ejecutivo.
En paralelo, la ley habilita aumentos de aportes a los trabajadores activos de hasta el 8%, un punto que encendió la bronca de los gremios estatales, que ya habían llevado el conflicto en la calle cuando el porcentaje que había trascendido era del 4%.
Asimismo, en su artículo 6º, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial transferir la administración de los subsistemas previsionales de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros a las entidades gremiales que así lo requieran.
En tanto, entre las modificaciones incorporadas a último momento se instruye al Poder Ejecutivo a morigerar hasta la eliminación del diferimiento en el reajuste de haberes; un pedido concreto realizado por Agost Carreño para acompañar en lo general el proyecto, junto con el cumplimiento del artículo 27 de la Ley previsional 27260 del expresidente Mauricio Macri.
Una lección cívica
Entre los jubilados autoconvocados que impulsaron la iniciativa popular, hubo decepción por no lograron los puntos solicitados con su proyecto original. Porque no trata el 82% móvil, no plantea la regularización de la Caja, no deroga el diferimiento, ni elimina el artículo 58, o poder elegir otra obra social que no sea el Apross.
Sienten que el oficialismo utilizó el reclamo como excusa para avanzar con una reforma que consolida el ajuste. “Nos dijeron que iban a tratar el 82% móvil y terminaron aprobando otra cosa”, aseguraban los impulsores con decepción.
Sin embargo, en plena sesión fueron aplaudidos por el esfuerzo, por la lección cívica de haber impulsado la tercera iniciativa popular en la historia de la Unicameral. Aún cuando lo aprobado en sesión, no se haya ajustado a lo solicitado con más de 38.000 firmas.
Desde la oposición, las críticas fueron duras señalando que el proyecto era “engañoso” ya que no restituye el 82% móvil.
El proyecto que fue puesto a consideración en general y en particular, e iba camino a ser aprobado. Varios bloques de la oposición acompañaron en lo general, pero se abstuvieron o rechazaron varios de sus artículos en lo particular. Otros como la UCR, el MST, el Frente Cívico, Encuentro Vecinal o Construyamos Córdoba, adelantaron que votarían todo en todo.
El rechazo también fue contundente desde los gremios. El titular del SUOEM, Rubén Daniele, advirtió: “No somos responsables del déficit de la Caja”, insistió, y apuntó a Rentas Generales como la fuente que debería financiar los regímenes especiales.
Desde la UEPC, Roberto Cristalli fue igual de categórico: “Entre la Caja y Apross vamos a aportar el 26,5% del salario. No estamos en condiciones de seguir soportando más descuentos”.
Y también desde el Tribunal de Cuentas, su presidente Beltrán Corvalán tuvo sus expresiones al respecto. Mientras el oficialismo justificó la reforma en que la Caja está “un déficit proyectado de más de 800 mil millones de pesos para el 2026, Corvalán puso en duda esas cifras. En un comunicado que se conoció ayer, afirmó que la deuda real de la Caja ronda los 246 mil millones, y que la diferencia surge de intereses que la propia Provincia le cobra al sistema previsional. “Se construye el relato de que la Caja está quebrada para justificar ajustes que siempre recaen sobre jubilados y trabajadores”, advirtió.
Aún ante las críticas, el gobierno de Martín Llaryora logró aprobar una reforma clave en su agenda, declarando la emergencia previsional, ajustando jubilaciones altas y bajas, y quedándose con la facultad de modificar aportes y descuentos. Afuera, en la calle, el conflicto quedó lejos de cerrarse.
