Por Florencia Coria
El cuarto paro general de la era Milei, convocado por la CGT nacional en rechazo a la Reforma Laboral que la Cámara de Diputados trataba en simultáneo, tuvo un acatamiento contundente en la ciudad de Villa María. Docentes, trabajadores del transporte y la comunidad universitaria se plegaron a la medida de fuerza, dejando una ciudad con el ritmo claramente alterado y un mensaje político que fue mucho más allá de las persianas bajas. En el horario pautado, trabajadores, estudiantes y sindicalistas se congregaron en el centro de la ciudad para hacer visible una adhesión que fue mucho más que simbólica.
La jornada no fue casualidad. Fue el resultado de una acumulación de tensiones que en el interior del país se sienten con una intensidad particular: el deterioro del poder adquisitivo, la crisis del empleo formal y una reforma que, para amplios sectores, amenaza con desmantelar derechos construidos durante décadas. La Universidad Nacional de Villa María también adhirió, en línea con lo resuelto por el Consejo Interuniversitario Nacional, sumando la voz del mundo académico a una jornada que fue mucho más que sindical.
La abogacía local, en alerta
Una de las voces institucionales que se hizo escuchar en Villa María fue la del Colegio de Abogados local, que emitió un pronunciamiento de profunda preocupación centrado en dos artículos específicos de la reforma: el 20 y el 277. Sobre el Artículo 20, la entidad advirtió que financiar en doce cuotas los honorarios profesionales traslada el costo del sistema al abogado litigante. Para el Colegio, los honorarios tienen naturaleza alimentaria y diferir su cobro afecta la dignidad y la sustentabilidad del ejercicio profesional, en lo que describieron como una medida que dista de ser neutral.
Respecto al Artículo 277, el Colegio expresó que la imposición de costas solidarias al abogado litigante lo transforma en garante del proceso, desnaturalizando su rol de asesor técnico. A esto sumaron una advertencia de carácter federal: el artículo, sostuvieron, avanza sobre competencias procesales que son atribución exclusiva de las provincias. Para la institución villamariense, el mensaje fue claro: un sistema que desincentiva el reclamo laboral termina restringiendo el acceso a la justicia de los trabajadores.
La universidad pública, presente
