Naranjitas: cada bloque quiere dejar su marca en la ordenanza

El debate por los naranjitas arrancó con potencia, en la comisión del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, con múltiples actores fijando postura. Con el Palacio 6 de Julio decidido a avanzar en una regulación, y emplazado por 30 días, por la nueva ley sancionada en la Unicameral, los concejales avanzan en incidir en el diseño final de la ordenanza. El dato principal de la jornada es que hay siete proyectos sobre la mesa, algunos más similares y otros con miradas en las antípodas, que van desde la prohibición, hasta la estatización del servicio de cuida coches. En este menú tan amplio, abundan las ideas y la voluntad de cada espacio de meter cuchara en un tema que continúa siendo polémico.

En este diagrama, hay un punto de partida que sería en el proyecto de la radical Fabiana Gutiérrez. Este aparece como el que mayor volumen técnico y consenso inicial logró en comisión. Su modelo de Sistema de Estacionamiento Medido con Cobro Digital (SEMCD) propone eliminar el efectivo y avanzar hacia un pago automática mediante App, donde ese pago se distribuya en tiempo real entre el trabajador y una estructura organizativa. Este sería el más claro en materia de digitalización del sistema, en línea con lo que busca el Palacio 6 de Julio.

Este jueves, el oficialismo terminó de poner una de sus cartas sobre la mesa. Nicolás Piloni, concejal alineado con Daniel Passerini, presentó su propio proyecto con la creación de un sistema municipal de gestión asistida. Allí aparece la figura del “asistente urbano”, bajo control estatal, con trazabilidad y monitoreo. Un intento de ordenar la actividad sin romper del todo el equilibrio social en la calle.Esta no es la única voz en Hacemos Unidos por Córdoba. Diego Casado, con su programa de auxiliares del ordenamiento urbano, que también incorpora herramientas digitales como QR y apps para transparentar el cobro, y la del llaryorista Marcos Vázquez, que introduce una mirada social con cupo femenino y foco en la contención de sectores vulnerables.

En la oposición hay otras miradas. Jessica Rovetto Yapur, desde el espacio libertario, propone un esquema de depuración estricta bajo el lema “Extorsión 0”, con controles severos y eliminación inmediata de quienes queden fuera del sistema. Rovetto Yapur trabajó en articulación con el legislador Gregorio Hernández Maqueda, bajo el mismo concepto de prohibición absoluta. El concejal Gabriel Huespe, por su parte, refuerza el costado punitivo: multas y posibilidad de intervención de la fuerza pública ante cobros indebidos. En el extremo, el radical Luciano Agüero Díaz plantea directamente la estatización total del sistema, con el cobro en manos exclusivas del Estado y sin lugar para cooperativas.

La ordenanza está en pleno debate. Todo indica que el camino será la regulación, y que la ordenanza que salga no será pura: tendrá algo de cada uno.