La Justicia le marca límites a Llaryora y la reforma previsional entra en zona de riesgo

Por Gabriela Yalangozian

La reforma previsional que el gobierno de Martín Llaryora logró aprobar a contrarreloj sobre el cierre de 2025 en la Legislatura, arrancó el año nuevo atravesada por una resolución judicial que el arco opositor aplaude y el frente gremial mira con atención. 

El fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación que frenó parcialmente la aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria fue leído por muchos como algo más que una cautelar individual: fue interpretado como una advertencia del Poder Judicial.

La resolución, dictada el 30 de diciembre, ordenó a la Caja de Jubilaciones de Córdoba “abstenerse de aplicar” los efectos del artículo 2 de la Resolución 496 del Ministerio de Economía sobre una jubilada provincial, hasta tanto se resuelva el fondo del amparo. Técnicamente es una medida de no innovar. Políticamente, es un límite.

El tribunal fue explícito al señalar que, con la reglamentación ya vigente, cambió el escenario jurídico. En el fallo, las camaristas sostienen que la publicación del decreto y la resolución ministerial en torno a la Ley de Equidad Jubilatoria “consolidaron una situación de amenaza que motivó la interposición de la acción de amparo”, y disparan el impacto de la reforma sobre los haberes previsionales.

La resolución del primer amparo contra la reforma previsional fue sobre el caso de una jubilada que había interpuesto el recurso previo a la reglamentación de la polémica ley. Es por eso que en una primera instancia fue rechazado. Hasta allí, la Justicia había considerado que no existía un agravio concreto. Pero una vez reglamentada la ley, la amenaza dejó de ser futura y pasó a ser actual, lo que obligó a revisar la decisión previa. 

Así, resolvió darle curso al amparo y dictar una cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Derechos adquiridos y señal política

El fallo avanza un paso más y deja asentado el núcleo del conflicto. Si bien reconoce que la Ley 11.087 no ordena expresamente recalcular los haberes ya otorgados, las camaristas subrayan que la reglamentación sí lo hace. En ese sentido, advierten que el artículo 2 de la Resolución 496 dispone que la nueva alícuota “impactará directamente y en la misma proporción en el cálculo de los haberes previsionales acordados con anterioridad”.

Ese razonamiento habilita la lectura más sensible para el poder político: el tribunal admite, al menos de manera preliminar, que la aplicación de la reforma podría vulnerar derechos adquiridos. De hecho, al justificar la medida cautelar, la Cámara sostiene que corresponde “preservar hasta que ello ocurra los derechos previsionales de la actora, que ameritan una tutela diferencial”.

En el ámbito judicial, nadie pasó por alto esa expresión, porque es ese concepto el que abre la puerta a futuros planteos colectivos y alimenta la expectativa de los gremios de avanzar con amparos más amplios una vez levantada la feria judicial el 2 de febrero.

Y no solo de los sindicatos, sino también de colectivos de jubilados como el que llevó adelante la iniciativa popular de la que se tomó El Panal para realizar esta reforma previsional.

Y una de las primeras en hacer referencia a los alcances de esta resolución de la Cámara fue la legisladora y jefa del Interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, quien fue muy dura con el oficialismo por la manipulación que realizó de un instrumento democrático como la iniciativa popular para aprobar una ley que no respondía a las solicitudes del movimiento de jubilados y pensionados.

“Lo anticipamos cuando sacaron esta ley que engañosamente llamaron de Equidad Jubilatoria. Es confiscatoria y avanza sobre derechos adquiridos de beneficiarios. Llaryora arbitrariamente ajusta a trabajadores y confisca a jubilados y pensionados. La Cámara Contenciosa se pronunció y esperamos sea quien dé el veredicto final y haga Justicia”, resaltó.

El factor que incomoda

Más allá de los términos jurídicos, en ámbitos judiciales se reconoce un malestar creciente con la reforma previsional, que también alcanza a jueces, fiscales y funcionarios judiciales activos y pasivos. La nueva escala de aportes y los topes impactan de lleno sobre uno de los sectores que tradicionalmente permanecía al margen de los ajustes más duros.

En ese contexto, para las bancadas opositoras en la Legislatura provincial, el fallo aparece como una forma de “marcar la cancha” frente a una avanzada percibida como excesiva.

Por el otro lado, la resolución fue rápidamente capitalizada por los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones, que ya definieron un plan de lucha de verano. Los sindicatos ratificaron que no abandonarán ninguna vía, ni las protestas sorpresivas en las calles, ni las reuniones del frente sindical para avizorar vías judiciales que desarticulen la reforma previsional. 

Según confirmaron fuentes gremiales a Alfil, es inminente una nueva reunión entre las organizaciones que firmaron un comunicado esta semana, para coordinar una estrategia judicial común. Para eso, cada gremio pondrá a disposición sus asesores jurídicos y sus letrados propios para avanzar en acciones conjuntas. “No vamos a dejar ninguna vía sin explorar”, repiten. Y aseguran que “si en el Panal confiaban en que se bajaría la espuma de la protesta por el receso de enero, se equivocaron”. 

El objetivo inmediato es analizar la viabilidad de un amparo colectivo, ahora con el antecedente de una cautelar que reconoce la existencia de un agravio concreto.

Mientras el Ejecutivo elige no pronunciarse y reafirma públicamente la defensa de la Ley de Equidad Jubilatoria, el escenario se complejiza. El fallo no detiene la reforma, pero abre una grieta jurídica y política que promete profundizarse.